El gobierno de Puerto Rico no ha entregado a la Junta de Control Fiscal (JCF) una serie de documentos requeridos para que los fondos retenidos para el plan de retiro de los empleados que fueron transferidos desde la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) a distintas agencias gubernamentales sean distribuidos.
En una carta dirigida a Omar Marrero, director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), el asesor legal principal de la JCF, Jaime A. El Koury, otorgó un plazo hasta el 6 de junio próximo para la entrega de los documentos.
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En la misiva con fecha del 24 de mayo de 2022, El Koury menciona el traslado a partir del 21 de junio de 2021 de unos 2,300 empleados de la AEE a otras corporaciones públicas y agencias del gobierno ante la llegada de la empresa Luma Energy para operar y mantener Sistema de Transmisión y Distribución de la AEE.
“Como parte del Plan Fiscal Certificado del Estado Libre Asociado de 2022, el Estado Libre Asociado proyectó los costos de nómina relacionados con estos empleados movilizados que incluyen supuestos de salarios, ajustes por atención médica, Seguro Social y otros beneficios relacionados con los empleados movilizados”, lee la carta.
Asimismo, se indica que cada agencia a la que fueron trasladados empleados de la AEE haría una contribución en nombre de sus empleados movilizados al Sistema de Retiro de la AEE, además de las contribuciones individuales de los empleados que actualmente se retienen de los salarios.
Los fondos se mantienen en una cuenta de custodia hasta que el gobierno proporcione la documentación requerida, que incluye una opinión legal formal por escrito que identifique la base legal sobre la cual los ex empleados de la AEE transferidos al Estado Libre Asociado pueden continuar participando en el Sistema de Retiro de la AEE.
También se solicita que se determine el momento en el que se realizarán estas contribuciones y cómo las mismas serán transferidas y aceptadas por la AEE, un modelo financiero con la base para el cálculo de dichas contribuciones y una estimación del costo aproximado.
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Además, una confirmación de que cualquier medida de reforma de pensiones aplicada a la al Sistema de Retiro de la AEE también se aplicaría a los empleados movilizados.
“Su pronta atención al asunto anterior es esencial para garantizar el financiamiento adecuado del Sistema de Retiro de la AEE y el uso apropiado de las retenciones de nómina de los empleados activos ahora movilizados en todo el Estado Libre Asociado. Por lo tanto, la Junta de Supervisión le indica que proporcione la documentación requerida mencionada anteriormente a más tardar el 6 de junio de 2022″, plantea El Koury en su carta a Marrero.
Vence plazo para información sobre Ley 80
De otro lado, el gobierno de Puerto Rico tiene hasta el día de hoy para proveer a la JCF información relacionada al diálogo entre ambas partes sobre la implantación de la Ley 80 de retiro incentivado.
En otra carta a Omar Marrero, el asesor legal principal de la JCF deja claro que el organismo creado por la Ley Promesa no se encuentra en posición para alcanzar un acuerdo con el gobierno con la información recibida al momento.
“Si no se proporciona más información para esa fecha (hoy), la Junta de Supervisión espera informar al Tribunal del Título III a más tardar el 11 de junio de 2022 que no se llegó a ningún acuerdo con el Gobierno en virtud del párrafo 3 de la Orden”, lee la misiva con fecha del 21 de mayo de 2022.
