Según se acerca el cierre de la tercera sesión ordinaria del cuatrienio, los comisionados electorales de los partidos de minoría e incluso el presidente de la comisión cameral con jurisdicción sobre el tema no tienen claridad respecto al rumbo que tomarán los esfuerzos para enmendar la ley electoral vigente.
“Recientemente se reunió la conferencia legislativa y se acordó que me iban a enviar a mí el proyecto como se estaba confeccionando para que yo lo tuviera y diese mis recomendaciones. Hoy, lunes 16 de mayo, todavía yo no he recibido ese proyecto”, dijo a Metro el representante popular José “Conny” Varela, presidente de la Comisión de Asuntos Electorales.
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Según Varela, el comisionado electoral del Partido Popular Democrático (PPD), Ramón Torres, le comentó que las enmiendas que ha trabajado coinciden “en un 80%” con las disposiciones de un proyecto sustitutivo que el representante había preparado para mayo de 2021, antes que el proceso legislativo se paralizara ante un pedido del presidente del Senado y de la Pava, José Luis Dalmau.
En una conferencia de prensa el pasado domingo, el secretario general del PPD, Ramón Luis Cruz Burgos, aseguró que los cambios al Código Electoral se presentarían “pronto”, aunque admitió que eso no garantiza que se apruebe en la actual sesión ordinaria, que concluye el 30 de junio.
“Es un documento que se está discutiendo en conjunto a todos los miembros de la delegación del Partido Popular en Cámara y Senado, y del mismo modo, con las delegaciones de los otros partidos. Son muchas las enmiendas (y) es un gobierno compartido en el cual tenemos que trabajar lo más intensamente posible en conjunto a delegaciones de otros partidos para poder obtener los votos y que el gobernador (Pedro Pierluisi) firme el proyecto. El proyecto está bien adelantado”, aseguró el también representante.
Sin embargo, entre los componentes electorales de las demás colectividades, solo Edwin Mundo, comisionado alterno del Partido Nuevo Progresista (PNP), dijo estar al tanto de las enmiendas que se contemplan al Código Electoral.
“El Partido Popular ha querido dar la impresión de que ha habido reuniones y ha sido una discusión continua, eso es falso. Nuestro señalamiento desde un principio, de que nos sentáramos los cinco partidos a discutir ampliamente el tema del Código Electoral, no ha ocurrido. Lo más cercano fue luego de una reunión de comisión, informalmente estábamos sentados y empezamos a hablar por encima, y el PNP se levantó y se fue”, dijo el comisionado electoral del Partido Independentista Puertorriqueño, Roberto Iván Aponte, en referencia a un encuentro ocurrido a inicios de año.
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Para el comisionado electoral del Proyecto Dignidad, Nelson Rosario, las enmiendas a la ley electoral vigente deben ocurrir antes que culmine el este año, para evitar cambios en los procesos cercanos o en medio del ciclo electoral, como ha ocurrido previo a comicios recientes, incluyendo los de 2020.
“Si bien es cierto que la ley tiene unas dificultades, también es cierto que estar legislando la estructura a poco tiempo de las elecciones es pernicioso, como pasó en el 2020 e incluso como pasó en 2011 y en 2015″, sostuvo el funcionario, quien afirmó que, entre los comisionados electorales no habido conversaciones desde “hace cuatro meses”.
Lillian Aponte, la comisionada del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), recientemente hizo un llamado a que “se abra un diálogo honesto y transparente como el pueblo exige. Aún estamos a tiempo”.
Mundo, por su parte, dijo que en comunicación con el comisionado electoral del PPD se han acordado unos “14 o 15 cambios importantes” al Código Electoral, incluyendo que la presidencia y presidencia alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) puedan ser ocupadas por jueces de cualquiera de los tres niveles del Tribunal General de Justicia.
“Nosotros quisiéramos que los demás (partidos) quisieran participar, pero se han dedicado a quejarse, no a participar. […] Todavía están a tiempo”, dijo Mundo.
Varela, por su parte, planteó que cuando haya un proyecto listo citará a varias vistas públicas para evitar lo que ocurrió con la reforma del 2020, en la que solo se celebró una audiencia en el Senado y ninguna en la Cámara de Representantes. Entre los puntos que el legislador enfatizará, enumeró cambios a las modalidades de voto adelantado y ausente, para que los electores deban justificar esas solicitudes.
Asimismo, dijo que vislumbra fijar en 40 las Juntas de Inscripción Permanente (JIP) –una por cada distrito representativo–, aunque aumentarían una por municipio durante el ciclo electoral, que arranca el 1 de junio del año previo a las elecciones generales. El Código Electoral actual dispone que las JIP deben reducirse a 12.
En cuanto a las llamadas candidaturas coligadas –que permitirían a un candidato aspirar bajo la insignia de más de un partido–, Varela dijo que consultó el tema con la delegación de mayoría popular pero no encontró “ambiente” para dar paso a la propuesta, que ha impulsado principalmente el MVC. Mundo, en tanto, dijo que tanto las candidaturas coligadas como una posible segunda vuelta electoral requerirían enmiendas constitucionales.
En curso cambios requeridos
Aponte, por su parte, señaló que la CEE ya ha identificado los 12 municipios en los que se ubicarían las JIP, según mandata la ley electoral: San Juan, Bayamón, Aguadilla, Mayagüez, Ponce, Aibonito, Arecibo, Humacao, Ceiba, Caguas, Lares y Guayama. En algunos casos, las JIP permanecerían en una sede actual, mientras que en otros se habilitarían espacios nuevos en edificios municipales.
El comisionado electoral precisó que el presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, ha adelantado que los oficiales de las JIP que sean consolidadas pasarán a los llamados Centros de Servicios Integrados en cada precinto, donde brindarán asistencia a los ciudadanos que requieran completar distintos trámites electorals
Rosario, por su parte, aseveró que hasta el momento la Oficina de Gerencia y Presupuesto no ha identificado el dinero que se necesita para que tanto el Proyecto Dignidad como el MVC recluten sus oficiales para las JIP, a pesar de que los cinco partidos inscritos tienen derecho a representación.
De otro lado, la Oficina de Administración de Tribunales confirmó que el nombramiento judicial de Rosado Colomer expira el 1 de diciembre de 2023, por lo que tendría que abandonar la presidencia de la CEE, de no ser renominado a la judicatura. El nombramiento de la presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera, sin embargo, se extiende hasta julio de 2035.
“Ella tiene la capacidad para hacerlo”, opinó Rosario.
Avanza la redistribución electoral
Con relación a la redistribución electoral, mediante la que se reconfigurarán los distritos senatoriales y representativos, Mundo afirmó que para finales de este mes debe completarse el trabajo definir las unidades que confirmarían cada precinto.
“Después escribiríamos las memorias y todo lo que hay que escribir, que debe tomar un mes más. A final de junio debemos estar fuera”, estimó Mundo.
La Junta de Redistribución Electoral, que también componen el licenciado Ferdinand Mercado, en representación del PPD, y la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Oronoz, ya completó la configuración de los distritos senatoriales de San Juan, Bayamón, Arecibo, Mayagüez y Ponce, junto con sus respectivos distritos representativos.
Mundo añadió que ya existen acuerdos verbales para los distritos senatoriales de Guayama y Humacao, mientras que actualmente las conversaciones se concentran en el distrito de Carolina. El veterano estratega electoral indicó que la Junta no hará públicos los datos sobre la redistribución hasta que se complete la labor.
“Lo pueden impugnar pero esto está más cuadrado que las últimas cuatro redistribuciones. ¿Los populares piensan que Ferdinand (Mercado) se va a dejar pasar gato por liebre, o la presidenta del Tribunal Supremo lo va a permitir?”, dijo Mundo ante las críticas que legisladores populares de distrito han presentado públicamente en torno a la redistribución.
Mercado, al ser contactado por Metro, indicó que no realizará comentarios públicos sobre el trabajo que lleva a cabo la Junta de Redistribución Electoral.
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- Elecciones especiales de Hatillo y Guayama: $7,937.02
- Elección especial de Guaynabo: $4,484.00
