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Los cabilderos de la estadidad continuarán en sus puestos tras presentación de borrador de “consenso” sobre estatus

El gobernador Pedro Pierluisi sostuvo que el rol de los delegados electos será cabildear a favor de la legislación

La delegación de seis cabilderos estadistas continuará sus funciones tras la presentación de un borrador de legislación que busca que Puerto Rico celebre un plebiscito vinculante al Congreso que incluya tres alternativas de estatus político, indicó hoy el gobernador Pedro Pierluisi.

De esa manera, el primer ejecutivo descartó cualquier posibilidad de dar por terminada en este momento la estrategia de los llamados delegados congresionales, el grupo de seis funcionarios electos que cobran un salario de hasta $90,000 anuales, con la posibilidad de reclamar hasta otros $30,000 por gastos elegibles.

“Aquí no es cuestión de especular ni de hablar de posibilidades. Ahora todos los estadistas estamos llamados a apoyar el proyecto de consenso porque es una vía mediante la cual podemos lograr nuestro ideal. Una de las tres opciones no territoriales, no coloniales que ese proyecto incluye es la nuestra, la estadidad. Es un vehículo legítimo para lograr la estadidad”, manifestó el gobernador, quien la semana pasada viajó a la capital federal para participar del anuncio del borrador, que lideró el líder de la mayoría de demócrata en la Cámara de Representantes federal, Steny Hoyer.

Hoyer describió la medida como una de “consenso”.

Pierluisi, por su parte, catalogó el borrador de “excelente”, al destacar que, de convertirse en ley, obligaría al Congreso a acatar los resultados del plebiscito.

El borrador fue producto de negociaciones entre la comisionada residente Jenniffer González y la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York), mediadas por Hoyer. La comisionada residente impulsaba proyecto de admisión de Puerto Rico como estado, sujeto a un plebiscito ‘estadidad sí o no’, mientras que Velázquez proponía legislar para que en el territorio se celebrara una convención de estatus cuyos delegados negociaran las opciones con representantes del gobierno federal y el Congreso.

“Es un proyecto puntual, un excelente proyecto y la consigna para todos los estadistas es apoyarlo, incluyendo los delegados congresionales. Mi llamado a los delegados y delegadas congresionales es que cabildeen a favor de ese proyecto de consenso”, sostuvo Pierluisi esta tarde en una rueda de prensa.

El borrador propone, en primera instancia, un plebiscito que se celebraría el 5 de noviembre de 2023 entre las tres alternativas: estadidad, independencia y libre asociación. Si ninguna consigue más del 50%, el 3 de marzo de 2024 se llevaría a cabo una segunda elección con las dos opciones que hubieran obtenido la mayor cantidad de votos en el primer referéndum.

Los seis cabilderos de la estadidad son Melinda Romero, Elizabeth Torres, Zoraida Buxó, Roberto Lefranc, María “Mayita” Meléndez y Ricardo Rosselló. El gobierno intentó destituir a Torres mediante el proceso judicial que dispone la Ley 167-2020, al entender que estaba incumpliendo con sus deberes, pero el juez Anthony Cuevas concluyó que el estatuto no proveía los parámetros para definir si un cabildero, en efecto, estaba o no cumpliendo con la misión para la cual fue electo.

Paralelo a la Ley 167, que creó la delegación de cabilderos, la entonces mayoría novoprogresista creó la Ley 165-2020, que autorizó al gobernador de turno a convocar, mediante orden ejecutiva, un plebiscito de estatus en cualquier momento del presente cuatrienio.

Sin embargo, Pierluisi no precisó si convocar un plebiscito al amparo de esa ley figura entre sus planes, en caso de que no prospere la legislación congresional.

“Yo no voy a anticipar a ese escenario. Esto es un gran avance. Yo prefiero enfocarme en el gran avance que hemos tenido al lograr este consenso en el liderato de la Cámara federal, principalmente el liderato demócrata, pero nuestra comisionada residente es parte de este acuerdo”, dijo en referencia a la republicana González.

Raúl Grijalva, el presidente del Comité de Recursos Naturales, con jurisdicción sobre los asuntos de Puerto Rico, adelantó que tiene previsto celebrar vistas públicas en la isla para obtener la retroalimentación de las partes interesadas, incluyendo los líderes y partidos políticos del país.

Posterior a las vistas públicas, se radicaría formalmente la versión del proyecto que tendría entonces que contar con el visto bueno del comité para poder avanzar al hemiciclo cameral.

“Yo lo que espero es que se lleve a votación este proyecto idealmente antes del receso de agosto de la Cámara federal. Si no es así, entonces en algún momento del mes de septiembre, que es cuando regresan a sus labores, a más tardar octubre, cosa de que haya un tiempo para que el Senado federal tome cartas en el asunto”, dijo Pierluisi.

El Senado federal se encuentra dividido 50-50 entre demócratas y republicanos, por lo que, incluso si fuera aprobado en la Cámara, luce complicado que la medida pudiera obtener los 60 votos necesarios en el otro cuerpo.

La actual sesión congresional concluye este año, toda vez que en noviembre se celebrarán las elecciones para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y una tercera parte de las 100 bancas en el Senado.

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