Del CPI
Este viernes entrará en vigor una penalidad que impone controles federales a toda actividad industrial que emita dióxido de azufre en siete municipios de la Isla, según adelantó el Centro de Periodismo Investigativo.
La causa de la penalidad es que la Administración Pierluisi no ha entregado el Plan de Implementación para disminuir las emisiones del gas tóxico que provocan enfermedades respiratorias, y son reguladas por la Ley de Aire Limpio federal.
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El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), encargado de hacer ese plan por parte del Gobierno, aún revisa el borrador del documento y está atendiendo comentarios que recibió durante un proceso de vistas públicas llevado a cabo en abril, aseguró la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA), que supervisa este proceso.
Las sanciones, que conllevan reducir a la mitad las emisiones, terminarán en cuanto el Gobierno someta el plan y la EPA lo apruebe. “Es muy temprano para determinar si el plan se considerará completo y aprobable”, indicó una portavoz de la oficina del Caribe de la EPA.
La Fortaleza ofreció una visión más optimista. Durante su visita a Washington esta semana, el gobernador Pedro Pierluisi se reunió con el administrador de la EPA, Michael S. Reagan, para discutir el proceso de desarrollo y aprobación del Plan de Implementación. Según La Fortaleza, Reagan le informó que, en cuanto esa agencia federal reciba el plan, hará una evaluación expedita y continuará brindando asesoría técnica para que este pueda aprobarse.
El plan debe establecer la ruta para cumplir con los límites de dióxido de azufre en las dos áreas de “no-logro”, que incluye zonas de San Juan, Toa Baja, Cataño, Bayamón y Guaynabo, en el norte, y de Guayama y Salinas, en el sur.
En ambas áreas, los principales emisores de dióxido de azufre son las centrales de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE): infraestructura anticuada que produce electricidad con combustibles fósiles.
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Las consecuencias de la primera penalidad por esta falta de cumplimiento surgirían con cualquier iniciativa pública o privada nueva, como la generación de electricidad con combustibles fósiles, que se proponga a partir de hoy.
La segunda sanción, que comenzaría en seis meses (el 3 de diciembre de 2022) si el Gobierno no entrega el plan, tiene consecuencias más graves. El gobierno federal detendrá fondos federales, con un valor proyectado de hasta $100 millones anuales, para puentes y carreteras, lo que afectaría la calidad de vida y el desarrollo económico en las dos zonas de “no-logro”.
Entre los puntos en disputa en el plan se encuentra, por ejemplo, la propuesta de la AEE de convertir unidades de generación para que produzcan energía con gas natural para reducir las emisiones. El DRNA, sin embargo, está barajando que la AEE retire de servicio unidades de combustibles fósiles y continúe con sus metas de energía renovable (más limpias), indicó la EPA.
La Fortaleza informó que, luego de escuchar a diversas partes durante el proceso de vistas públicas de abril, el DRNA hará cambios al borrador del Plan, lo que requiere abrir otro periodo de comentarios públicos de 30 días. El DRNA informará sobre ese proceso en cuanto reciba comentarios de la EPA respecto a las nuevas enmiendas.
En una entrevista en abril con el CPI, Carmen Guerrero, directora de la EPA para la región del Caribe, explicó que este escenario de sanciones “se pudo haber evitado”, porque hubo un tiempo de planificación y de gestión desde el año 2016 que el Gobierno no supo aprovechar.
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