Locales

Municipio de Morovis demanda a la AAA en el foro federal

La alcaldesa de ayuntamiento reclamó la ineficiencia en el servicio por el que le cobran a sus constituyentes

Carmen Maldonado Foto: Suministrada

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El municipio de Morovis radicó hoy, jueves, una demanda a nivel federal contra la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y a sus aseguradoras debido a “la ineficiencia en el servicios por el que cobran sin falta todos los meses”, anunció la alcaldesa del ayuntamiento, Carmen Maldonado González.

Desde las afueras del Tribunal federal en Hato Rey, la ejecutiva municipal denunció estar reuniéndose con la alta cúpula de la gerencia desde que entró en funciones en enero de 2017 pese a pocos resultados.

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“Desde que llegué a la alcaldía de Morovis en enero de 2017, he estado luchando, reuniéndome, visitando, suplicando, tanto con la gerencia de la corporación pública y funcionarios del gobierno estatal, por el servicio de agua para nuestro pueblo. Lamentablemente AAA no nos ha dejado otra alternativa que ir a los tribunales”, expresó la funcionaria.

En la demanda de clase, donde insta a todos los residentes del Municipio de Morovis a unirse a la misma, se retará la Ley Orgánica de la AAA, que prohíbe que la corporación pública sea demandada por daños y perjuicios, bajo la doctrina del caso Sánchez Valle, que señala que ninguna ley local puede ir sobre leyes federales.

La demanda fue radicada por los abogados Héctor Figueroa Vincenty y Andrés Gorbea, contando también con el asesoramiento legal de Jesús M Ortiz Rivera.

Maldonado González señaló que en febrero de este año acudió directamente a La Fortaleza y entregó una carta solicitando al gobernador Pedro Pierluisi a que decretara un estado de emergencia en el ayuntamiento para atender esta situación.

“Concretamente, le solicitamos a Pierluisi que requiriera al presidente de los Estados Unidos de América todo tipo de ayuda federal que conceda la legislación federal vigente, aceptara tal ayuda para que la crisis de la AAA pudiera atenderse debidamente. Sumado a eso, solicité que se coordinara, implantara y administrara un plan específico para el manejo de la emergencia, en coordinación con la AAA y la Administración Municipal de Morovis”, dijo Maldonado González.

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La petición a Fortaleza incluyó la solicitud de que la AAA cumpliera con sus deberes, responsabilidades y obligaciones, a tenor con su carta habilitadora. De igual manera, que se ordene la compra de bienes muebles, materiales y la contratación del personal necesario para atender la situación de emergencia ocasionada y sostenida por la AAA hasta que se corrija permanentemente la situación.

“De igual manera, que se haga una asignación de fondos, recursos y personal, tal y como lo permiten los fondos del American Rescue Plan Act y el programa de Coronavirus State and Local Fiscal Recovery Funds (SLFRF), para invertir en infraestructura de agua, alcantarillado e infraestructura, haciendo las inversiones necesarias para mejorar el acceso al agua potable limpia, para apoyar la infraestructura vital de aguas residuales y aguas pluviales, y para ampliar el acceso a los servicios de agua de todo el personal en Morovis”, añadió.

Maldonado además, aseguró que la AAA incumple con su propia Ley habilitadora (denominada Ley 40 del 1945) ya que no proporcionan a los moroveños “un servicio adecuado al menor costo razonable para garantizar la confiabilidad y seguridad del Sistema”, como lee la Ley. “Nuestra Administración Municipal ha tenido que decretar varios Estados de Emergencia para atender la crisis ocasionada por la AAA con el servicio de agua en Morovis. Sin embargo, nuestros recursos no son suficientes, además que no somos el ente con la responsabilidad legal de suplir el agua mediante el sistema manejado por la AAA”.

La alcaldesa finalizó señalando el valor de la Sección 1 del Artículo II de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conocido como la Carta de Derechos, el que expresa que “la dignidad del ser humano es inviolable. Todos los hombres son iguales ante la Ley. No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas. Tanto las leyes como el sistema de instrucción pública encarnan estos principios de esencial igualdad humana”.

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