El juez Alfonso S. Martínez Piovanetti del Tribunal de Primera Instancia estableció el plazo de 30 días a tanto la Junta de Retiro de la Universidad de Puerto Rico (UPR) como a la Junta de Gobierno de la misma institución para entregar un plan de trabajo en torno a la creación de plazas de trabajo en el Fideicomiso del Sistema de Retiro.
La determinación ocurrió durante una vista judicial en la que el abogado que representa a la Junta de Retiro, Rafael Maldonado, estableció que como parte del control que ahora tiene la entidad sobre el sistema necesitan empleados adicionales para que brinden servicios a los 18,000 retirados del sistema universitario.
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“Todas la partes han hecho reconocimientos importantes sobre esto, así que le damos estet término”, expresó Martínez Piovanetti al anunciar la determinación.
Ahora, ambas partes tendrán diez días para calendarizar reuniones para entonces trabajar el plan de trabajo.
De acuerdo con Maldonado, la necesidad de contar con plazas adicionales para el Sistema de Retiro recae en que las que actualmente tienen no dan abasto para las necesidades de la operación.
A su vez, las plazas también compiten con otras ofertas que reciben los empleados y que el fideicomiso no puede ofrecer una contraoferta.
“No podemos hacer contraofertas porque la UPR rechaza cualquier cambio en las estructuras salariales”, expresó Maldonado durante su alocución en la vista judicial.
La controversia entre ambas parte ocurre luego de que el Tribunal de Apelaciones reiteró la determinación de retirarle a la Junta de Gobierno el control sobre el Fideicomiso del Sistema de Retiro. Tras esa decisión, la Junta de Retiro quedó como fiduciario.
