Locales

Designan FEI contra el exalcalde de Cidra

El Fiscal Especial tendrá 90 días para realizar la investigación

alcalde de Cidra, Javier E. Carrasquillo Cruz

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El Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) asumió el miércoles, jurisdicción sobre un caso investigado por el Departamento de Justicia, el cual puede incluir actos contrarios a la ley del entonces alcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz.

Actualmente, Carrasquillo Cruz trabaja como asesor de asuntos municipales de La Fortaleza.

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“El incumplimiento con el procedimiento por parte del Departamento de Justicia no puede tener el efecto de obstruir nuestra labor de investigar y determinar lo procedente en derecho”, expresaron los miembros del Panel en su Resolución, haciendo constar que del informe referido, surgen alegaciones que pueden traer consigo posibles delitos bajo el Código Penal de Puerto Rico de 2012.

Para ello, designó al Fiscal Especial Independiente, Manuel Núñez Corrada para realizar la pesquisa con un término de 90 días.

A pesar del tiempo transcurrido, el Panel actuó al no haber sido notificado por Justicia del inicio y posterior archivo de la pesquisa realizada según dicta la ley. Además, habiendo cesado Carrasquillo Cruz en sus funciones como alcalde en diciembre de 2020, el Panel no ha perdido jurisdicción sobre dicho exfuncionario. La querella fue radicada por Azriel Rosario Martínez, quien adujo que Carrasquillo Cruz había incurrido en actos de corrupción. Argumentó, que el convicto Oscar Santamaría tenía un contrato de asesoría con el Municipio de Cidra, el cual determinó disolver para obtener un contrato de recogido de basura por $ 14.7 millones.

Fue precisamente, a través de una petición de información de un medio informativo, que el Panel advino en conocimiento de que Justicia había investigado la aludida querella contra el alcalde, sin embargo dicha investigación nunca le fue notificada al Panel.

A requerimiento del Panel, el Secretario Domingo Emanuelli Hernández, ordenó investigar las circunstancias, encontrando que efectivamente, el 5 de abril de 2016, la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC) de esa agencia, le había remitido una carta al entonces secretario de Justicia, César Miranda, con el resultado de su intervención. El PFEI jamás supo del inicio de tal investigación, ni de su desarrollo ni conclusión.

Entre ellos, pudieran estar, violaciones al Artículo 252 (Aprovechamiento ilícito de trabajo o servicios públicos); Artículo 254 (Intervención indebida en las operaciones gubernamentales) y Artículo 259 (Soborno).

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