La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Puerto Rico denunció el trato discriminatorio y racista que ha sufrido el pueblo de Puerto Rico por más de un siglo bajo el dominio colonial de Estados Unidos.
El organismo presentó un escrito (“Shadow Report”) ante el Comité Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discrimen Racial de Naciones Unidas.
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El Comité de la ONU, que supervisa el cumplimiento con la Convención Internacional Para la Erradicación de Todas las Formas de Discrimen Racial, invitó a la sociedad civil para someter informes de trasfondo o “Shadow Reports” ante su consideración. Estos “Shadow Reports” serán utilizados al momento de evaluar el Informe sometido por la administración del Presidente Biden ante el Comité los días 28 de abril y 2 de junio de 2022.
En su escrito, la ACLU de Puerto Rico planteó la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre el Seguro Social Suplementario (SSI). “El 21 de abril de 2022 el Tribunal Supremo de Estados Unidos tomó una decisión adversa contra los residentes de Puerto Rico que solicitan el ingreso social suplementario o SSI (seguro social suplementario) basado en nuestra condición colonial y territorial. Esta decisión, al igual que otras muy recientes (Aurelius y Sánchez Valle), reafirman la doctrina racista de los casos insulares en el contexto de nuestras relaciones políticas y económicas con Estados Unidos”, sostuvo la organización.
ACLU denunció que al igual que el Supremo federal, el Congreso “ha sido claro en cuanto al trato distinto y discriminatorio que pueden darle a los residentes de Puerto Rico amparados en la Cláusula Territorial de la Constitución federal. (La Ley) PROMESA constituye el ejercicio más burdo de estos poderes absolutos ejercidos por el gobierno de Estados Unidos sobre Puerto Rico”.
Denunció que la Junta de Supervisión Fiscal tiene el poder de revocar cualquier decisión del gobierno electo de Puerto Rico, afectando todos los aspectos importantes para el desarrollo económico, político y social de la isla. “Esto afecta derechos fundamentales de la democracia como el derecho al voto”.
“La Ley PROMESA constituye una ley discriminatoria que pretende escudar al Congreso de Estados Unidos para evadir el deber de fiducia que tiene con el pueblo de Puerto Rico ante la ONU. Esta Ley le permite a la Junta prácticamente embargar el presupuesto del Estado Libre Asociado de Puerto Rico provocando el cierre de escuelas públicas, afectando la Universidad de Puerto Rico, eliminando derechos laborales, afectando planes de retiro, debilitando nuestro sistema de salud, entre otras medidas injustas, con el objetivo de pagar una deuda billonaria a compañías multimillonarias, sin auditoría y sin fijar responsabilidad civil ni criminal sobre los verdaderos responsables de la deuda”, añadió ACLU.
En su escrito, la organización denunció la falta de interés del Congreso en promover un proceso de autodeterminación vinculante y exigió que cualquier proceso futuro, sin importar el resultado del mismo, “debe ir acompañado de indemnizaciones al pueblo de Puerto Rico por los daños ocasionados”.
