Organizaciones denuncian que la Policía hace “arrestos ilegales” contra manifestantes tras un incidente con el senador Carmelo Ríos.
Las organizaciones que denunciaron la ilegalidad en los arrestos son: ACLU of Puerto Rico, Amnistía Internacional Puerto Rico
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Brigada Legal Solidaria, la Clínica de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho Universidad Interamericana y Kilómetro Cero.
“A todas las organizaciones que endosamos esta declaración nos preocupa sobremanera varios asuntos que son patrones en la Policía de Puerto Rico. Cuando se trata de personas que protestan, la Policía a menudo hace arrestos ilegales, frívolos, que sabe no prosperarán y cuyo único propósito es castigar y disuadir a las personas que ejercen el derecho fundamental a la protesta. En esta ocasión, tampoco es ni legal, ni aceptable, ni razonable que el señor Carmelo Ríos le dé instrucciones a la Policía de Puerto Rico y que ésta a su vez proceda a arrestar a un muchacho que simplemente protestaba hablando por un megáfono” expresaron las organizaciones a través de un comunicado de prensa.
El senador Carmelo Ríos protagonizó un incidente con un manifestante del Campamento Resitencia que le expresó unas palabras a través de un megáfono en los predios del Capitolio de Puerto Rico.
Según relató el joven, este comenzó a manifestarse en los alrededores del Capitolio, cuando vio salir al senador Carmelo Ríos, continuó realizando comentarios a través de un megáfono. En un video publicado por el manifestante identificado como Jadiel Torres, se puede observar el momento en que este realiza comentarios y el senador llega con dos agentes de la policía.
En el programa Lo Sé Todo de WAPA TV, Carmelo Ríos aseguró que el manifestante le dijo “vende patria” y “puerco”.
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Posteriormente, se reportó que la jueza que atendió el caso no encontró causa en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan tras las alegaciones de Ríos sobre supuestas amenazas de muerte. El propio Ríos explicó en el programa que también pidió una orden de protección sin embargo la jueza no se la concedió debido a que no se encontró un patrón de acoso por parte del manifestante.
“En ausencia de la presentación de cargos criminales por parte de la Policía, este arresto constituye una detención ilegal impermisible. La Policía sabe que no tiene causa para el arresto pero lo lleva a cabo en lo que parece más una forma de castigo y disuasión. Hacen a la persona perder horas de su vida privada de libertad ilegalmente, los abogados de Brigada Legal Solidaria se movilizan, no les permiten hablar con el joven arrestado y las acciones ilegales de la Uniformada no tienen consecuencias. ¿Quién responde por estas violaciones de derechos de la Policía? En este momento en Puerto Rico, nadie. Utilizar a la Policía para desalentar el ejercicio democrático de la protesta es anti-constitucional y, por lo tanto, es inaceptable en un país con aspiraciones democráticas”, añadieron las organizaciones de derechos humanos.
Por su parte, las organizaciones hicieron un reclamo a que el gobierno de la Isla “cese y desista Hacemos un llamado a que el gobierno de Puerto Rico cese y desista de violentar el derecho a la libertad de expresión y a la protesta y encamine un proceso confiable e independiente de rendición de cuentas en la Policía de Puerto Rico por ésta y todas las violaciones a la libertad de expresión en que ha incurrido ese cuerpo durante los últimos años”.
