El presidente y director ejecutivo (CEO) de LUMA Energy, Wayne Stensby, aseguró que la Asamblea Legislativa no tiene autoridad para legislar a favor de la cancelación del contrato entre la empresa y el gobierno para la transmisión y distribución energética.
“El contrato de LUMA fue establecido por el Acuerdo de Operación y Mantenimiento del Sistema de Transmisión y Distribución de Puerto Rico (OMA por sus siglas en inglés), supervisado por la Autoridad de las Alianzas Público-Privadas y directamente alineado con los Planes Fiscales de Puerto Rico bajo la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA). Esto fue acordado por el gobierno de Puerto Rico, LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico (AEE). Cualquier voto de la legislatura para cancelar el contrato de LUMA cae fuera de su autoridad y está en conflicto directo con los planes a largo plazo para el futuro de Puerto Rico”, dijo Stensby en declaraciones escritas.
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“Mientras que algunos políticos optan por ignorar el estado de la red que LUMA heredó y asignar culpas sin hechos, seguiremos enfocados en el futuro energético de Puerto Rico”, añadió.
“No importa el desafío ni los obstáculos que podamos enfrentar, no nos distraeremos, porque nuestra misión es más grande que la política, estamos construyendo un mejor futuro energético para el pueblo de Puerto Rico que servirá a las generaciones venideras”, culminó.
El representante del Partido Popular Democrático (PPD) Luis Raúl Torres Cruz, le envió una carta el sábado al presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, en la que exige la aprobación de la Resolución Conjunta de la Cámara 315, la cual ordena la cancelación del contrato de LUMA Energy.
“Esperamos que el Senado haga lo correcto y apruebe esta resolución. Nuestro pueblo no puede seguir sufriendo por la incapacidad que ha demostrado LUMA Energy en el manejo del sistema de electricidad del país. Por eso, apelo a la sensatez de los senadores y las senadoras para que defendamos los intereses de nuestra gente, poniéndole fin, de una vez y por todas, a este contrato”, dijo el representante en su carta.
“Ante las deficiencias insostenibles y las varias instancias de incumplimiento con disposiciones contractuales en las que ha incurrido LUMA Energy, la Cámara de Representantes asumió el deber de ejercer la autoridad que le brinda el Artículo 3 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Como consecuencia de esto tienen el deber moral y la obligación de ordenar la terminación de este contrato y pasar la administración del sistema de transmisión y distribución a la Autoridad de Energía Eléctrica, entre tanto se legisla para establecer una nueva estructura organizacional para administrar el sistema eléctrico de la Isla”, añadió.
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“El martes, 18 de abril de 2022, la RCC 315 fue aprobada con 29 votos a favor de las delegaciones de representantes del Partido Popular Democrático, Partido Independentista Puertorriqueño, Partido Movimiento Ciudadana y Partido Proyecto Dignidad. Lamentablemente, la Resolución tuvo 16 votos en contra de la Delegación del Partido Nuevo Progresista. Ahora, está ante la consideración del Senado y nuestra exhortación a nuestros compañeros y compañeras del cuerpo hermano es que la aprueben para dar por terminado un contrato, que desde sus orígenes, era nefasto para el país”, sostuvo.
En la carta el representante menciona que la investigación produjo varios informes, resoluciones y proyectos de ley para enmendar las leyes de la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, del Negociado de Energía y hasta para ordenar la terminación del contrato entre la Autoridad de Energía Eléctrica y LUMA Energy.
