El gobernador Pedro Pierluisi no mostró urgencia ante la posibilidad de llenar la vacante en el Tribunal Supremo y varios puestos que al momento son ocupados por funcionarios interinos o cuyo término de nombramiento expiró hace meses.
En el caso de la silla vacía en el Tribunal Supremo, Pierluisi condicionó cualquier nominación a un “cambio de actitud” de la delegación popular en el Senado, que ocupa 12 de los 27 escaños en el cuerpo legislativo.
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Además de la vacante en el Tribunal Supremo, los términos de las jefas de la Oficina del Contralor y la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), ocupadas por Yesmín Valdivieso y Lersy Boria, respectivamente, expiraron en junio de 2020, mientras que el del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, venció en junio de 2021.
En el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega funge como secretaria interina desde el 1 de abril, luego de que Rafael Machargo renunciara, al igual que ocurre en la Oficina de Servicios de Información y Tecnología (Prits), donde Nannette Martínez es directora interina desde que la designación de Enrique Völckers se colgara en el Senado más temprano este año.
“En el Supremo ya pasamos lo que pasamos. Yo hice el nombramiento de una persona claramente capacitada y se retiró a solicitud del juez. No lo descarto (otra nominación), pero acabamos de pasar por esa situación sumamente desafortunada. Yo no lo deseo a nadie pasar por ese calvario. Si cambia la actitud del presidente del Senado (José Luis Dalmau) y la delegación del Partido Popular en el Senado, entonces pudiera reconsiderarlo”, sostuvo Pierluisi, en referencia a la designación, realizada más temprano este año, del juez Roberto Rodríguez Casillas.
Al negarse a confirmar a Rodríguez Casillas, actual juez de Apelaciones, Dalmau expresó que consideraba innecesario llenar la vacante existente en el Tribunal Supremo, pues considera que el foro judicial no enfrenta un elevado volumen de trabajo.
“A mí me parece una cosa inconcebible (expresar) que no hay suficiente carga de trabajo en el Tribunal Supremo para llenar esa vacante y que no ve la urgencia de llenar esa vacante”, dijo Pierluisi.
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Sobre posibles nominaciones a la Oficina del Contralor y la OPM, el gobernador afirmó que, aunque se han contemplado candidatos, “nadie ha llenado mis expectativas”.
A inicios del cuatrienio, Pierluisi propuso a Manuel Torres, exsecretario del Senado, como próximo contralor, pero la Cámara de Representantes derrotó la designación.
“En todas está la situación bajo control. En el caso de Prits, tenemos la directora interina de la entidad haciendo su trabajo. En su momento yo pudiera hacer una designación en propiedad para esa plaza y estoy seguro que la voy a hacer, lo que pasa es que no necesariamente es mañana ni pasado”, manifestó el primer ejecutivo.
Después de que el nombramiento de Völckers fuera rechazado en el Senado, Pierluisi lo designó a un puesto de nueva creación en La Fortaleza, desde el cual supervisa la innovación tecnológica de todo el gobierno.
En el DRNA, “la secretaria interina está haciendo una labor ejemplar en las semanas que lleva a cargo, pero por el momento seguirá a cargo de Anaís Rodríguez. En su momento yo podré estar haciendo una designación en propiedad”, se limitó a decir Pierluisi.
Escéptico con proyecto de José Luis Dalmau
Hoy, el líder senatorial anunció la radicación de un proyecto que buscaría limitar el periodo que un funcionario cuyo término haya expirado pueda permanecer en el puesto. La exposición de motivos del Proyecto del Senado 774 alude a la controversia judicial que resolvió en diciembre pasado el Tribunal Supremo, en la que validó que el presidente de la CEE, Rosado Colomer, se mantuviera ocupando el cargo hasta que se nombrara y confirmara a un sucesor.
En la medida, Dalmau propuso que el término de la presidencia de la CEE expire el 1 de julio del año posterior a las elecciones generales –tal como lo estipula el Código Electoral vigente–, pero que, en caso de que no haya sustituto, solo pueda extenderse hasta el final de siguiente sesión legislativa ordinaria. El mismo lenguaje aplicaría al cargo de presidente alterno de la CEE, que al momento ocupa la jueza Jessika Padilla al amparo del dictamen que favoreció la permanencia de Rosado Colomer.
El término definido para los llamados ‘holdovers’, según el proyecto de Dalmau, también se implementaría en decenas de agencias, corporaciones públicas y juntas creadas por ley.
“Tengo que esperar el proyecto según sea aprobado, si es que es aprobado por ambos cuerpos en la Asamblea Legislativa, para poder opinar. Pero lo que está pasando (con el presidente de la CEE) surge de la decisión del Tribunal Supremo. Eso que pasó está avalado por el Tribunal Supremo”, recalcó el gobernador.
Pierluisi recordó que, en el caso particular de la CEE, tanto el presidente como su alterno deben ser jueces del Tribunal de Primera Instancia. En el caso de Rosado Colomer, el nombramiento judicial expira en el 2023, mientras que el de Padilla se extiende más allá de este cuatrienio.
“De aquí al 2023 puede seguir ejerciendo su cargo, pero puede ser sustituido en cualquier momento, siguiendo el proceso que establece la ley. Yo no descarto que eso suceda. Lo que sí anticipo es que, si no se nombrara un sustituto para la presidencia, cuando llegue el final de su término como juez de primera instancia, entonces deja de ser elegible para presidir la Comisión”, planteó Pierluisi.
