Una demanda de clase que se encontraba paralizada a la espera del resultado del caso Vaello Madero en el Tribunal Supremo de Estados Unidos fue enmendada recientemente para incorporar nuevos argumentos a raíz de la decisión que emitió el foro el mes pasado, cuando se revirtieron las determinaciones de las cortes de Distrito y Apelaciones que habrían permitido a los residentes de Puerto Rico acceso a los beneficios del Ingreso Social Suplementario (SSI).
En una moción ante al Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, la abogada Isabel Abislaimán Quílez, quien representa a los 12 demandantes que buscan una certificación como pleito de clase, el caso de Vaello Madero “no se examinó […] a base de los derechos de ciudadanía de los demandantes, que son ciudadanos de los Estados Unidos elegibles para el SSI”.
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En síntesis, la solicitud para enmendar la demanda, presentada el pasado 13 de mayo, se basa en que los beneficios del SSI están dirigidos a individuos y no a estados o territorios, por lo que los regímenes contributivos de cada jurisdicción no deben determinar si un ciudadano es elegible para el programa, que atiende a la población que, por motivo de alguna discapacidad, no tiene la posibilidad de generar ingresos.
El Supremo, en su dictamen en Vaello Madero, resolvió que el Congreso tiene la potestad de excluir a Puerto Rico de los programas que legisla al amparo de la cláusula territorial de la Constitución de Estados Unidos, y que la base racional para la exclusión del SSI consiste en que los residentes del archipiélago, por regla general, no pagan impuestos federales.
Sin embargo, en la demanda enmendada se sostiene que “la Cláusula Territorial podría aplicar a Puerto Rico como una ‘subdivisión gubernamental’, pero no a los demandantes como ciudadanos estadounidenses”.
“El SSI es un programa nacional que aplica a individuos, no a estados o territorios”, se añade en el recurso, que se hace eco de la moción solicitando la enmienda, donde se cataloga el análisis judicial de “incompleto” por no evaluar cada petición de acceso al SSI de forma individual.
La demanda fue radicada originalmente en agosto de 2020 por Emanuel Rivera Fuentes, un hombre de 35 años y residente de Bayamón que “sufre de varias condiciones que lo dejan completamente discapacitado e incapaz de cuidarse a sí mismo”. Posteriormente, a la demanda se han sumado otras 11 personas discapacitadas, mayormente representadas por familiares.
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Entre las enmiendas, se destaca que el juez asociado Clarence Thomas, al concurrir con la opinión mayoritaria, “expresó que una cuidadosa ‘interpretación de la Cláusula de Ciudadanía pudiera haber producido un resultado similar y más sostenible (a las determinaciones de los foros inferiores)’. Los demandantes ya han argumentado sobre su ciudadanía, pero a la luz de la conclusión del juez Thomas, los demandantes solicitan que se les permita enmendar sus alegaciones a los efectos de que son ciudadanos estadounidenses cuyos derechos, privilegios e inmunidades no quedan disminuidos por la Cláusula Territorial”, plantea la moción.
Alude a revocación de los casos insulares
De manera similar, la enmienda a la demanda busca que los tribunales brinden una nueva mirada a los llamados casos insulares, las controversias jurídicas del primer cuarto del siglo 20 que culminaron en la definición de Puerto Rico como un territorio no incorporado.
En ese sentido, la moción señala que el juez Neil Gorsuch, quien también concurrió en Vaello Madero, sostuvo que los casos insulares deben ser revocados, pero que el argumento no se planteó ante el Tribunal Supremo.
La moción sostiene que dado que la revocación de un precedente es una prerrogativa exclusiva del Tribunal Supremo, “los demandantes no le piden a esta honorable corte (de Distrito) que resuelva los Casos Insulares en este procedimiento. Los demandantes solo buscan reservarse ese argumento en este punto”.
“En particular, los demandantes solicitan que se les permita rogar que una decisión histórica de esa magnitud vaya acompañada de la igualdad garantizada a todos los ciudadanos americanos que hagan la batalla por revocar los Casos Insulares más que algo simbólico”, se indica.
Según explicó la licenciada Abislaimán, el 16 de mayo, el juez de distrito Francisco Besosa ordenó a la Administración del Seguro Social responder a la moción en o antes de este viernes, 27 de mayo.
Junto a Rivera Fuentes, los otros demandantes son Gladys Fuentes Lozada, Rose Katherine Ruiz Minguela, Alexander Jodinskas Minguela, Irmary Domenech Piñeiro, Noriana Morales Rodríguez, Maritza Frasqueri Berríos, Ángel Chinea Rivera, Wilfredo Rodríguez Rodríguez, Celia Enid Laureano Salgado, Juan Rivera Rodríguez y Maira Ivette Colón Ortiz.
La demanda expone que cálculos previos estiman que entre 300,000 y 350,000 ciudadanos estadounidenses residentes en Puerto Rico podrían ser elegibles al SSI, lo que implicaría pagos globales ascendentes a al menos $1,500 millones anuales.
Como remedio, se exige que se declare que todas las personas elegibles al beneficio en Puerto Rico deben recibir prospectivamente “no menos” de $841 mensuales, así como el desembolso global de unos $7,200 millones por los pagos que se dejaron de recibir desde 2019, cuando el Tribunal de Distrito resolvió el caso de Vaello Madero, y otros $7,200 millones como compensación por daños y perjuicios.
