La filtración de un audio revela que las intenciones del empresario Ricky Castro era crear un PAC para atacar a Rossana López, quien era candidata a la alcaldía de San Juan. ¿Pero por qué la animosidad contra López?
En el audio revelado ayer por la periodista Sandra Rodríguez Cotto en su blog En Blanco y Negro se escucha a Castro detallando cómo su abogado, Andrés Guillemard, le dio instrucciones sobre el donativo que hizo al Comité de Acción Política o Súper PAC, Salvemos a Puerto Rico. Establece que inicialmente lo que quería era crear un PAC para atacar a López, pero que Guillemard, -cuñado del gobernador Pedro Pierluisi, quien fue identificado por fuentes del programa Rayos X como uno de los individuos mencionados en la declaración de culpabilidad a nivel federal de Joseph “Joey” Fuentes Fernández por ocultar información de donantes del Super PAC, Salvemos a Puerto Rico-, le dijo que sería una pérdida de dinero porque la candidata popular estaba tercera en las encuestas.
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“Yo tengo una compañía de investigación privada y mandé a mi agencia a investigar toda la basura que pudieran encontrar en contra de Rossana (López). Cuando le digo a mi abogado del PAC, mi abogado me dice: ‘mira, vas a perder el dinero’. Ahí me enseñó las encuestas y como Rossana López estaba tercera, olvídate de esto. Pues entonces, vamos a hacerlo con Wanda (Vázquez). Yo no quiero que Wanda sea gobernadora. Aquí están mis cincuenta mil dólares. Le ofrecí los 50,000 dólares para que Wanda no saliera gobernadora. En ese momento me dice: ‘ya no se necesitan, pero, aquí los tenemos’. Ahí los pusieron”, dijo Castro en su audio filtrado.
“Yo no tenía intención ninguna de ocultar mi nombre. Yo lo ofrecí, yo llamé. En ese momento, como yo había creado el PAC (para López), a mí me dijo mi abogado, y tengo que decir, mi abogado se llama Andrés Guillemard, porque yo tengo seis abogados diferentes. Él me dice ‘se va a crear un PAC’ y le dije: aquí tengo los 50,000 dólares, me avisas cuando los necesites. Cuando los necesiten ahí están”, relató Castro.
Salvemos a Puerto Rico se registró en el estado de Virginia, pero desde mediados hasta finales de 2020 impulsaron la candidatura del gobernador Pedro Pierluisi, principalmente mediante ataques a sus rivales en las primarias y las elecciones generales.
Pero la rivalidad de Castro con la entonces legisladora viene luego que López denunciara que el empresario había firmado un contrato con la administración de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced por $2.2 millones para la compra de ventiladores a través de una de sus empresas que opera el colmado Castro Cash & Carry en el sector Villa Palmera en Santurce.
“Es con gran indignación que tenemos que denunciar esta nueva maniobra del actual gobierno de realizar contrataciones altamente cuestionables con fondos públicos en medio de la pandemia. Estamos hablando de la empresa Castro Business, que según su incorporación en el Departamento de Estado, es una entidad con fines de lucro con un capital de $4.2 millones. Cuando uno verifica qué tipo de negocios hace, es la administración de un colmado en la Avenida Eduardo Conde en Santurce. ¿Cómo se le entregan $2.2 millones a una empresa de este tipo para adquirir ventiladores a $22,400 cada uno, cuando hay otras empresas que son suplidores médicos reconocidos que venden ventiladores a a $18,650?”, dijo entonces la senadora a través de declaraciones escritas.
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El empresario reconoció para entonces que envió la información, pero la orden nunca se adjudicó. Catalogó las expresiones de falsas e indicó, además, que las denuncias realizada eran un intento de difamarlo.
Como parte de la investigación realizada por la también salubrista y profesora universitaria, se destaca que dicha empresa Castro Business tiene además un amplio historial de demandas judiciales con varias entidades e individuos, como el Municipio de San Juan, Fast Lane Enterprises, Carlos Erazo Ortega, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Muñagorry Perfumería, Radamés Marín Montalvo y Brunilda Torres Delgado, entre otras, según se reporta en el sistema digital de la Rama Judicial de Puerto Rico.
Las empresas de Castro en el pasado también se vieron involucradas en el escándalo de las compras de pruebas de COVID-19. Precisamente, Castro y su compañía Castro Bussiness, cuyo negocio principal es la industria de alimentos, fue uno de los suplidores de las más de 1.1 millones pruebas rápidas para COVID. Las otras dos fueron Apex General Contractors y 313, investigadas por la Cámara de Representantes, autoridades locales y de Estados Unidos.
Castro Bussiness vendió al Gobierno 50,000 pruebas de COVID- 19 por $650,000 sin tener orden de compra del Departamento de Salud. Posteriormente, salió a relucir una discrepancia entre la marca de las pruebas que vendió, que se supone fueran de una compañía californiana, y las que entregó provenía de China de la compañía Anhui DeepBlue, que no fueron avaladas por la FDA. De las 50,000 pruebas vendidas por Castro, solo 8,900 llegaron a Salud.
En una vista pública de mayo de 2020, Castro aseguró que el Departamento de Salud no le había pagado la orden de compra de 50,000 pruebas serológicas para detectar el coronavirus y dejó la puerta abierta a una posible demanda por incumplimiento de contrato.
