WASHINGTON (AP) — John Hinckley Jr., que hirió de bala al entonces presidente Ronald Reagan en 1981, agradeció a las personas que le ayudaron a obtener su libertad de tener que estar bajo supervisión judicial.
En septiembre, el juez federal Paul. L. Friedman había dejado en libertad a Hinckley de todas las restricciones que aún pesaban sobre él, pero indicó que su orden no entraría en vigor hasta este mes. El miércoles, el juez llevó a cabo una audiencia final sobre el caso y dijo que el 15 de junio quedará libre de las restricciones, según estaba planeado.
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Hinckley, de 67 años, canta y toca la guitarra y espera desarrollar una carrera en la música. No estaba presente en la audiencia, pero escribió una nota de agradecimiento en Twitter el miércoles por la noche
“Un gran agradecimiento a todos los que me ayudaron a conseguir mi libertad incondicional”, escribió. “¡Qué recorrido tan largo y extraño ha sido! Ahora es momento de tocar rock and roll”.
El jueves, el día después de la audiencia, Hinckley tuiteó: “Lo que este mundo necesita es paz, amor y comprensión”.
Hinckley planea ofrecer un concierto en julio en la ciudad de Nueva York. Las presentaciones en Connecticut y Chicago de lo que ha llamado la “Gira de Redención de John Hinckley” han sido canceladas. También comparte su música en un canal de YouTube.
Hinckley estuvo confinado en un hospital psiquiátrico en Washington durante más de dos décadas luego de que un jurado lo declaró inocente del ataque a Reagan por razón de incompetencia mental. Pero no ha mostrado en décadas indicios de una enfermedad mental, reiteró el juez el miércoles, ni ha exhibido conducta violenta ni interés en las armas de fuego.
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“Ya no es un peligro para sí mismo ni para otros”, repitió el juez el miércoles.
En el 2003, Friedman comenzó a permitirle a Hinckley que pasara periodos cada vez más largos en la comunidad, con requerimientos como asistir a terapia y restricciones de movimiento. Hinckley ha estado viviendo de tiempo completo en Virginia desde 2016, aunque aún bajo restricciones, incluyendo permitirles a las autoridades el acceso a sus aparatos electrónicos y reunirse con funcionarios de salud mental.
