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Portavoces de comunidades urbanas reclaman la derogación de la Ley 22

Líderes comunitarias denunciaron el desplazamiento de residentes a causa de la compra de terrenos de parte de inversionistas

Líderes comunitarias de regiones como Puerta de Tierra y Machuchal, entre otras, mostraron hoy, viernes, su rechazo a la Ley 22 y reclamaron que se derogue la medida para evitar un mayor desplazamiento de residentes a causa de inversionistas extranjeros.

La discusión tomó lugar como parte de una vista pública senatorial de la Comisión de Hacienda, presidida por el senador Juan Zaragoza. Allí, residentes y portavoces tronaron contra los residentes extranjeros que se benefician de los decretos que permite la Ley 22 y los exime de pagar contribuciones.

En el caso de la deponente Laura Mía González Bonilla, portavoz de “Puerta de Tierra No Se Vende”, el incentivo contributivo que otorga la Ley 22 ha permitido que en el histórico barrio en el que reside, muchos de sus vecinos han tenido que marcharse a causa de los altos costos en vivienda que han surgido a raíz de las compras y adquisiciones inmuebles existentes de parte de inversionistas extranjeros.

“El desplazamiento de residentes de Puerta de Tierra comenzó a paso lento con las demoliciones de varios residenciales públicos. Este proceso de desplazamiento y despoblamiento se ha acelerado violentamente con la llegada al barrio de los inversionistas de Ley 22. Desde el huracán María y mientras los puertorriqueños estábamos recuperándonos de desastres naturales y de la pandemia, nueve inversionistas de Ley 22 adquirían en Puerta de Tierra 30 edificios y cuadras completas, desahuciando en el camino a inquilinos y desplazando aceleradamente a toda una comunidad”, expresó González Bonilla durante su ponencia.

“El concepto de que unos individuos con mucho dinero van a aportar positivamente a nuestra economía y nuestra sociedad ya se sabe que es erróneo, sobre todo con la ausencia total de condiciones y restricciones impuestas a los beneficiarios. La creación de empleos es mínima (entre 1 y 2.5 empleos por participante) y no se han documentos que estos empleaos sean permanentes a tiempo completo”, añadió.

Su caso resonó de manera similar con el de Taína Moscoso, residente del sector Machuchal, una comunidad aledaña a la famosa “Calle Loíza”, cuyo avivamiento comercial mediante restaurantes y alquileres a corto plazo ha sido sujeto de críticas por residentes y ciudadanos que denuncian la gentrificación de la zona.

Para Moscoso, las consecuencias de estos tipos de inversiones que conllevan el eventual desplazamiento de residentes originales ponen en práctica un tipo de “política pública no oficial”.

“¿Cuál es la política pública no oficial? Todo lo que ustedes están viendo. El desplazamiento. La sustitución de la población de las personas que viven aquí por espacio absolutamente enfocado en el turismo”, reclamó la portavoz comunitaria.

Según la residente de la región, en las pasadas dos semanas tuvo que despedir a seis familias que tuvieron que mudarse de una sola calle del barrio, algo que se ha repetido constantemente en los pasados años.

La vista pública se llevó a cabo para considerar el Proyecto del Senado 648, que enmendaría el Código de Incentivos y el Código de Rentas Internas a los fines de asegurar la creación de empleo e inversión a través del programa de Individuo Residente Inversionista Cualificado.

No obstante, más allá de estar a favor de las enmiendas, las deponentes afirmaron que la medida debería considerar derogar el incentivo contributivo. Todo esto fue punto de debate cuando Zaragoza inició su turno de preguntas y señaló que la gran mayoría de los reclamos apuntaban a la política pública “que se reflejan en permisos, cómo se dan, cómo se dan las zonificaciones”.

“Hoy es la Ley 22, mañana son otros inversionistas… Una vez la gente sabe que es buen negocio hacer esto, o van a ser inversionistas extranjeros o Ley 22, van a ser inversionistas puertorriqueños. Si es buen negocio, la gente lo va a hacer”, expuso durante su alocución.

La vista pública contó además con la participación de la Junta del Residencial Parque de San Agustín, la organización CasaTuyaCasaMía, la Coalición de Residentes de Vivienda Pública del Área Metropolitana, la Asociación de Vecinos del Viejo San Juan, la Clínica de Asistencia Ciudadana y la Comunidad Monte Carmelo en Vieques.

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