El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, solicitó a la presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara Representantes federal, Rosa DeLauro, y al liderato del mismo, la asignación de $1,000 millones para el programa de Asistencia Nutricional (PAN) ante el recorte de 80 millones menos para beneficioarios.
El gobernador también, pidió que el Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés) publique un plan de acción abarcador que incluya a Puerto Rico en una transición completa del PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
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“Estamos solicitando la asignación de $1,000 millones en fondos a Puerto Rico durante el año fiscal 2023 a través del USDA incluyendo Desarrollo Rural, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y otras agencias relacionadas porque la Ley de Reconciliación Presupuestaria Consolidada de 1981 excluyó a Puerto Rico del SNAP y desde entonces, y por más de 40 años, hemos recibido un trato desigual en comparación con los ciudadanos americanos de los 50 estados”, dijo Pierluisi en una carta dirigida a la congresista.
La semana pasada, el vicepresidente ejecutivo de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA), Manuel Reyes, informó que el recorte de fondos para el Programa de Asistencia Nutricional (PAN) representará aproximadamente $80 millones menos mensuales para los participantes.
El recorte obedece al fin de las ayudas federales recibidas bajo la Ley de Rescate Americano por la pandemia del COVID-19, y en julio de este año se estará ajustando la cantidad de dinero que se envía a los participantes del PAN.
Esto se da en momentos en que han disparado los precios de los alimentos. Sin embargo, Reyes indicó que el recorte tendrá un impacto en todos los renglones de la economía, no solo en los alimentos.
Además, el gobernador también insistió en que para la implementación y administración exitosa de estos beneficios, es sumamente necesario modernizar la programación y digitalización de los registros. De igual forma, Pierluisi, requirió más fondos para mejorar y ampliar los servicios en línea de la Administración de Desarrollo Socioeconómico (ADSEF) del Departamento de la Familia (DF) dirigidos a familias de escasos recursos, así como la digitalización de documentos relacionados a beneficiarios del PAN y del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés). De esta forma, Pierluisi aseguró que se evitará el fraude.
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“Estamos exigiendo trato igual en ayuda nutricional para beneficiar a más del 40 por ciento de los residentes de la Isla y el 50 por ciento de los menores de edad que lamentablemente viven en condiciones de pobreza. Esto es un asunto de vital importancia porque ningún ciudadano americano debe sufrir de hambre”, añadió el gobernador, quien resaltó que para que la recuperación de Puerto Rico sea completa se necesita una inversión sustancial e integral que aborde de raíz los problemas que diariamente enfrenta la Isla.
Precisamente sobre este tema, Pierluisi firmó hace unos días una Orden Ejecutiva para establecer un grupo de trabajo multisectorial que presentará estrategias de política pública ante el Congreso y la Rama Ejecutiva federal en coordinación con el primer mandatario y la comisionada residente, Jenniffer González Colón.
Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, en la Isla se ha visto un incremento de 19 por ciento en beneficiarios de estas ayudas particularmente en niños, personas de la tercera edad y personas discapacitadas.
A diferencia del SNAP, que se financia mediante una estructura conocida como “derecho a subsidio”, que permite que el programa sirva a todas las personas elegibles que presenten una solicitud, el PAN se administra de subvenciones en bloque. Actualmente, bajo la estructura del PAN, Puerto Rico recibe entre un 25 y 30 por ciento menos de fondos que bajo SNAP.
