Un reportaje publicado recientemente en un influyente medio especializado de los Estados Unidos echó sombras sobre el futuro financiero de Puerto Rico una vez la Junta de Control Fiscal (JCF) cese sus funciones, lo que podría ocurrir para el 2025 si el gobierno aprueba y cumple con cuatro presupuestos balanceados consecutivos y las entidades públicas del país recuperan acceso al mercado de bonos a precios razonables.
El diario The Bond Buyer, especializado en el mercado municipal de bonos, cuestionó la capacidad de los funcionarios electos de Puerto Rico para mantener disciplina fiscal en ausencia de la JCF, a la luz del proyecto cameral que busca reducir en un 75% el monto de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) sin afectar las pensiones y logrando una reducción en la tarifa eléctrica.
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Aunque reconoce que, debido a los poderes de la JCF, es altamente improbable que esa medida se convierta en ley, toda vez que el organismo y los acreedores de la AEE se encuentran negociando un nuevo pacto de reestructuración, para el medio, la legislación “es un ejemplo nuevo del poco peso que el gobierno local brinda a sus obligaciones de deuda y el balance fiscal”.
El reportaje, publicado el pasado viernes, cita al gobernador Pedro Pierluisi, quien defendió la política pública de su administración, resaltó varios indicadores económicos y criticó las exigencias presupuestarias de la JCF.
“Yo respondo por mis decisiones y las acciones de mi gobierno y diré que mi política pública siempre ha sido fiscalmente responsable. En mi administración, nos aseguramos de tener los fondos para ejecutar nuestras acciones. De hecho, mis políticas muestran grandes resultados en el corto tiempo desde que me convertí en gobernador. Todos los indicadores económicos se están elevando consistentemente, el desempleo está en su punto más bajo en la historia, la participación laboral ha aumentado significativamente, los empleos en el sector del turismo y la visitas a la isla han sobrepasado los niveles prepandémicos y los recaudos del gobierno consistentemente exceden los estimados”, afirmó el gobernador a The Bond Buyer.
“De otra parte, la insistencia de la Junta de Supervisión en reducciones presupuestarias ha probado ser una mala política que afecta la eficiencia gubernamental. Por eso es que he estado expandiendo la inversión en nuestras agencias, reclutando buen talento y garantizando mejores resultados para el pueblo de Puerto Rico y la economía de la isla”, puntualizó el primer ejecutivo.
The Bond Buyer citó como expertos al abogado de quiebras John Mudd y el economista Antonio Fernós Sagebién, quienes, en términos generales, manifestaron su preocupación con las políticas que implementaría el gobierno electo luego de la salida de la JCF.
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“El gobierno y la legislatura continúan actuando como si hubiera dinero disponible para hacer lo que les venga en gana. Eso ocurre con la Junta en su lugar. Cuando se vaya, los políticos continuarán gastando más allá de los recursos disponibles”, planteó Mudd, quien en su práctica como abogado ha representado a acreedores del gobierno central y sus instrumentalidades.
El catedrático de Ciencia Política José Garriga Picó, también entrevistado por el diario estadounidense, anticipó que el Congreso avalaría legislación para adelantar la salida de la JCF, si bien las medidas presentadas a esos fines hasta el momento no han recibido gran apoyo en la Legislatura federal. Según el profesor de la Universidad de Puerto Rico, los propios directivos de la JCF están “cansados” de batallar con los políticos.
Garriga Picó también alertó que el panorama político pudiera cambiar en las elecciones de 2024 ante el descontento de la gente con el Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático. De concretarse una derrota de los partidos tradicionalmente dominantes, el ambiente para la inversión y los acreedores sería menos favorable, mencionó el profesor.
Mudd, por su parte, opinó que el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) tiene una “alta probabilidad” de convertirse en la segunda fuerza política o hasta triunfar en las venideras elecciones, lo que a su juicio implicaría “una auditoría de la deuda y un incremento en el costo de mano de obra”.
“No inspira confianza para inversionistas futuros”, sostuvo el abogado.
Fernós Sagebien, sin embargo, consideró que el MVC no será “una amenaza real” para los partidos mayoritarios debido a que desde su fundación “no ha contribuido con soluciones viables, ya que no tienen gente que ejecute estrategias en el escenario económico y financiero”.
De otra parte, el medio orientado a inversionistas también entrevistó al banquero Kent Hiteshew, quien trabajó para el Departamento del Tesoro cuando se redactó la Ley Promesa. De acuerdo con Hiteshew, el primero de los cuatro presupuestos balanceados que se requieren para la remoción de la JCF no necesariamente se concretaría al finalizar este año fiscal, pues el plan de gastos ha sido impuesto por el organismo.
En el reportaje se puntualiza, sin citar ninguna fuente en específico, que hay quienes piensan que la JCF debe permanecer en su lugar “al menos una década adicional”.
