La jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Sonia Sotomayor, fue la única disidente en la votación del caso de Vaello-Madero y que permite que se excluya a los puertorriqueños del beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI) y en su opinión catalogó como “cruel” que se le niegue este beneficio a la población que viven en la isla.
“La decisión del Congreso de negar a los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico una red de seguridad social que proporciona a casi todos los demás
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ciudadanos estadounidenses es especialmente cruel dada la necesidad de ayuda de esos ciudadanos. Puerto Rico tiene una población desproporcionadamente grande de personas mayores y personas con discapacidades”, expresó Sotomayor en la opinión emitida.
En el documento la jueza de raíces puertorriqueñas también habla de la falta de poder político de los residentes en la isla :”Debido a que los residentes de Puerto Rico no tienen representación con derecho a voto en el Congreso, no pueden depender de sus representantes electos para remediar las disparidades punitivas que sufren los ciudadanos residentes de Puerto Rico bajo el trato desigual del Congreso”.
“El programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) brinda un ingreso mínimo garantizado a ciertos ciudadanos vulnerables que carecen de los medios para mantenerse. Si cumplen con los criterios de elegibilidad federales uniformes, los beneficiarios tienen derecho a SSI independientemente de sus contribuciones, o las contribuciones de su estado, al Tesoro de los Estados Unidos, que financia el programa. A pesar de estos amplios criterios de elegibilidad, hoy la Corte sostiene que la decisión del Congreso de excluir a los ciudadanos residentes de Puerto Rico de este importante programa de red de seguridad es consistente con la garantía de protección equitativa de la Quinta Enmienda. Estoy en desacuerdo. En mi opinión, no existe una base racional para que el Congreso trate a los ciudadanos necesitados que viven en cualquier parte de los Estados Unidos de manera tan diferente a los demás de ciudadanos garantizados por la Constitución. Disiento respetuosamente”, lee parte de la opinión de la jueza.
El Tribunal Supremo de Estados Unidos revocó el caso de Vaello-Madero que generó debate sobre si los puertorriqueños eran discriminados por no recibir el beneficio del Seguro Social Suplementario (SSI).
La decisión contó con el voto de ocho de los nueve jueces del Supremo, siendo la jueza Sonia Sotomayor la única que votó en contra.
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En el resumen de la decisión se destaca que: “La Constitución no requiere que el Congreso extienda los beneficios de SSI a los residentes de Puerto Rico. En Califano v. Torres, 435 U. S. 1, y Harris v. Rosario, 446 U. S. 651, la Corte aplicó la prueba de base racional deferente para confirmar la decisión del Congreso de no extender ciertos beneficios federales a Puerto Rico, señalando que debido a que el Congreso decidió tratar a los residentes de Puerto Rico a diferencia de los residentes de los Estados Unidos para propósitos de las leyes contributivas, podría hacer lo mismo para los programas de beneficios. Esos dos precedentes dictan el resultado aquí. La decisión del Congreso de eximir a los residentes de Puerto Rico de la mayoría de los impuestos federales sobre ingresos, donaciones, sucesiones e impuestos indirectos brinda una base racional para distinguir de manera similar a los residentes de Puerto Rico de los residentes de los estados a los fines del programa de beneficios de SSI. La posición contraria de Vaello Madero traería consecuencias potencialmente de gran alcance, con serias implicaciones para el pueblo puertorriqueño y la economía puertorriqueña. La Constitución no requiere ese resultado extremo”.
En marzo del 2021 el Supremo federal acogió un recurso de certiorari en el caso de Estados Unidos versus Vaello-Madero que debate sobre el beneficio a los puertorriqueños en la Isla.
La administración del expresidente de Estados Unidos Donald Trump había elevado el pleito al Tribunal Supremo, luego que el Circuito de Apelaciones de Boston y el Tribunal Federal de Distrito determinasen que el beneficio aplicaba a los puertorriqueños en la Isla. Se estima que de aplicar el SSI en Puerto Rico, el impacto sería de unos $2,000 millones. El gobierno del presidente actual, Joe Biden, no desistió del caso.
La demanda fue radicada inicialmente por el gobierno de Estados Unidos en una acción de recobro contra José Luis Vaello Madero.
Este vivió en Nueva York del 1985 al 2013, donde recibía el beneficio del SSI por incapacidad. Luego, el hombre se mudó a Puerto Rico en el año 2013, pero seguía recibiendo el depósito del Seguro Social en su cuenta bancaria en Nueva York hasta el 2016. El gobierno de Estados Unidos inició una acción de recobro de dinero en su contra ante el Tribunal Federal de distrito, pero luego pidió la desestimación del mismo.
El gobierno de Estados Unidos pidió la desestimación del caso por falta de jurisdicción, alegando que aún habían procesos administrativos que Vaello-Madero podía agotar, pero el juez Gustavo Gelpí denegó esa petición de desestimación y el Tribunal de Apelaciones en Boston confirmó la determinación luego.
