Ocho organizaciones civiles publicaron en la mañana de hoy un extenso informe negativo sobre el Proyecto del Senado 693 que limita el derecho al aborto en Puerto Rico a partir de la semana 22 de gestación.
Otras 26 organizaciones endosaron el informe negativo. Todas están solicitando que las legisladoras y legisladores de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia lean el informe y voten en contra del proyecto de ley.
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Las organizaciones a cargo del informe fueron Proyecto Matria, Inc., Colegio de Profesionales del Trabajo Social de Puerto Rico, Inter Mujeres Puerto Rico, Asociación de Psicología de Puerto Rico, Campaña Nacional Aborto Libre, Seguro y Accesible, Taller Salud, American Civil Liberties Union Puerto Rico (ACLU-PR) y Asociación Puertorriqueña Pro Bienestar de las Familias, Inc. (Profamilias). En su análisis, las organizaciones consideraron aspectos legales, médicos y de derechos humanos, así como el trámite legislativo y el proceso de vistas públicas.
Según el propio informe, las “organizaciones hicieron el ejercicio de asistir y/o escuchar las vistas públicas; de estudiar todos los memoriales sometidos a la Comisión de Asuntos de Vida y Familia y a la Comisión de Asuntos de la Mujer. Dichos documentos son públicos. A partir de ese estudio, de la ponderación de los datos y argumentos incluidos en éstos, de una discusión profunda preparamos nuestro propio informe negativo sobre el PS 693 y lo hacemos público para beneficio del país y de las senadoras y senadores que tendrán la gran responsabilidad de asumir una postura en torno al informe de la Comisión de Asuntos de Vida y Familia. Esto lo hacemos con el más alto nivel de responsabilidad hacia el país, pero también desde un compromiso inquebrantable con el derecho a la intimidad, a la vida y a la paz de las mujeres y personas gestantes que habitan Puerto Rico”.
En el informe se destaca que “todos los abortos que se realizan en Puerto Rico, sin distinción de edad gestacional, corresponden a criterios de salud porque son parte de una evaluación y criterio médico”.
Además, se plantea que “las terminaciones de embarazo que se realizan en período de gestación mayor a las 22 semanas son casos extraordinarios, que corresponden a un riesgo mayor de salud a la persona gestante y/o al feto. Asumir que las mujeres y personas gestantes abortan en etapas de gestación más avanzadas por mera liberalidad es falso, y es una visión violenta hacia las mujeres y personas gestantes, que atenta contra sus derechos humanos”.
El informe también advirtió que el proyecto atenta contra el acceso a la salud de las personas embarazadas y su privacidad, así como d elas personas médicas proveedoras del servicio de aborto.
La Comisión de Asuntos de Vida y Familia del Senado tenía pautada una reunión esta mañana para votar sobre el proyecto.
