La Contraloría de Puerto Rico emitió un informe que reveló que el Municipio de Vega Alta utilizó personal, propiedad y fondos públicos para repavimentar las calles y el estacionamiento en un condominio privado que no cumplía con los requisitos establecidos para ello en la ley y la ordenanza vigente. El Municipio no pudo certificar la titularidad de las calles del condominio, no formalizó un contrato con el condominio para establecer el costo de los servicios, y los auditores no pudieron determinar el costo de los trabajos y de los materiales de repavimentación.
La auditoría de tres hallazgos señala también, que el entonces alcalde dio instrucciones para reparar la verja, instalar tablero de un canasto y pintar las áreas recreativas de dicho condominio. Estas situaciones son contrarias a la Ley 107-2020, Código Municipal de Puerto Rico.
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El Informe publica que los expedientes del Municipio carecían de la evidencia escrita de la solicitud de cotizaciones recibidas, y no identificaba a los empleados que participaron en el proceso. Además, las facturas e informes de labor de asesores contratados por 69,000 dólares para servicios de inspección y supervisión de construcción, no incluyeron una descripción de labores realizadas. Estas situaciones no permiten un control adecuado de las compras y propicia que se cometan irregularidades en los desembolsos.
El examen de una muestra de los expedientes y las actas de subastas generales en Vega Alta del 2016 al 2019, develó que no estaban numeradas y carecían de la información completa sobre las determinaciones de la Junta de Subastas, entre otras deficiencias. Estas situaciones propician la falta de transparencia y confianza en la corrección de los procesos y los acuerdos.
La auditoría comenta que, al 18 de febrero de 2021, siete demandas civiles contra el Municipio por 1,202,000 dólares estaban pendientes de resolución por los tribunales.
Este segundo y último informe de Vega Alta, cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 29 de febrero de 2020
