El Senado aprobó el martes el Proyecto 771 para enmendar el “Código Penal de Puerto Rico” para hacer mandatorio que a las personas culpables en casos de delito contra el erario se les imponga una pena de restitución de fondos con los bienes presentes y futuros del convicto.
El presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, y los senadores del PPD, Migdalia González Arroyo, Juan Zaragoza Gómez y Ramón Ruíz Nieves son coautores de la medida, así como Joanne Rodriguez (PD).
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El proyecto establece que “al presente nuestro Código Penal dispone la pena de restitución de manera discrecional en algunos delitos relacionados con la protección de los bienes y propiedad pública. Es imperioso que el sistema penal de Puerto Rico incluya como pena obligatoria la restitución en aquellos delitos puntuales en donde un menoscabo o pérdida de bienes públicos específicos y cuantificables haya sido objeto de prueba o sean parte de los elementos del delito”.
La medida añade que esta acción pone de manifiesto el interés de esta Asamblea Legislativa de construir un estado de derecho en donde la persona con acceso a fondos públicos se le imponga el más alto grado de responsabilidad y pulcritud en su administración.
Por otro lado, fue aprobado el Proyecto del Senado 683, presentado por petición del Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, a través de la senadora Elizabeth Rosa Vélez, para establecer la “Ley para Reconocer la Profesión del Trabajo Social como un Servicio Esencial en Situaciones de Emergencia”. La medida tiene como fin reconocer a la profesión del trabajo social como una esencial para la preparación, respuesta y recuperación de situaciones de emergencia y así garantizar los servicios ofrecidos por profesionales del trabajo social mediante la creación de protocolos, la provisión de materiales, equipos y recursos de seguridad y protección.
“El Trabajador Social es una profesión basada en la práctica, y promueve el cambio y desarrollo social. Se basa en principios de la justicia social, derechos humanos, responsabilidad colectiva y el respeto a la diversidad. Actualmente, Puerto Rico cuenta con alrededor de siete mil trabajadores sociales. Estos se encuentran en diferentes escenarios públicos y privados, en constante interacción con la comunidad, individual y organizacional. Este proyecto reconoce esa labor como un servicio esencial en emergencia. La medida establece la responsabilidad de los trabajadores sociales ante la creación de protocolos de emergencia y equipos adecuados”, sostuvo la también senadora por el distrito de Arecibo, Rosa Vélez.
Igualmente, la senadora por el distrito de Humacao, Rosamar Trujillo Plumey se expresó a favor de la medida y dijo que “para que cuenten con las herramientas necesarias para compensar con sus servicios y puedan atender la multiplicidad de situaciones que ocurren en una situación de emergencias. En la emergencia es donde el Trabajador Social participa directamente o en medio de planes de intervención…Su labor en la emergencia puede significar una red apoyo”.
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El Senado también dio paso al Proyecto del Senado 503, presentado por petición a través del senador independiente José Vargas Vidot, para ampliar el acceso a servicios médicos de salud mental con el propósito de mejorar su salud integral. Esto al disponer que una aseguradora o plan médico no podrá negar cobertura para servicios de salud dental en los casos dispuestos, además de que no se requerirá pre autorización por parte aseguradoras o planes médicos de salud en los casos de pacientes hospitalarios cubiertos por la Ley. De igual manera, se aprobó la Resolución Conjunta del Senado 192, de la senadora independentista, María de Lourdes Santiago Negrón, para ordenar a Ia Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a dar acceso al Colegio de Químicos de Puerto Rico a todos los pozos bajo su jurisdicción o custodia, para tomar muestras de agua.
Asimismo, se aprobó la concurrencia del Proyecto del Senado 518 para enmendar la “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, a los fines de cambiar el término de vigencia y renovación de seis a 10 años, del rótulo removible que autoriza a las personas a estacionar en áreas designadas para personas con impedimentos, así como la concurrencia al Proyecto del Senado 343 para enmendar la “Ley Orgánica del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos”, a los fines de incluir, una vez cada dos años, la medición de seguridad alimentaria en las encuestas que realiza el Negociado de Estadísticas.
Por otra parte, el Alto Cuerpo aprobó el Proyecto del Senado 768; las Resoluciones Conjuntas del Senado 145, 191; los Proyectos de la Cámara 25, 372, 582, 682, 447; la concurrencia a la Resolución del Senado 126 y la Resolución Conjunta de la Cámara 107.
