El exsecretario y director de Desarrollo Económico y Fomento, Antonio Colorado, se expresó hoy en contra del proyecto del senado 684, que exigiría una mínima inversión a quienes reciban decretos contributivos en la Isla.
En declaraciones escritas indicó que a sus expresiones se suman otros exsecretarios del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio de Puerto Rico (DDEC), así como directores de PRIDCO. De igual manera, el Departamento de Hacienda y el Banco de Desarrollo Económico de Puerto Rico.
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“Nos oponemos fuertemente al PS 684. Las leyes 20/22 (Ley 60-2019) han creado sobre 40,000 empleos, sobre $2,500 millones en inversión nueva y no le cuestan nada a Puerto Rico. No se puede separar la exportación de servicios de la atracción de inversionistas residentes. Separarlos es un error fundamental. El estudio del Departamento de Desarrollo Económico de 2021 es uno de los que ha cometido ese grave error de separar ambas leyes. Dicho informe ignora que los incentivos contenidos en la Ley 20-2012 no fue lo que cambió en el 2012 y generó 40,000 empleos por sí sola; lo que cambió fue la nueva creación de la Ley 22-2012. Pero, lamentablemente, dicho informe del economista Caraballo-Cueto es lo que ha servido de fundamento y guía a calcar para la medida de referencia (P. del S. 684)”, señaló Antonio Colorado, exsecretario y director de Desarrollo Económico y Fomento en su ponencia.
El concepto de exportación de servicios está en el ordenamiento jurídico desde la Ley de Incentivos Contributivos Industriales de 1987. Sin embargo, para el año fiscal 2011-2012 la Oficina de Incentivos de DDEC tenía en récord menos de 50 decretos de exportación de servicios en un periodo de aproximadamente 25 años. Esto a pesar de que la tasa contributiva máxima era de 3.9% sobre el ingreso neto de exportación cuando se tomaba en consideración la exoneración de 90% provista por la Ley de Incentivos de 1987.
“El Gobierno de Puerto Rico para el año fiscal 2011-2012 buscaba incentivar la exportación de servicios y se pensó que beneficios sobre ingresos pasivos (lo que eventualmente terminó siendo la Ley 22) atraerían la exportación de servicios. Utilizar la tasa del 4% de la Ley 20 de por sí no generaría el interés de personas para trasladarse a Puerto Rico. En cambio, fijar la tasa de 0% para los ingresos pasivos y mantener el 4% para la exportación de servicios ha probado dar los resultados esperados para aumentar la exportación de servicios desde Puerto Rico. En un periodo de 9 años (con huracanes, terremotos y pandemia) se han generado sobre 3,000 decretos de exportación de servicios. Un aumento aproximado de sobre 6,000%. Estos datos son evidencia clara de que ambas leyes se complementan y se deben mercadear de forma conjunta para mover el sector de exportación de servicios y atraer inversionistas a la Isla en momentos que Puerto Rico está en quiebra y no tiene acceso a capital”, añadió.
El grupo de exfuncionarios objetó las recomendaciones realizadas por el economista José Caraballo-Cueto por entender que sus recomendaciones “especulativas” son la base fundamental del PS 684. Indicaron que Caraballo Cueto fundamenta sus recomendaciones bajo la premisa de que el Presidente Joe Biden y el Congreso aumentarán los impuestos de ganancia de capital a 39.6%.
“Dichas recomendaciones no son aptas, ni suficientes para fundamentar un proyecto de desarrollo económico que trastocaría uno de los únicos incentivos que está generando inversión nueva en este momento a Puerto Rico. Continuar con el análisis de esta medida en este momento es como jugar el dinero de la compra en la lotería con la expectativa de pegarse. Ya sabemos que el presidente Biden no tiene respaldo para subir la tasa impositiva de ganancias de capital a 39.6%. En ese sentido, Puerto Rico no se pegó en la lotería. Esto subraya la importancia de que las recomendaciones realizadas descansen en datos reales, no en opiniones políticas sobre lo que el Congreso puede hacer o no hacer”, expresó Colorado.
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Las siete objeciones principales a las recomendaciones de Caraballo-Cueto son:
1) Que los números de tasas contributivas que recomienda constituyen su opinión, no un resultado científico de su estudio
2) El estudio no generó un estimado cuantitativo de cuánto deberían ser las tasas contributivas. No estudió cuánto tiene que ser el ahorro para que la gente se mude a otros estados o países. Se conoce como propensidad marginal a mudarse en economía.
3) No se hizo una encuesta entre las personas considerando mudarse para ver qué tasa aceptarían.
4) No se estudió la experiencia de programas similares en otros países realmente comparables con Puerto Rico, más allá de las Islas Vírgenes que tiene la población de Caguas, su economía depende del turismo y no tienen una junta de control fiscal.
5) No provee un diseño de política pública concreto y legislable para sus recomendaciones de exhortar la inversión que no se preste para evasión
6) Sugiere excluir individuos con menos de $10 millones de capital aun cuando éstos representan el 80% de los inversionistas.
7) Descarta la evidencia concreta de los informes anuales de los beneficiarios al DDEC; entre otras objeciones metodológicas más detalladas.
“Puerto Rico está en quiebra, sin acceso a capital y necesita desesperadamente proyectar estabilidad y confianza para poder atraer inversionistas. Este es el programa de incentivos económicos con mayor crecimiento, con la mayor y más rápida creación de empleos por decreto y el mayor rendimiento por inversión. Actualmente se generan entre 36,000 y 40,000 empleos y se estima que para el año 2029 la combinación de la Ley 20 y 22 generen unos 60,000 empleos, inversiones de sobre $7,400 millones en bienes raíces y $21,800 millones en ingresos para las empresas que exporten servicios desde Puerto Rico”, añadió el letrado.
En tanto, recomienda a los oficiales del gobierno, proveer estabilidad a la inversión. Dicha ley se enmendó hace dos años y volver a enmendarla proyecta inestabilidad. De igual manera, realizar estudios de propensidad marginal para mudarse, estudios de audiencia, encuestas, comparaciones con otros países competitivos, entre otras herramientas de política pública. “Nada de esto ha ocurrido”. sostuvo.
Además, insistió en utilizar los incentivos de la ley 20/22 para atraer capital de América Latina. “Entender que existen inversiones millonarias en bienes raíces que están basadas en los estimados de crecimiento de estos incentivos; combatir la desinformación intencional y fundamentar las políticas públicas económicas en investigación primaria y secundaria del más alto estándar académico y practico”, concluyó Colorado en el documento entregado a la Comisión de Desarrollo Económico del Senado.
