El fiscal federal Stephen Muldrow indicó que el acusado Ramón Julbe Rosa fue sentenciado a 18 meses de cárcel y deberá pagar 270,941.98 tras declarase culpable de 12 cargos, incluido el robo de propiedad del gobierno y la introducción de nuevos medicamentos no aprobados en los Estados Unidos.
Ramón Julbe Rosa defraudó a la Administración del Seguro Social y a Medicare al recibir pagos de Beneficios del Seguro de Discapacidad del Seguro Social mientras trabajaba.
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Julbe Rosa también cometió fraude contra el Departamento de Asuntos de Veteranos por recibir de manera fraudulenta beneficios por desempleo y fraude en relación con los Beneficios por Desastre Mayor o Emergencia relacionados con el Huracán María. Julbe Rosa solicitó un Préstamo por Desastre de la SBA al declarar falsamente que el 20 de septiembre de 2017, su residencia principal, dañada por el huracán María, estaba ubicada en Morovis, cuando sabía muy bien que esa no era su residencia principal. Como resultado, el demandado recibió de manera fraudulenta 50,000 dólares de la SBA.
Además, Julbe Rosa se declaró culpable de introducir nuevos medicamentos no aprobados en el comercio interestatal. El acusado Julbe Rosa estableció y operó el sitio web www.aceitedeguanabana.com a través del cual promovía y vendía varios productos destinados a tratamientos para condiciones médicas graves sin la aprobación de la FDA. El acusado Julbe Rosa vendió al menos 341,242.26 dólares en medicamentos nuevos no aprobados.
Se ordenó a Julbe Rosa que hiciera la restitución de la siguiente manera: 57,552 dólares para la Administración del Seguro Social; 118,943.94 dólares para el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos; 47,002.10 dólares para el Programa de Medicare y 47,443.94 dólares para la Administración de Pequeñas Empresas; por un monto total de restitución de 270,941.98 dólares.
Este caso fue investigado por la Oficina del Inspector General del Seguro Social (SSA-OIG) con la colaboración de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Oficina de Investigaciones Criminales (FDA); Departamento de Seguridad Nacional, Oficina del Inspector General (DHS-OIG); Salud y Servicios Humanos, Oficina del Inspector General (HHS-OIG); Departamento de Asuntos de Veteranos, Oficina del Inspector General (VA-OIG); y el Negociado de la Policía de Puerto Rico.
La fiscal federal auxiliar especial Vanessa Bonano de la Administración del Seguro Social estuvo a cargo de la acusación en el caso.
