Al dar inicio la temporada de huracanes, que se extenderá por los próximos seis meses, el gobierno central tiene disponibles casi $520 millones en su Fondo de Emergencia, la reserva presupuestaria diseñada para la sufragar la respuesta inmediata a los daños provocados por fenómenos naturales.
La cantidad, en síntesis, equivale a los $130 millones que por los pasados cuatro años fiscales el gobierno ha inyectado a este pote, cuyos fondos deben reponerse a la brevedad posible cada vez que el Estado recurre a su uso.
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“Te digo ($520 millones) aproximadamente porque hay una cantidad que está en tránsito, unos gastos relacionados a las lluvias que hubo en febrero 5 y 6, que esa fue la última vez que activamos el Fondo. Hubo unas reclamaciones que se pagaron de ese Fondo”, explicó Juan Carlos Blanco, director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP).
Desde entonces, el gobierno ha intentado acceder al Fondo de Emergencia para mitigar el elevado costo de electricidad, ante la imparable alza en el precio de combustible a nivel global como consecuencia del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, pero la Junta de Control Fiscal (JCF) lo ha denegado en, al menos, dos ocasiones.
Ante una petición de este medio, la oficina de prensa de la JCF refirió a Metro a las políticas para el acceso al Fondo de Emergencia establecidas en el plan fiscal certificado.
En el documento que aprobó la JCF en enero pasado, se estipula que el dinero en la reserva se accederá únicamente para responder a los efectos de un desastre natural o eventos que “según se acuerde con la Junta de Supervisión, queden generalmente fuera del control humano y no sean prevenibles”.
“El Fondo de Emergencia no está diseñado para mitigar emergencias relacionadas con ineficiencias operacionales”, puntualiza el plan fiscal.
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Blanco reconoció que el lenguaje del plan fiscal es esencialmente idéntico al que se incluye en la resolución presupuestaria vigente, pero sostuvo que, en conversaciones con la JCF, la administración de Pedro Pierluisi espera que se flexibilicen los parámetros fijados para acceder al Fondo de Emergencia.
“Estamos trabajando para hacer unas revisiones a ese lenguaje para que no sea tan restrictivo a que sea solamente desastres naturales, sino que pueda ser cualquier otra situación que esté fuera del control del gobierno. Por ejemplo, un fuego que no necesariamente sea un desastre natural o alguna otra actividad que requiera una respuesta de emergencia”, planteó el jefe de OGP.
“Nosotros hicimos un ejercicio mirando cómo otras jurisdicciones, otros estados, estructuran fondos similares y cuáles son las restricciones y condiciones que le ponen de antemano. En el caso nuestro, que es un caso bien particular, siempre tenemos que pedirle permiso a la Junta de Supervisión Fiscal para que se active el Fondo, y siempre tiene que haber una emergencia declarada por parte del gobernador para que la Junta pueda evaluar la solicitud. Queremos que en vez de pensarlo exclusivamente en una situación que sea un desastre natural, que sea una situación de desastre natural o cualquier otro evento que no sea producto de negligencia gubernamental ni que esté bajo el control nuestro pero pudiese afectar y requerir una respuesta de emergencia”, insistió el abogado.
Fondo para el corto plazo
Según Blanco, si bien el plan fiscal dispone que el Fondo de Emergencia continúe nutriéndose anualmente hasta alcanzar los $1,300 millones, la cantidad acumulada al presente es adecuada para atender posibles emergencias que surjan durante la vigente temporada de huracanes.
Para esta temporada, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha proyectado la formación de entre 14 y 21 tormentas (con vientos de 39 millas por hora o más) en el Océano Atlántico, de las cuales entre seis y 10 se convertirían en huracanes (vientos de 74 millas en adelante). Ambas proyecciones representan una temporada con más actividad que el promedio.
“La realidad es que el Fondo de Emergencia es la primera línea de respuesta inmediata. Es para que el gobierno de Puerto Rico tenga el equivalente a una línea de crédito. […] No se vislumbra como la cantidad de dinero total que pudiese estar la respuesta, pero es para asegurarnos que en esas primeras 24 horas, 48 horas, en esa primera semana, tenemos acceso a un efectivo que no está obligado para otro propósito”, dijo Blanco.
Aunque la política de la JCF no lo requiere, Blanco mencionó que la mayoría de los gastos para los que se recurre al Fondo de Emergencia son reembolsables por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), lo que implica que el gobierno puertorriqueño no tiene que identificar dinero de su Fondo General para reponer lo que se utilice.
Si se diera un escenario en que el gasto no es elegible para reembolso de FEMA, “tenemos que buscar sobrantes de presupuestos de años anteriores y rellenar el Fondo (de Emergencia)”.
Para que un municipio o agencia del gobierno central reciba asistencia del Fondo de Emergencia, “se hace una reclamación de la misma manera que se estaría trabajando para hacer una reclamación posteriormente a FEMA. Utilizamos básicamente los mismos criterios. Esto no quiere decir que estamos restrictos a solamente aquellas circunstancias que FEMA pudiese cubrir, pero la realidad del caso es que por la manera que se diseñó el proceso, básicamente corren en el mismo canal”, sostuvo Blanco.
Por otro lado, aunque el plan fiscal dispone que entidades sin fines de lucro, corporaciones públicas ni individuos privados son “aplicantes elegibles” para fondos provenientes de la reserva, ello no impide que el gobierno solicite dinero para atender necesidades de entidades como la Autoridad de Energía Eléctrica o la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, indicó Blanco.
“En la medida que nosotros, como gobierno, tengamos una necesidad o que tuviésemos que acceder fondos para una situación, corresponde al gobierno central solicitar que se active el Fondo (de Emergencia) y determinar con la aprobación de la Junta cómo se utiliza el dinero. Lo que quiere decir (el lenguaje) específicamente es que las corporaciones (públicas) no pueden activar el Fondo, que tiene que ser a través del gobierno central”, acotó el funcionario.
