Guardia Nacional responsabiliza a compañía privada por donativo al Super PAC que apoyaba a Pedro Pierluisi

Aunque en la lista de donantes que aportaron al Súper Comité de Acción Política (Super PAC) Salvemos a Puerto Rico por medio de unas entidades sin fines de lucro fantasma aparece la National Guard Exchange Military Store, el jefe de la Guardia Nacional, José Juan Reyes, distanció al cuerpo militar del esquema por el que hoy se declaró culpable el recaudador Joseph Fuentes Fernández.

“El National Guard Exchange (NGX) al que se ha hecho referencia es el nombre bajo el cual Castro Business Enterprises LLC, una entidad privada registrada en el Departamento de Estado de Puerto Rico, hace negocios. Castro Business Enterprises (CBE) opera la concesión de tiendas militares del Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Siendo así, estas aportaciones fueron hechas por un ente privado y que en nada está asociado a nuestra institución”, expresó el ayudante general en declaraciones escritas.

En las expresiones no se detalla por qué motivo la empresa habría realizado los donativos a nombre de las tiendas militares.

Recomendados

Abierto el DE a medidas ecoamigables inmediatas para lidiar con el calor

Modifican rutinas de entrenamiento deportivo ante olas de calor

Desafíos en la protección del planeta

Castro Business, incorporada desde 2002 ante el registro de corporaciones del Departamento de Estado, cuenta con Ricky Castro como presidente y tesorero. Entre sus propósitos corporativos, se indica que la empresa “hará negocios como NGX Military Store en contrato de concesionario con el Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico”.

Al inicio de la pandemia del COVID-19, en 2020, Castro Business estuvo involucrada en el escándalo por la venta a sobreprecio al gobierno de pruebas rápidas para detectar el virus. Una historia de mayo del 2020 del Centro de Periodismo Investigativo reveló que Castro Business vendió al gobierno unas 50,000 pruebas serológicas, de las cuales solo pudo entregar una pequeña proporción y que alrededor de 200 que llegaron a los laboratorios tuvieron problemas de validación de resultados.

Como parte de los acuerdos de culpabilidad que alcanzaron con la fiscalía federal Salvemos a Puerto Rico y Fuentes Fernández, presidente y tesorero del Super PAC, se detalló un listado de los donantes verdaderos del comité. En total, según se desprende del documento legal, dos personas naturales y ocho entidades jurídicas contribuyeron al comité político a través de dos organizaciones sin fines de lucro que se crearon para canalizar las aportaciones sin tener que revelar la identidad de los donantes reales.

Salvemos a Puerto Rico se registró en el estado de Virginia, pero desde mediados hasta finales de 2020 impulsaron la candidatura del gobernador Pedro Pierluisi, principalmente mediante ataques a sus rivales en las primarias y las elecciones generales.

En total, Salvemos a Puerto Rico recibió unos $495,000 que fueron canalizados a través de las organizaciones Foundation for Progress y Fundación Pro Igualdad, dos entidades que se registraron ante el Departamento de Estado el 10 de junio de 2020 con siete minutos de diferencia. El National Guard Exchange Military Store aportó $50,000 el 19 de octubre de 2020, según el acuerdo de culpabilidad.

“Ni la Guardia Nacional de Puerto Rico ni su Fideicomiso Institucional han emitido donación económica alguna a grupo o grupos de acción política (PAC) en ningún momento de su historia. Los fondos del Fideicomiso son para beneficio de los cientos de ciudadanos-soldados y aviadores de nuestra Institución y sus familias. Esa fue la visión de su creador, el general William Miranda Marín, y ese es el estatuto de ley que rige la organización por más de 30 años”, sostuvo Reyes en el comunicado.

Hoy, en la vista donde Fuentes Fernández se declaró culpable de proveer información falsa a la Comisión Federal de Elecciones (FEC), el fiscal federal Jonathan Jacobson explicó que del esquema se beneficiaban tanto los donantes como, en última instancia, el “Oficial Público 1″, como se identifica a Pierluisi en la denuncia.

“Hubo dos beneficios primarios que se obtuvieron de este esquema. Había un entendimiento en Puerto Rico de que los donantes podían obtener un beneficio al permanecer en el anonimato. No estarían conectados a contribuciones políticas sustanciales y, además, los oficiales de gobierno que, en última instancia, serían los beneficiarios de los anuncios, no podrían ser asociados a los beneficios que posteriormente pudieran recibir estos donantes. La anonimidad era el motivo último y funcionaba en ambas direcciones, beneficiaba tanto al donante y, en última instancia, los recipientes reales y esta especie de tercero beneficiado de las contribuciones, que es el oficial público”, señaló el fiscal.

En una conferencia de prensa, el jefe de la fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, no precisó si los donantes u otros participantes del esquema para ocultar información sobre las contribuciones pudieron haber incurrido en delitos.

“Quiero enfatizar que la conducta ilegal en este caso fueron las declaraciones falsas que hizo Fuentes Fernández y el Super PAC al FEC”, dijo Muldrow.