El portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, anunció la radicación del Proyecto de la Cámara 1367 el cual establece el mecanismo de transición de la Ley 154-2010 en acuerdo con el Departamento del Tesoro federal.
La medida también fue suscrita por todos los representantes novoprogresistas, así como todos los integrantes de la delegación del Partido Popular Democrático, incluyendo el actual presidente del cuerpo legislativo, Rafael ‘Tatito’ Hernández.
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Ley 154-2010 es un sistema de contribución especial de un cuatro por ciento a las corporaciones foráneas en la adquisición de propiedad mueble tangible manufacturada en Puerto Rico, así como los servicios prestados sobre dicha propiedad, por una filial en la Isla con ventas brutas reportadas de $75 millones o más cada año.
En estos momentos unas 38 corporaciones se encuentran bajo el amparo de la Ley 154. Como he dicho en otras ocasiones, 10 de estas entidades aportan casi el 75 % de todas las contribuciones. Esto representa alrededor de $1,700 millones anuales al erario. Se supone que la medida presentada sera de efecto neutro, por lo que Puerto Rico no perdería esos ingresos al erario.
Luego de extensas negociaciones entre el Tesoro federal, se consiguió que el gobierno federal suscribiera nuevas guías dirigidas específicamente a trabajar con el tema de los impuestos voluntarios.
La medida establece que la transición de la Ley 154 al nuevo sistema se realizará a la corporación foránea, con operaciones vigentes en Puerto Rico, y bajo decreto de exención contributiva mediante la Ley 135-1998, Ley 73-2008 y la Ley 60-2017.
Otro aspecto es la implementación de una estructura de niveles que proveen exenciones al ingreso asociados al desarrollo industrial sujeto a la tasa contributiva aplicable. Esto se hace para fomentar nuevas industrias y la inversión de capital.
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Entre otras plataformas se encuentra la del Manejador de Créditos Contributivos (MCC) como parte del Departamento de Hacienda para, entre otras cosas, facilitar la administración y fiscalización de dichos créditos.
“Este es el proyecto de ley fiscal más importante en una década. Esta medida brinda estabilidad al gobierno de Puerto Rico de cara a la salida de las reglamentaciones federales que apoyan la Ley 154-2010. Este proyecto presenta una plataforma enfocada en una contribución sobre ingresos sobre este tipo de corporaciones foráneas que operan en Puerto Rico”, señaló el líder del PNP en la Cámara Baja.
El Tesoro federal extendió la vigencia de los acuerdos relacionados a las empresas bajo la Ley 154 hasta culminar el próximo año fiscal federal (30 de septiembre de 2023).
“Esta es la única propuesta que al momento garantiza la acreditación de los ‘taxes’ pagados en consistencia con la reglamentación federal, siendo la medida económicamente más atractiva para la industria manufacturera en Puerto Rico. Contempla que los impuestos pagados por las compañías foráneas controladas comienzan en una tasa base de 10.5 por ciento y puedan ser acreditados en la planilla de contribución sobre ingresos federal. La propuesta descarta las negociaciones de decretos a puertas cerradas, dándole total transparencia y estableciendo mediante legislación, parámetros claros para las entidades. Nos mantendremos competitivos a nivel global y continuaremos protegiendo los mejores intereses de Puerto Rico. Una vez estas entidades emigren de la Ley 154, las contribuciones que paguen en los dos componentes principales, que son contribución sobre ingresos y los impuestos de regalías, serán acreditadas según corresponda en la planilla federal. Este cambio entraría en vigor en el año contributivo 2023, en adelante y estimamos que sería fiscalmente neutral. Indicamos que encontraríamos una alternativa para sustituir la Ley 154 y cumplimos con nuestra palabra”, expresó el Secretario de Hacienda, Francisco Parés, quien destacó las gestiones del gobernador, Pedro Pierluisi para que la medida contara con el aval del Tesoro federal. Parés agradeció a los miembros de la Asamblea Legislativa por mantener el canal de comunicación abierto en largas sesiones de trabajo y llegar a un consenso por el bien de todos los puertorriqueños.
“Este proyecto de ley se hizo tomando en cuenta múltiples factores, el principal de estos es que no toque el bolsillo de nuestra gente. La política pública de nuestra delegación es cero impuestos a la gente o a las Pequeñas y Medianas Empresas. Tampoco queríamos algún impacto negativo a estas corporaciones ante la entrada en vigor de nueva reglamentación federal ligadas al cobro y distribución de los llamados impuestos voluntarios”, añadió por su parte Méndez.
