El testimonio de Aitza Pabón Valentín, directora de la Reserva Nacional Estuarina de Bahía de Jobos, dejó plasmado el sinnúmero de denuncias y querellas que, al menos desde 2015, se han referido al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y otras entidades gubernamentales sin que se haya tomado acciones dirigidas a detener la comisión de delitos ambientales, procesar a los presuntos autores de los crímenes o reivindicar el derecho del Estado sobre la propiedad pública.
“Esta reserva ha hecho lo que tiene que hacer. El equipo de trabajo ha hecho lo que tiene que hacer, dando seguimiento, solicitando reuniones, documentando todos los informes mensuales que se envía a la agencia, a los gerenciales, informes semestrales que se envían a la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica). Siempre la reserva ha notificado este crimen ambiental”, subrayó la bióloga con la voz quebrada durante una vista pública de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes.
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Pabón Valentín declaró flanqueada por los exsecretarios del DRNA Tania Vázquez Rivera y Rafael Machargo, quienes tuvieron a su cargo la agencia entre enero de 2017 y marzo de 2022 y, como tal, tenían el deber ministerial de proteger la reserva, propiedad gubernamental desde 1981.
“El denunciar estos crímenes ambientales, el persistir en hacer el trabajo para el cual juramenté y denunciar la inacción de gerenciales como de agencias gubernamentales, que a todas luces fueron negligentes en proteger el patrimonio en nuestras costas puede tornar el que se me persiga e incluso que no permitan que nuestra Reserva Nacional de Investigación Estuarina Bahía de Jobos prospere en cumplir con la misión y tareas, pero la verdad me hace libre y Dios está conmigo”, subrayó Pabón Valentín al concluir su ponencia de 22 páginas.
La directora de la Reserva solicitó a la comisión que se citara a la jefa del Cuerpo de Vigilantes del DRNA, Haydelín Ronda, a quien identifica como una de las responsables de la inacción estatal sobre la zona protegida, “para que declare y aclare quién falta a la verdad”.
El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Edgardo Feliciano Sánchez, anunció a continuación que Ronda sería citada para una vista el 27 de abril.
Ronda “tiene mucho que aclarar”, dijo el legislador.
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Según Pabón Valentín, Ronda argumentó más temprano este año que los vigilantes del DRNA no podían acceder al área de la Reserva para recopilar información o intervenir con los violadores en la zona “por temor a su seguridad. Sin embargo, la directora de la Reserva, quien ocupa el cargo desde 2014, puntualizó que dos agentes del Cuerpo de Vigilantes indicaron bajo juramento que “no recibieron amenaza ninguna, verbal o telefónica”.
“En conclusión, no se hacen querellas, pero tampoco se trabaja en un plan activo para sorprender a los criminales ambientales ni se les da seguimiento para que remuevan el relleno y mitiguen el daño ocasionado al hábitat”, afirmó Pabón Valentín sobre el proceder más reciente del DRNA.
La dilación de procesos en el DRNA quedó reflejado, por ejemplo, en el tracto que siguió un caso administrativo por violaciones ambientales contra Guillermo Godreau Veguilla, hijo de Guillermo Godreau Marrero, el fenecido abogado que desde hace décadas habría vendido “participaciones” en los terrenos de dominio pública en la reserva salinense.
La primera vista administrativa correspondiente a una orden de cese y desista que se emitió en julio de 2015, relacionada con un patrón de construcciones ilegales, relleno de terrenos y deforestación, se celebró en mayo de 2016, pero luego, no se dio seguimiento a la vista en su fondo hasta julio de 2017, según el relato de Pabón Valentín. Posteriormente, el proceso fue reprogramada para febrero de 2018, pero fue suspendida por razones de salud de la abogada del DRNA, escenario que se repitió en abril de ese año.
Tras celebrar una vista en junio de 2018, la siguiente audiencia se programó para el 30 de noviembre, cuando la licenciada Claribel Díaz, del DRNA, planteó que el mejor curso de acción era acogerse a una multa por $5,000, ya que “el caso no se puede ganar porque no hubo testigos que vieran a los imputados cortar el mangle, ni hacer los rellenos, ni remover la corteza terrestre”.
La multa, que eventualmente se transó por $3,000, fue aceptada por el secretario interino Armando Otero el 19 de diciembre de 2019, aunque la resolución no se emitió hasta el 11 de febrero de 2020, bajo la jefatura interina de Cynthia Rivera.
En la vista transcendió, por voz de Mildred Sotomayor, abogada de carrera en el DRNA, que la multa finalmente se pagó hace unas “dos semanas” en la oficina regional de la agencia en Guayama. Los pagos, dijo Sotomayor, fueron emitidos por Godreau Veguilla, Santiago Rolón Vázquez y Carlos M. García, así como otra persona identificada en la querella como John Doe.
La exsecretaria Vázquez Rivera, por su parte, rechazó a preguntas de los legisladores haber tenido participación en la negociación o adjudicación de la penalidad. Vázquez Rivera, sin embargo, sí creó, mediante una orden administrativa de septiembre de 2019, el Comité de Transacciones que poco después autorizaría la penalidad reducida.
Declaran los exsecretarios
Al igual que Vázquez Rivera, Machargo participó de la vista y repasó y defendió las acciones que tomó con relación a las violaciones ambientales en Bahía Jobos.
“Contrario a la percepción pública, años antes de yo asumir el cargo como secretario, comenzaron los esfuerzos gubernamentales para recuperar esos terrenos y sus aguas y el récord así lo reflejan. Y si bien no se tuvo el éxito esperado, creemos que ahora, con la nueva estrategia que diseñamos, dejamos encaminada y divulgamos públicamente a través de una serie de entrevistas con la prensa, el DRNA en conjunto con las demás agencias del gobierno de Puerto Rico podrá ponerle punto final a la invasión a la propiedad del pueblo”, subrayó Machargo, quien renunció el pasado 31 de marzo.
Por su parte, Vázquez Rivera indicó que advino en conocimiento de la invasión en Bahía Jobos al entrar al cargo en enero de 2017, por lo que en abril de ese año cursó una misiva a la NOAA y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE).
Vázquez Rivera planteó que, desde entonces, realizó junto a personal de otras entidades públicas varias visitas a la zona protegida y extendió el contrato del agrimensor Carlos Vega para la delimitación de la reserva, con miras a proceder eventualmente con los procesos legales dirigidos a que el Estado recuperar control sobre el área.
La exsecretaria puntualizó que bajo su incumbencia se solicitó presupuesto adicional para crear una nueva academia de vigilantes, así como para obtener nuevo equipo y tecnología e incrementos en nómina.
“Es menester resaltar que, a pesar de nuestras múltiples peticiones, dicho presupuesto nunca fue asignado”, dijo Vázquez Rivera, quien renunció al cargo en noviembre de 2019.
La abogada precisó que, pocos meses antes, el 9 de mayo de 2019, le había solicitado formalmente a la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, “la investigación criminal por construcciones ilegales, segregación de terrenos e instalación de contadores ilegales de agua y energía eléctrica en terrenos de la Reserva. La carta tenía como anejo la información específica que se refería para la investigación”.
Justicia respondió con una solicitud para que el DRNA le remitiera el expediente de la controversia.
“Dicha misiva fue referida a la Oficina de Asuntos Legales, para continuar con los trámites correspondientes y las reuniones necesarias”, añadió Vázquez Rivera en la ponencia, donde no se precisa si el expediente, en efecto, se remitió a Justicia.
Citarán a profesional que autorizó permiso
Por su parte, el director ejecutivo del Consorcio de Permisos que componen los municipios de Coamo, Cayey, Villalba y Salinas (CCVS), César Rodríguez, declaró que en el portal gubernamental solo aparece un permiso de uso aprobado dentro de los límites de la reserva. El permiso, dijo el ingeniero, habría sido concedido por Ángel Rodríguez Sánchez, un profesional autorizado, a favor de “una propiedad ubicada en el Camino del Indio”, como se le conoce a la vía que lleva a la zona protegida.
El Consorcio CCVS, en funciones desde 2017, “no ha otorgado permiso de construcción o de uso” en la reserva.
“Cónsono con lo antes expuesto, podemos determinar que el Consorcio de Permisos CCVS, actuó de conformidad a las leyes y reglamentos aplicables”, afirmó Rodríguez.
Feliciano Sánchez, el presidente de la comisión, dijo que Rodríguez Sánchez sería citado a declarar en vista pública el próximo miércoles. A esa vista también se citaría a Carmen Guerrero, secretaria del DRNA entre 2013 y 2016 y actual directora regional de la Agencia federal de Protección Ambiental, representación de la Junta de Calidad Ambiental, ambientalistas y organizaciones de la comunidad Las Mareas, donde ubica la Reserva Estuarina.
Feliciano Sánchez también espera convocar a una vista ejecutiva para interrogar a representantes de la NOAA y el USACE.
En la vista de hoy, el representante Héctor Ferrer Santiago emplazó al gobernador Pedro Pierluisi a declarar una emergencia ambiental en Bahía Jobos, mencionando que los materiales usados para el relleno del humedal podrían contener sustancias tóxicas para la fauna y flora del área.
Una declaración de emergencia “facilitaría la entrada a los lugares, a eliminar los pozos sépticos que representan un posible daño al ecosistema y por ahí continuar rehabilitando el área”, dijo el legislador.
