El gobernador Pedro Pierluisi tildó de “insultante” la misiva en la que la Junta de Control Fiscal (JCF) dio por terminadas las negociaciones con el gobierno para encontrar alternativas que permitan a los empleados que entraron al servicio público retirarse con una pensión cercana al 50% de su salario.
Asimismo, el primer ejecutivo afirmó que, contrario a lo expresado por la JCF, los diálogos dirigidos a encontrar opciones fiscalmente viables deben extenderse, al menos, por un mes adicional.
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En la carta que se divulgó ayer, la JCF planteó que el gobierno, desde diciembre para acá, ha fallado en entregar la información que se le requiere para poder analizar los costos que representaría la implementación parcial de la Ley 80-2020, que buscó crear una ventana de retiro incentivado para empleados públicos considerados “no esenciales”.
La JCF señala, por ejemplo, que aunque unos 11,000 empleados de 150 agencias habían solicitado participar de la ventana de retiro, hasta el 28 de marzo el gobierno solo había entregado un “análisis” correspondiente a unos 1,100 trabajadores de siete dependencias.
“Es falso y es insultante, una falta de respeto, que se haya hecho esa aseveración”, sostuvo Pierluisi ante el alegato de que se ha sometido información incompleta.
“Como Omar Marrero (director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal, Aafaf) y todo el equipo de Aafaf pueden constatar (es) al revés, constantemente se ha estado proveyendo a la Junta la información que la Junta ha requerido”, mencionó Pierluisi.
“La Junta de Supervisión ha estado los últimos cuatro meses intentando llegar a un acuerdo con el gobierno consistente con la orden judicial. El esfuerzo ha sido fútil. La orden requería al gobierno realizar un ejercicio de responsabilidad fiscal de determinar el costo real de implementar la Ley 80 e identificar, de ser posible, ahorros más allá de los que requiere el plan fiscal. A la fecha, el gobierno no ha podido proveer la información y análisis necesario para concluir si la Ley 80, en efecto, generaría ahorros”, indicó la JCF en la misiva, con fecha del 6 de mayo.
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Según la JCF, próximamente se le informaría a la jueza Laura Taylor Swain, quien preside los procesos al amparo de la Ley Promesa, que había sido imposible alcanzar un acuerdo con el ejecutivo y, por lo tanto, la Ley 80 continuaría siendo inválida en su totalidad.
“El término de tiempo que tenemos para seguir insistiendo ante la Junta que se haga justicia a estos servidores públicos que tienen la esperanza de un retiro digno expira el 12 de junio. No pueden darla por muerta porque ese término de tiempo se estableció en una estipulación ante el tribunal, y nosotros tenemos hasta el 12 de junio para continuar insistiendo, buscando la manera de por lo menos buscarle garantizar un 50% del salario a los servidores públicos que entraron al servicio ya fuera bajo la Ley 1 (de 1990) o la Ley 447 (de 1951)”, subrayó Pierluisi.
De acuerdo con Pierluisi, la reforma de retiro del 2013 provocó que buena parte de los empleados activos que entraron al gobierno antes de 2000 se vean en la posición de recibir unas pensiones menores al 40% del salario.
“Yo todo lo que estoy tratando de lograr es que por vía de aportaciones a sus cuentas de retiro, cuando llegue el momento de cada quien retirarse, pues tratar que sea por lo menos como la mitad de su salario. Esa es mi meta personal y sigo insistiendo ante la Junta, proveyendo toda la información. Es la Junta, y esto ustedes lo saben y lo sabe el pueblo, que se ha opuesto en todo momento a este tipo de arreglo”, insistió el gobernador a la prensa.
