La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana I. Escobar, aseguró que las instituciones que administra han registrado el peor brote de COVID -19 desde el inicio de la pandemia, al revelarse más de 800 casos positivos entre confinados y empleados.
Los contagios se han presentado en cinco de las 29 instituciones carcelarias del país. Según Escobar, luego de pruebas aleatorias los casos se han identificado en las cárceles 501, la 1072 y el anexo 292, todas en Bayamón, así como en la Institución Correccional de Guerrero en Aguadilla, y los Centro de Ingresos de Ponce 676 y Ponce 500.
La funcionaria detalló que el grueso de los contagios se concentra en el Centro de Detención Bayamón 1072 donde actualmente hay 322 casos positivos, mientras que en Bayamón 501 hay otros 205 casos. En tanto, 97 fueron identificados en Guerrero en Aguadilla, 22 en el Centro de Ingreso Diagnóstico y Clasificación de Ponce 676; 17 en la Ponce 500 y 19 casos en el anexo 292 de Bayamón.
“Este es el momento en que más casos hemos tenido de población correccional porque en ocasiones anteriores en la institución Centro de Detención 1072 no se había dado un brote como este. Esa es la institución de mayor capacidad dentro de nuestro sistema correccional y lamentablemente allí ocurrió esta situación de un brote al nivel de que ha llegado hasta 322 casos positivos”, dijo sobre la institución con 823 confinados actualmente.
Indicó que en la Bayamón 501 la gran mayoría de los reclusos están asintomáticos y los que están positivos están en cuarentena hasta mediados del mes de mayo, por lo que se espera una reducción de los casos.
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En el cado de la institución 1072, hoy se repetían las pruebas, pues en una primera toma de muestras salieron positivos 110 casos, lo que provocó que los que convivían en la misma unidad incubaran el virus, resultando entonces en los 322 casos.
“Hoy se están repitiendo pruebas a toda la población correccional para ver cuántos ya culminaron este proceso de contagio y cuáles, si algunos otros, se deben haber contagiado, que esperamos que no”, apuntó.
Para controlar la propagación del virus, explicó que las facilidades de la institución le permitió separar los positivos de población negativa, así como a los posibles contactos con eso casos. Espera que la medida haya dado resultados y no haya aumentado la cantidad de casos positivos.
Confinados guardan silencio para no perder privilegios
Escobar, en tanto, aseguró que estos son los casos que han podido detectar al momento, porque la población no expresaba que tenía síntomas para no perder los privilegios o en otros casos no los presentaba. Fue mediante las pruebas aleatorias que pudieron detectarlos.
“De hecho en esa institución ya los privilegios están suspendidos ante el número de casos positivos a COVID 19. Ellos no están saliendo en estos momentos. Las actividades deportivas, recreativas, culturales y educativas tampoco están siendo permitidas dentro de la institución. A su vez se suspendió la visita de familiares en esa institución correccional”, apuntó.
Otros se niegan a realizarse la prueba
De igual manera, reconoció la dificultad que se les ha presentado en la institución 1072 tras la negativa de confinados a realizarse la prueba por entender que en algún momento todos en la población correccional serán contagiados. Aseguró que hoy mantienen un diálogo con la población para disipar el tranque.
“Negarse a someterse a la prueba es una acción totalmente irresponsable de la población porque puede poner en una situación de peligrosidad tanto a la persona que se niega a hacerse la prueba como aquellos que habitan alrededor de ellos como a los propios empleados o cualquier contratista que ingrese a las facilidades donde ellos están o sus propios familiares cuando los vienen a visitar en caso de que haya visita de familiares, así que siempre utilizamos el dialogar de manera efectiva con la población y en eso se encuentra hoy el comandante de la guardia de esa institución como el superintendente y personal, específicamente educadores en salud, a los efectos de que ellos puedan entender cuáles son las causas y las repercusiones que puede tener el no hacerse la prueba”, explicó.
“No pueden estar pensando en el hecho de que se cancelen unos privilegios, sino estar pensando en el bienestar de su salud porque aquellos que tienen algunas condiciones de salud adicional que puede ser muy perjudicial eso de que se contagie con COVID, pues más aún tenemos una necesidad apremiante de conocer cuáles son los resultados para poder atender la sintomatología que presentan. Así que exhorto a todos los miembros de la población correccional a que cumplan estrictamente con las recomendaciones médicas que están ofreciendo directamente con los epidemiólogos en las instituciones de manera que podamos proteger y salvaguardar la salud de todos y que ninguno tome el riesgo de que su salud se complique y pueda llegar al extremo de fallecer”, añadió.
Escobar aseguró, además, que no permitirá que la salud en las instituciones carcelarias sea dictada por ningún miembro de la población correccional.
“Ese confinado no puede determinar cómo nosotros vamos a atender la salud de todos y en eso estamos trabajando en este momento.Yo sé y confió plenamente que, conscientes los confinados -con los que hablo constantemente-, de que el bienestar de ellos depende de lo que nosotros podamos hacer, ellos van a entrar en uso de razón y yo sé que van a estar realizándose la prueba”, aseguró.
Sostuvo que, actualmente el 99% de la población está vacunada con su tercera dosis. Detalló que de los 809 contagios, 107 son de empleados del Departamento. Aclaró, también, que el pasado viernes falleció un confinado de 76 años que tenía condiciones previas de salud, pero esperan por el Instito de Ciencias Forense para determinar si el deceso se debió al COVID. Al momento han fallecido cuatro confinados y cuatro empleados a consecuencia de la enfermedad.