Semanas después de que el tema llegara a la mirilla pública, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) radicará hoy el recurso legal con miras a recuperar el control de la reserva natural de Bahía Jobos en Salinas, ocupada desde hace años por personas han construido ilegalmente, rellenado el humedal y deforestado el mangle sin que las autoridades intervinieran de manera efectiva.
La demanda, que se presentará ante el Tribunal Superior de Guayama, nombra a 12 personas que en algún momento desde 2012 mantuvieron control de determinados predios dentro del área protegida.
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La secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez, precisó que la demanda busca una sentencia declaratoria de que el Estado tiene derecho propietario sobre la zona, así como una acción reivindicatoria para hacer valer ese derecho y el reclamo de que quienes permanezcan ocupando algún predio de la reserva sean desahuciados.
Las 12 personas nombradas en la demanda son Jorge Oppenheimer Méndez, Miguel A. Flores Torres, Pablo Vergara Ramos, Brendaliz Cotto León, Edgar Cruz Falcón, Ángel Benítez Rodríguez, Víctor Feliciano Bonilla, Carmen Santiago Bermúdez, Myrna Mercado Collazo, Ramón López Vélez, Grecy Marie Correa Carrasquillo y Rafael Caraballo Díaz, detalló Rodríguez en una mesa redonda con varios medios de comunicación. Al cierre de esta edición, el DRNA no había provisto copia de la versión final de la demanda.
“Aquí hay de todo. Hay (personas que ocupan terrenos ilegalmente) desde 2012, 2015, 2017. Lo más lejos que nos vamos es al 2012″, explicó la funcionaria, quien puntualizó que algunos de los demandados aprovecharon el contexto de emergencias como huracanes y la pandemia del COVID-19 para “avanzar” las construcciones ilegales.
Aunque el recurso nombra a 12 ciudadanos, Rodríguez Vega mencionó que probablemente la demanda será enmendada para presentar reclamos contra personas adicionales.
“Entendemos que dentro del descubrimiento de prueba pudiera haber más. Es parte del proceso”, subrayó la secretaria interina.
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De la investigación que el DRNA comisionó al bufete González López & López Adames, se desprende que, en el área ocupada sin autorización –unas 7.13 acres–, hay cerca de 20 segregaciones, si bien solo se ha podido identificar a unos 12 ocupantes.
“Hay unos (espacios) que quizás tienen las verjas galvanizadas pero no hay nadie ahí adentro ni hay evidencia de que haya alguien. […] Son espacios que alguien puso una verja, removible o no, pero no hay nada que me pueda identificar quién es esa persona. Son 12 (espacios) con personas que hemos podido identificar, porque en un espacio pudiera haber más de una persona”, dijo Rodríguez Vega.
Reconociendo que el trámite legal pudiera demorar años antes de resolverse, Rodríguez Vega aseguró que, mediante la demanda, se busca que el DRNA gane acceso al área “en el menor tiempo posible”, con el objetivo de comenzar los estudios y análisis necesarios para encaminar los trabajos de mitigación y restauración de las condiciones naturales de la reserva estuarina, terreno que adquirió el gobierno federal en 1981.
“Yo quisiera que fuera de inmediato pero hay unos procesos que tienen que suceder. Hay que dar espacio al tribunal y que se cumpla el debido proceso de ley. Nosotros estamos entrando a esos terrenos, lo que pasa es que hay unos terrenos que tienen unos portones”, dijo la titular del DRNA al preguntársele si la agencia solo accedería al área una vez reciba autorización expresa de un tribunal.
Aunque el costo de la restauración no se conocerá hasta luego de los análisis pertinentes, Rodríguez Vega adelantó que, con toda seguridad, “sobrepasa los $4 millones”.
Las reclamaciones monetarias específicas contra los demandados se atenderían más adelante en el proceso.
Como parte de la demanda, se exigirá que la remoción y demolición de estructuras levantadas ilegalmente, así como la restauración, se hagan “a costa de todas estas personas que están ocupando ilegalmente la reserva”, dijo Rodríguez Vega.
