La presidenta de la Comisión de lo Jurídico, Gretchen Hau llevó a cabo una vista pública para evaluar el Proyecto del Senado 412 que busca enmendar la Ley 54 para aumentar las penas por delitos tipificados como violencia de género, así como imponer la condición de supervisión electrónica como parte de las condiciones de la fianza en todo proceso criminal.
Aunque la pieza legislativa es presentada por petición de la Lcda. Lersy Boria, procuradora de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), la misma no compareció a la audiencia y envió en su representación al Lcdo. Ángel A Rodríguez Nazario.
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“Ante la violencia rampante hacia la mujer… Me hubiese gustado, que de igual forma he demostrado un compromiso con la [OPM], que la licenciada hubiese estado presente. Hay un país que reclama su presencia en estos espacios, donde es evidente que hay una ola de violencia”, expresó la senadora Hau.
Durante su alocución el licenciado Rodríguez Nazario destacó que “los fines generales del proyecto son especificar unas penas fijas en la Ley 54, que el asunto del desvío se limite a alegaciones de culpabilidad y que durante toda la etapa del procedimiento se imponga la supervisión electrónica”. Asimismo, señaló que “el aumento propuesto en las penas por los delitos de violencia doméstica obedece a una cuestión de justicia retributiva, pues es nuestro firme parecer que las penas vigentes concebidas hace poco más de tres décadas, no reflejan ya nuestro juicio valorativo sobre la gravedad de la doméstica como una de las manifestaciones más recurrentes y perniciosas de la violencia de género”.
A preguntas de la senadora Hau, sobre el tiempo que cumpliría una persona encontrada culpable bajo la Ley 54, Rodríguez Nazario dijo que “el mismo Código Penal establece unas penas y esas penas son las que se están utilizando en el día a día para los delitos de Ley 54. El Código Penal está supliendo esas penas que quedaron al vacío con el cambio de código. Lo que entendemos es que hay una necesidad de que eso se aclare en la Ley 54″.
Sobre la supervisión electrónica, la senadora Hau le preguntó al licenciado si la OPM tiene reportes o estadísticas de cuántos “aparatos de vigilancia electrónica” están actualmente activos; a lo que Rodríguez Nazario dijo que “hay un protocolo Interagencial con el Departamento de Corrección y el componente de seguridad de intercambio de información. No obstante, entendemos que hay asuntos que enmendar porque ese protocolo es del año 2012 y esas estadísticas actuales, las podemos solicitar, no obstante, no es una información que recibe diariamente la Oficina”.
“Me resulta un poco incómodo pensar que la OPM no tiene ese registro”, manifestó Hau ante lo dicho por el representante de la OPM.
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Por su parte, la licenciada Amarilis Pagán de Proyecto MATRIA expresó que “estoy sorprendida con la participación de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres porque pareciera estar totalmente desvinculada de la Ley que creó esa Oficina y de los deberes que le han sido adjudicados por la Ley”. Añadió, además, que entre las “funciones [de la OPM] está supervisar la implementación de la Ley 54 y rendir unos informes anuales… Eso quiere decir que, si no tiene información de primera mano, tiene el deber de solicitarle a las agencias de Gobierno que le suministren esa información, y que todas las preguntas que se quedaron sin contestación en la mañana de hoy pudieran ser contestadas sin ningún tipo de dilación, porque su función es estar al día con todo lo que ocurre con la Ley 54″.
Proyecto Matria no favorece el PS412 en este momento. “Hemos comprobado que aun cuando la Ley 54 ya fue enmendada en el pasado para convertir en delito grave las violaciones a órdenes de protección, las personas agresoras con alto nivel de letalidad no merman su nivel de violencia y eligen violentar las mismas a sabiendas del costo penal. Por lo tanto, tal y como está planteado en el proyecto, el aumento a las penas de los delitos que se constituyen bajo la Ley 54-1989″, destacó Pagán.
En cuanto a los grilletes electrónicos, Pagán afirmó que “no estamos de acuerdo con la imposición de grillete en todos los casos. Hay que tener en cuenta que en ocasiones las víctimas pueden ser las que resulten acusadas. La imposición indiscriminada de los grilletes agravaría la situación de mujeres que siendo víctimas y teniendo que pasar por un duro proceso emocional y penal, vean afectada también su capacidad de moverse libremente y asumir las responsabilidades que usualmente cargan en sus familias”.
Mientras, Taller Salud alegó que lo propuesto en la medida podría menoscabar derechos constitucionales en Puerto Rico.
La Comisión de lo Jurídico dejó claro que dará continuidad a los temas sobre la violencia de género en aras de erradicar este tipo de violencia.
