La secretaria interina del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Anaís Rodríguez Vega, adelantó que la agencia presentaría en “las próximas semanas” las demandas para remover a las personas que ocupan, a todas luces ilegalmente, propiedades dentro de la reserva estuarina de Bahía Jobos, en Salinas.
En una ponencia que sometió a la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Rodríguez Vega precisó que la agencia ha identificado “alrededor de 21 propiedades que están dentro de los terrenos pertenecientes al Departamento, propiedades y construcciones no autorizadas por el dueño del terreno, el DRNA, y dentro de un área designada como dominio público”.
“Esperamos que en las próximas semanas se presenten ante los Tribunales de Puerto Rico los diferentes recursos legales relacionados a la violación de leyes y reglamentos aplicables a las personas que han ocupado de manera ilegal esta Reserva”, planteó Rodríguez Vega ante la comisión que preside el representante Edgardo Feliciano Sánchez.
En enero pasado, bajo la jefatura de Rafael Machargo, el DRNA contrató al bufete González López & López Adames, precisamente con el objetivo de recopilar la información necesaria para proceder legalmente contra las personas que, presuntamente, ocupan y llevan a cabo actividades de forma ilegal en el área, que abarca unas 1,147 cuerdas en la zona conocida como Las Mareas.
“Hemos recopilado la evidencia necesaria para el pleito legal e identificando testigos y demandados”, indicó Rodríguez Vega, aunque posteriormente admitió, a preguntas del representante Héctor Ferrer Santiago, que la agencia debe identificar los nombres de algunas de las personas que serían demandadas.
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Durante la vista, el representante popular José “Cheíto” Rivera Madera cuestionó que el DRNA optara por recurrir a los tribunales, en lugar de proceder administrativamente para remover a los invasores.
Según Rivera Madera, el trámite judicial provocará que la permanencia de los ocupantes se extienda por un largo periodo.
“El Departamento no cree en violencia. […] Las personas tienen sus derechos, somos una agencia de ley y orden y así se va a hacer, cónsono con la ley”, insistió Rodríguez Vega a la prensa al salir de la audiencia.
La secretaria interina, sin embargo, no precisó si en el recurso legal que se presente se reclamaría a los demandados el costo por los trabajos de mitigación y restauración en la reserva estuarina, o si formaría parte de un proceso posterior.
“Puede estar dentro de un proceso posterior pero será parte de las reclamaciones que se harán”, aseguró la funcionaria.
De otra parte, el representante independentista Denis Márquez puntualizó en la vista que, ente 2004 y 2015, el DRNA recibió unas 16 querellas relacionadas con actividades en la Bahía Jobos. El legislador señaló que, conforme a la información sometida por la agencia, “no todas” las querellas habían sido adjudicadas y, en algunos casos, se transaron las multas que habían sido emitidas.
No obstante, Rodríguez Vega reconoció que el DRNA no había cobrado “ninguna” de las multas expedidas.
Las multas “no fueron suficientes para detener a las personas y las ilegalidades dentro del área. Por eso nos encontramos en el día de hoy y vamos para acciones civiles”, mencionó Rodríguez Vega, quien aseguró a la prensa que las demandas del DRNA no esperarán por que el Departamento de Justicia determine si tomará acción criminal contra los invasores.
En horas de la mañana, el agrimensor Carlos Vega Santos, quien ha investigado para el DRNA el caso de Bahía Jobos desde 2011, dijo en horas de la mañana que el exsecretario Machargo tenía como objetivo radicar las demandas de desahucio en mayo de este año.
Alcaldesa apoya desalojo parcial
La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, defendió nuevamente las acciones que ha tomado el municipio desde 2014, año en que llegó a endosar una solicitud de permiso de uso para una propiedad ubicada en la reserva de Bahía Jobos.
A preguntas del representante novoprogresista Gabriel Rodríguez Aguiló, la alcaldesa popular recalcó que los endosos que emiten los ayuntamientos están condicionados a que las solicitudes cumplan con el resto de las leyes y reglamentos pertinentes, elementos que son responsabilidad del gobierno central.
Rodríguez Aguiló ripostó que, de acuerdo con la Ley de Permisos de 2009, los municipios a los que la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) les delega la facultad de evaluar permisos cuentan con legitimación para impugnar judicialmente cualquier tipo de permiso otorgado dentro de su jurisdicción.
“Aquí hay una agencia que es custodia, propietaria, que no tan solo es el DRNA, sino que hay jurisdicción federal, que habían informado que llevan un proceso legal para investigar y actuar sobre ellas. Cuando esas cosas suceden, no tenemos por qué dudar o desconfiar que las agencias van a cumplir con su trabajo”, afirmó Bonilla.
¿Usted apoya que se remueva a las personas y se eliminen estructuras que fueron construidas de forma ilegal en esa zona?, le preguntó el legislador penepé.
“Sí, lo apoyo. De hecho, la Oficina de Manejo de Emergencias Municipal ha puesto a la disposición equipo del municipio para trabajar con la remoción del material si lo entienden necesario”, sostuvo Bonilla.
La alcaldesa aclaró que su postura se limita a las propiedades ubicadas dentro de la reserva, toda vez que en el área aledaña, conocida como Las Mareas, y que igualmente ubica en la zona marítimo terrestre o las franjas de salvamento, hay “residentes bona fide”.
En la vista pública, en horas de la mañana, el agrimensor Vega Santos declaró que, a su juicio, los residentes en las zonas que circundan la reserva estuarina igualmente ocupan las propiedades sin titularidad de los terrenos, debido a que los solares nunca se segregaron formalmente.
“Entiendo que hay que hacer un análisis legal. […] Tengo que reconocer que, más allá de las personas que muy posiblemente tienen ‘second homes’ (segundas casas) allí, hay residentes de la comunidad que viven aledaño a la rampa y, por lo menos en ese caso en particular, habría que ver cómo se pudiera trabajar. No estaría de acuerdo en que esas personas residentes bona fide de la comunidad, que llevan viviendo ahí por espacio de 40 o 50 años… Habría que ver qué análisis u opciones se les pudiera dar. En este momento, sin análisis legal y sin opciones para estas personas, no estaría de acuerdo”, puntualizó Bonilla.
Gabriel Hernández, secretario auxiliar de OGPe, reiteró en la vista que la dependencia nunca emitió permiso alguno de construcción o uso en la zona protegida.
El funcionario afirmó que los permisos de uso que se presentaron y ante la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) o la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) y fueron validados se encontraban falsificados o habían sido emitidos por los llamados profesionales autorizados. El profesional autorizado es una figura creada por la reforma de permisos de 2009, que permitió que ingenieros, arquitectos u otros especialistas avalaran solicitudes de uso de forma “ministerial”.
Sin embargo, Hernández subrayó que los profesionales autorizados carecen de injerencia en reservas naturales como la Bahía Jobos.
“Cualquier trámite que se solicite en una reserva sería de carácter discrecional, no de carácter ministerial. Nosotros, en OGPe, hicimos una querella tanto al consorcio (de permisos, compuesto por Cayey, Comerío, Villalba y Salinas) como a la Junta de Planificación para la auditoría de que ese permiso que emitió el profesional autorizado. Ahora mismo está bajo investigación”, dijo Hernández.
En la vista, el representante Márquez confrontó a Hernández cuando el jefe de OGPe respondió que no había advenido en conocimiento de una comunicación que Machargo le había enviado en septiembre de 2020, relacionada con los permisos que aparentemente se habían otorgado en Bahía Jobos, hasta que la controversia cobró relevancia mediática en pasadas semanas.
Según Hernández, su personal de confianza nunca le remitió la comunicación.
El director ejecutivo de la AEE, Josué Colón, testificó que, si bien la corporación pública realizó las conexiones eléctricas en la reserva, la información en detalle se encuentra en las bases de datos que desde el 1 de junio pasado maneja Luma Energy.
Luma Energy estuvo representada en la audiencia por José Pérez, su oficial de Asuntos Públicos, quien afirmó que los postes ubicados en la reserva natural se instalaron entre finales de la década de 1970 y la década de 1990.
Tanto Colón como Pérez, en tanto, expresaron que los empleados de la AEE o Luma no tendrían la capacidad de identificar documentación de permisos falsificada, pues “la documentación oficial del Estado se presume válida”.
Por su parte, la presidenta ejecutiva de la AAA, Doriel Pagán, afirmó que la corporación pública se encuentra evaluando opciones para “atemperar” sus sistemas para que puedan leer los “QR codes” que se incluyen en los permisos que emite OGPe. El pasado miércoles, la AAA desconectó seis acometidas de agua en la reserva, al tiempo que eliminó otras cinco acometidas que nunca se activaron.
Otras dos acometidas continúan bajo evaluación, luego de que los ocupantes de las propiedades presentaran unos alegados permisos ante la notificación que les envió la AAA.
Las vistas públicas de la Comisión de Recursos Naturales continuarán el miércoles, cuando se espera la comparecencia del ingeniero César Rodríguez, director ejecutivo del consorcio de permisos de Coamo, Cayey, Villalba y Salinas.