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Defensores del Ciudadano de República Dominicana y P. R. condenan tráfico de indocumentados

Once mujeres murieron el jueves cerca del islote de Desecheo.

Reunidos en San Juan, los Defensores del Ciudadano de la isla y de República Dominicana, Edwin García Feliciano y doctor Pablo Ulloa Castillo respectivamente, denunciaron que la tragedia sufrida cercana a la costa de Desecheo, urge que dos pueblos se unan para acabar con el tráfico de indocumentados.

García Feliciano, quien es anfitrión del doctor Ulloa Castillo durante una visita oficial de tres días para estrechar lazos de colaboración con miras a fortalecer los servicios de la Defensoría del Ciudadano dominicano, expresó un profundo pesar por un crimen contra la humanidad “que conmueve la íntima fibra de la conciencia”.

Ulloa Castillo señaló que perecer en un afán de mejor vida y futuro, se convierte en una desgarradora alarma de qué hay que contener el éxodo ilegal bajo circunstancias de trata y dolor.

“Este asunto lo manejan las autoridades pertinentes de seguridad tanto en República Dominicana como en Puerto Rico. Pero si ambos pueblos no toman acciones conjuntas, el negocio del tráfico criminal seguirá llenando bolsillos mientras se llena de luto la familia dominico boricua”, señalaron en conjunto.

Ambos Procuradores del Ciudadano enfatizaron que a un lado del canal hay que enfatizar en el control y convicción del delito. Mientras en el otro lado, hay que evitar que la pena ante la necesidad económica del hermano dominicano, aliente la indiferencia y condonación de la trata.

“Todos somos conscientes de que la apremiante necesidad de un buscar un mejor futuro económico, impone sobre el individuo un peso aplastante. Pero seguir haciendo ricos a criminales inescrupulosos que venden visas para la muerte y no se conduelen, es un crimen contra la humanidad que no podemos condonar”, argumentaron.

Tanto García Feliciano como el doctor Ulloa Castillo urgieron a que se refuerce el patrullaje en el canal de la Mona, se desarrolle una campaña educativa conjunta que promueva la denuncia del delito y que se identifiquen áreas de convergencia entre ambos gobiernos para contener la necesidad que impulsa el éxodo.

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