El Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó el caso de Vaello-Madero que generó debate sobre si los puertorriqueños eran discriminados por no recibir el beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI).
La decisión contó con el voto de ocho de los nueve jueces del Supremo, siendo la jueza Sonia Sotomayor la única que votó en contra.
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En el resumen de la decisión se destaca que: “La Constitución no requiere que el Congreso extienda los beneficios de SSI a los residentes de Puerto Rico. En Califano v. Torres, 435 U. S. 1, y Harris v. Rosario, 446 U. S. 651, la Corte aplicó la prueba de base racional deferente para confirmar la decisión del Congreso de no extender ciertos beneficios federales a Puerto Rico, señalando que debido a que el Congreso decidió tratar a los residentes de Puerto Rico a diferencia de los residentes de los Estados Unidos para propósitos de las leyes contributivas, podría hacer lo mismo para los programas de beneficios. Esos dos precedentes dictan el resultado aquí. La decisión del Congreso de eximir a los residentes de Puerto Rico de la mayoría de los impuestos federales sobre ingresos, donaciones, sucesiones e impuestos indirectos brinda una base racional para distinguir de manera similar a los residentes de Puerto Rico de los residentes de los estados a los fines del programa de beneficios de SSI. La posición contraria de Vaello Madero traería consecuencias potencialmente de gran alcance, con serias implicaciones para el pueblo puertorriqueño y la economía puertorriqueña. La Constitución no requiere ese resultado extremo”.
“La pregunta que se presenta es si el componente de igual protección de la Cláusula del Debido Proceso de la Quinta Enmienda requiere que el Congreso ponga a disposición de los residentes de Puerto Rico beneficios de Seguridad de Ingreso Suplementario en la misma medida en que el Congreso pone esos beneficios a disposición de los residentes de los Estados. A la luz del texto de la Constitución, la práctica histórica de larga data y los precedentes de esta Corte, la respuesta es no”, añade la opinión del Supremo sobre la exclusión de los puertorriqueños al SSI.
En marzo del 2021 el Supremo federal acogió un recurso de certiorari en el caso de Estados Unidos versus Vaello-Madero que debate sobre el beneficio a los puertorriqueños en la Isla.
La administración del expresidente de Estados Unidos Donald Trump había elevado el pleito al Tribunal Supremo, luego que el Circuito de Apelaciones de Boston y el Tribunal Federal de Distrito determinasen que el beneficio aplicaba a los puertorriqueños en la Isla. Se estima que de aplicar el SSI en Puerto Rico, el impacto sería de unos $2,000 millones. El gobierno del presidente actual, Joe Biden, no desistió del caso.
La demanda fue radicada inicialmente por el gobierno de Estados Unidos en una acción de recobro contra José Luis Vaello Madero.
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Este vivió en Nueva York del 1985 al 2013, donde recibía el beneficio del SSI por incapacidad. Luego, el hombre se mudó a Puerto Rico en el año 2013, pero seguía recibiendo el depósito del Seguro Social en su cuenta bancaria en Nueva York hasta el 2016. El gobierno de Estados Unidos inició una acción de recobro de dinero en su contra ante el Tribunal Federal de distrito, pero luego pidió la desestimación del mismo.
El gobierno de Estados Unidos pidió la desestimación del caso por falta de jurisdicción, alegando que aún habían procesos administrativos que Vaello-Madero podía agotar, pero el juez Gustavo Gelpí denegó esa petición de desestimación y el Tribunal de Apelaciones en Boston confirmó la determinación luego.
Antes de la determinación del Primer Circuito, el gobierno local se presentó como amigo de la corto. En ese entonces, la gobernadora Wanda Vázquez Garced, a semanas de ser ascendida al cargo ejecutivo, expresó que la intención de remover el derecho a los puertorriqueños era uno discriminatorio.
El Circuito de Apelaciones concluyó que “la exclusión de los residentes de Puerto Rico (al derecho de Seguro Social Suplementario) no está relacionada racionalmente con un interés del gobierno”. El caso en Boston fue atendido por los jueces Juan Torruella, Jeffrey Howard y Ojetta Rogeriee Thompson.
Luego la administración Trump recurrió al Supremo.
El secretario del Departamento de Justicia de Puerto Rico, Domingo Emanuelli, indicó en conferencia de prensa que es al procurador general del gobierno, Fernando Figueroa Santiago, a quien corresponde representar los intereses del Estado ante el Tribunal Supremo.
“Obviamente al gobierno de Puerto Rico le interesa que se mantenga la decisión del Primer Circuito de Boston, pero va a depender de lo que decida el Tribunal Supremo”, indicó Emanuelli.
“Quien interviene es el Procurador General de Justicia, su oficina está aquí, trabajamos en conjunto, pero él es un funcionario nombrado por el gobernador y yo soy un funcionario nombrado por el gobernador. Yo no puedo hablar por lo que él pueda pensar. Él tiene completa autonomía”, aclaró el titular de Justicia.
Durante su campaña, el presidente Biden insistió que su administración defendería la concesión del SSI para los residentes de Puerto Rico, elemento que han recalcado figuras como el gobernador Pedro Pierluisi y el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández.
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