La Cámara de Representantes aprobó esta noche una resolución de presupuesto general que, por primera vez en seis años, incorpora desde su inicio el servicio a la deuda del gobierno central, al tiempo que choca con la Junta de Control Fiscal (JCF) al mantener las contribuciones al Fondo de Equiparación de los municipios y exime a los ayuntamientos de su contribución al financiamiento del Plan Vital.
La resolución presupuestaria incluye gastos por $12,573 millones, que fue la cifra recomendada por el gobierno de Pedro Pierluisi, a tono con los parámetros que diseñó la JCF. Sin embargo, la resolución conjunta que recibió el aval de la Cámara baja no dejó una reserva de $147 millones que ha exigido el organismo.
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El presidente de la Comisión de Hacienda, Jesús Santa, destacó que el presupuesto, de ser convertido en ley, autorizaría gastos por $2,400 millones más que la resolución aprobada hace un año, e igualmente representaría el presupuesto con cargo al Fondo General más alto en la historia de Puerto Rico.
En gran medida, la diferencia en gastos aprobados corresponde a los fondos que se destinarán al Fideicomiso de Reserva de Pensiones, creado ante la confirmación del Plan de Ajuste del gobierno central, así como para el pago de la deuda reestructurada.
Para la Reserva de Pensiones se destinaron $1,036 millones, una asignación que será recurrente por la próxima década, al tiempo que para el servicio a la deuda se incluyen unos $1,110 millones. Entre ambos renglones, las cantidades asignadas suman $2,146 millones.
Esa cifra no incluye lo que las distintas agencias de gobierno deberán destinar para el pago de pensiones a sus jubilados a través del mecanismo del ‘pay-go’.
Durante el año fiscal en curso, el gobierno desembolsó sobre $10,000 millones en pagos en efectivo conforme al Plan de Ajuste, pero la transacción se produjo luego de que el presupuesto fuera enmendado en el mes de marzo.
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Santa, al presentar su informe, consignó que quien se opusiera a la resolución conjunta “le vota en contra a todo”, al aludir a fondos asignados al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Loíza, aumentos salariales a varios grupos de empleados públicos y las partidas destinadas a la Universidad de Puerto Rico (UPR).
El representante popular manifestó que las asignaciones a la UPR, una de las entidades más impactadas por las medidas de austeridad de la JCF, eran “mayores que el año pasado”, que a su vez eran “mayores que el antepasado”.
El principal centro docente del país, según el presupuesto aprobado, recibirá unos $441 millones en fondos operacionales, aunque con una serie de asignaciones restrictas adicionales asciende a $551 millones. Durante el debate también se aprobó una enmienda de la representante penepé Lourdes Ramos para que otros $40 millones lleguen directamente a la UPR, en lugar de estar condicionados a que la institución cierre su plan de pensiones definidas para los empleados con menos de 10 años de servicio, como exige la JCF.
Entre las partidas a la UPR, se incluyen $20.9 millones para sufragar salarios a residentes e internos del Recinto de Ciencias Médicas, mientras que otros $500,000 se reservaron para “la renovación de acreditaciones necesarias para el Programa de Médicos Residentes” de la institución.
Para los municipios, en tanto, las asignaciones dirigidas al Fondo de Equiparación se mantuvieron en $88 millones, aunque el plan fiscal certificado por la JCF dispone que debe reducirse a la mitad como parte de la reducción gradual que derivaría en su eliminación para el 2024. Además, el informe de la Comisión de Hacienda dispuso asignarle $101 millones para cubrir parte del dinero que, por ley, los municipios tienen que aportar al plan de salud gubernamental, otro elemento que enfrenta la oposición de la JCF.
La resolución del presupuesto fue favorecida tanto por la delegación del Partido Popular Democrático como el Partido Nuevo Progresista (PNP). Varios legisladores del PNP expresaron su agradecimiento a Santa por su trabajo liderando la discusión de presupuesto desde marzo.
El representante novoprogresista Víctor Parés, por ejemplo, mencionó que históricamente el debate sobre presupuesto ha implicado choques entre el partido de gobierno y la oposición, pero que en esta ocasión “el discurso ha cambiado”.
La medida sí recibió la oposición del representante independentista Denis Márquez y la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC).
“Estamos aprobando un documento que luego la Junta de Control Fiscal puede mutilar a gusto y gana”, sostuvo Márquez, quien hizo referencia a que el propio Santa, en su turno, expresó que confiaba que los cambios introducidos al presupuesto “sobrevivieran” el escrutinio el organismo impuesto para manejar las finanzas del país.
Márquez, asimismo, dijo que no se dejaría persuadir por el “chantaje emocional” que representaba la afirmación de que oponerse a la aprobación de la resolución significaba rechazar todas las iniciativas contenidas en la medida.
El legislador pipiolo presentó sin éxito una enmienda para eliminar de la medida los casi $60 millones asignados al funcionamiento de la JCF.
Mariana Nogales, representante del MVC, señaló que había agencias, como el Departamento de Agricultura y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, que recibían un presupuesto por debajo de sus necesidades, mientras que la aportación a la UPR era la mitad de lo que recibía hace una década, cuando se aplicaba la fórmula mediante la que se le asignaba el 9.6% del Fondo General.
“Hay dinero. Lo que pasa es que ideológicamente la Junta quiere acabar con la UPR”, dijo Nogales.
La representante del Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, logró que se aprobara una enmienda para incrementar la aportación al Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Agresión Sexual, adscrito al Departamento de Salud.
El presidente cameral, Rafael “Tatito” Hernández, no estuvo presente en el hemiciclo durante la discusión del presupuesto, que se extendió por cerca de dos horas y media.
La resolución presupuestaria ahora pasa al Senado, donde, de introducírsele enmiendas, provocaría su devolución a la Cámara baja.
La JCF tiene hasta el 30 de junio para certificar el presupuesto para el siguiente año fiscal, que debe ser el segundo balanceado de los cuatro que se requieren para que el organismo cese sus funciones en Puerto Rico.
