El asesor de asuntos municipales de La Fortaleza, Javier Carrasquillo, renunció a su puesto luego de que se anunciara la designación de un fiscal especial independiente (FEI) para investigar sus acciones como alcalde de Cidra.
El gobernador Pedro Pierluisi, en declaraciones escritas, puntualizó que los señalamientos por los que se investigará a Carrasquillo, ejecutivo municipal de Cidra entre 2013 y 2020, habían sido archivados en 2016 por el Departamento de Justicia.
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“Sin embargo, he sido claro de que la vara en mi gobierno es bien alta. Carrasquillo ha presentado su renuncia efectiva inmediatamente mientras el FEI hace su trabajo investigativo. Aunque reconozco que a todos siempre les cobija la presunción de inocencia y soy respetuoso de las agencias de ley y orden, es importante que en mi administración no haya distracciones que nos desvíen del trabajo duro que estamos haciendo por Puerto Rico”, expresó el primer ejecutivo.
En la comunicación donde el Panel sobre el FEI informó la asignación del fiscal especial Manuel Núñez Corrada, se indicó que Justicia, en efecto, había concluido una investigación sobre Carrasquillo en abril de 2016. No obstante, la agencia nunca remitió los resultados de la pesquisa al Panel sobre el FEI, como mandata la ley para aquellas investigaciones sobre funcionarios de alto nivel, como los alcaldes.
Se indicó que el Panel jamás supo de la existencia de la investigación que había iniciado y archivado Justicia.
“El incumplimiento con el procedimiento por parte del Departamento de Justicia no puede tener el efecto de obstruir nuestra labor de investigar y determinar lo procedente en derecho”, expresaron los miembros del Panel sobre el FEI, que componen la presidenta, Nydia Cotto Vives, y los exjueces Ygrí Rivera Sánchez y Rubén Vélez Torres.
Corrada Núñez contará con el término reglamentario de 90 días para completar su pesquisa, aunque posteriormente podría solicitar una o más prórrogas.
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Cidra fue el primer municipio que concedió un contrato millonario para el manejo de basura a la compañía Waste Collection, de Oscar Santamaría, el abogado y empresario ligado a esquemas de corrupción pública con ayuntamientos como Cataño, Guaynabo y Trujillo Alto. En noviembre pasado, Santamaría se declaró culpable en el foro federal de ofrecer comisiones ilegales al exalcalde de Cataño Félix “Cano” Delgado.
La querella que se atendió en el Departamento de Justicia durante el primer cuatrienio de Carrasquillo en la alcaldía fue presentada por Azriel Rosario Martínez, según se recoge en el comunicado del Panel sobre el FEI. En la denuncia, Rosario Martínez “argumentó que el convicto Oscar Santamaría tenía un contrato de asesoría con el Municipio de Cidra, el cual determinó disolver para obtener un contrato de recogido de basura por $14.7 millones”.
Del registro de la Oficina del Contralor se desprende que Waste Collection obtuvo el contrato de desperdicios sólidos con Cidra el 14 de febrero de 2014, misma fecha en que pactó otro acuerdo con Juncos por la cuantía de $30,000.
Desde entonces, la empresa de Santamaría recibió contratos para manejo de basura y otros propósitos con, al menos, 16 municipios con alcaldes tanto populares como penepés.
