Al recalcar que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, tiene en sus manos decidir si apela o no el dictamen favorable a la cabildera por la estadidad Elizabeth Torres, el gobernador Pedro Pierluisi fue ambiguo al cuestionársele si su administración promulgaría un reglamento que permitiera evaluar la gestión de los miembros de la llamada delegación congresional.
Aunque el juez Anthony Cuevas concluyó en pasados días que la Ley 167-2020, que creó la delegación de cabilderos de la estadidad, no provee parámetros para determinar si cada uno cumple con sus obligaciones, Pierluisi reiteró su postura de que el estatuto es “claro” en ese sentido.
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“La ley es bien clara, no tiene ambigüedad alguna. […] Cualquier reglamentación, ahora mismo lo que hay es una carta circular, tiene que ajustarse a la ley, porque eso es un principio básico del Derecho. Si fuéramos a hacer cualquier carta circular adicional o reglamento sobre los deberes de los delegados, tendría que ajustarse a la letra de la ley y, ya yo lo dije, la ley es bien clara. La ley dice que (los cabilderos) tienen que abogar afirmativamente por la estadidad, de acuerdo al mandato del pueblo en el plebiscito del 2020, habla también de gestiones ante el Congreso, o sea que la ley es clara”, insistió el mandatario.
El juez Cuevas, en el dictamen que emitió el pasado viernes, señaló que, ante la ausencia de criterios definidos en la ley, entrar en los méritos de la demanda gubernamental contra Torres hubiera implicado una violación a la doctrina de la “cuestión política”, que, en síntesis, impide a los tribunales atender controversias que corresponden a las ramas ejecutiva y legislativa.
De esa forma, Cuevas desestimó el pleito que sometió el Departamento de Justicia, que planteó que Torres, una de las seis cabilderas de la estadidad, incumplió con su mandato de promover la anexión a los Estados Unidos y, por lo tanto, debía ser destituida.
Desde poco después de juramentar a la posición, en julio pasado, Torres ha insistido que la delegación no tiene posibilidades de éxito y que la Ley 167 fue un “embeleco”, al tiempo que apenas ha viajado a la capital federal. Torres, sin embargo, ha continuado cobrando el salario que se asignó mediante reglamento, que asciende a $90,000 anuales, más el derecho a $30,000 en reembolso de gastos.
La cabildera, además, llamó la atención hace unos meses cuando aseguró, contra cualquier evidencia científica, que la vacuna del COVID-19 había provocado que objetos de metal, como los tenedores, se “imantaran” a su cuerpo.
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“En sus manos (del secretario de Justicia) está decidir si se apela o no, y él puede abundar sobre ese tema. Fue el secretario de Justicia el que entabló el pleito por las razones que todos conocemos. Yo dije y repito, que la ley para mí es muy clara en cuanto al deber que se le exige a cada delegado o delegada y también es bien clara en cuanto a que el Departamento de Justicia está llamado a solicitar al tribunal que destituya a cualquiera de los delegados o delegados que haya incumplido con su deber”, añadió el primer ejecutivo.
Además de Torres, la delegación de cabilderos proestadidad incluye a María “Mayita” Meléndez, Zoraida Buxó, Roberto Lefranc Fortuño, Melinda Romero y el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.
