Mientras la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y Luma Energy parecen repartirse culpas en torno a la extensión de la interrupción de servicio en los pasados días, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, aseguró que la entidad se mantiene activa fiscalizando el contrato de privatización.
Paralelamente, Fontanés justificó la estructura y disposiciones del pacto que cedió, por un término de 15 años, el control de la transmisión y distribución de energía a Luma Energy.
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“Luma no es un contratista de la AEE como lo puede ser cualquier otro contratista. La AEE no le dice a Luma lo que tiene que hacer, porque si tuviéramos a la AEE diciendo lo que tiene que hacer, en efecto, sería la AEE la que está tomando las decisiones. Aquí estamos buscando un operador con peritaje que viniera a sacar la política de la toma de decisiones, a darle (al sistema eléctrico) una continuidad gerencial que no hemos tenido nunca y a sacar esa toma de decisiones e influencias que existía en la Autoridad que es la que nos trajo a esto”, enfatizó Fontanés.
En los pasados días, según se prolongaba la interrupción de servicio para cientos de miles de clientes, se cuestionó públicamente la capacidad de Luma Energy para atender la emergencia con agilidad, particularmente en momentos en que la AEE aseguraba que había generación disponible para energizar a todo el país.
“¿Por qué a estas alturas Costa Sur ni EcoEléctrica han entrado en línea? Ahí hay 1,300 megavatios más. No han entrado en línea por las mismas cosas, los protocolos del operador. Hay que agilizar”, insistió, por ejemplo, el ingeniero Tomás Torres Placa, representante de los consumidores ante la Junta de Gobierno de la AEE.
Torres Placa, en entrevista con Metro, expresó que, a su juicio, el acuerdo de operación y mantenimiento otorgado a Luma Energy debe ser enmendado para devolver a la AEE algún grado de injerencia sobre la administración de la red de transmisión y distribución y permitir que sea la corporación pública la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento del consorcio con el contrato.
Según se estipuló en el acuerdo, la AAPP funge como “administrador” del contrato.
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“En 2018 (mediante la Ley 120) se tomó la decisión de política pública de que se tenía que buscar un privado por las razones que todos sabemos y ahora es Luma quien toma esas decisiones. Diría que más allá que por disposición del contrato, es por disposición de ley y porque es la política pública que aplica. Esa fue la determinación de la Legislatura y el gobernador y ahora hay que acatarse a lo que aplica”, ripostó, por su lado, Fontanés.
De 10 a 15 empleados supervisando
Fontanés, en tanto, aseguró que la AAPP cuenta con el personal capacitado para ejercer sus funciones de supervisión del contrato de Luma Energy, incluyendo empleados que se dedican a tiempo completo a esa labor.
“Tenemos el peritaje. La mayoría de mi equipo son abogados de energía, son ingenieros. Pero lo más importante es lo que mencioné anteriormente, Luma no es un consultor. Ellos no nos dicen a nosotros y nosotros no le damos instrucciones a ellos de qué tienen que ir a atender o de qué manera. Son la entidad que corre el sistema de transmisión y distribución”, indicó Fontanés.
“Si vamos al contrato y vemos nuestras funciones, es cumplimiento contractual asegurarnos de que se cumpla con todo lo que establece el contrato. Puedo garantizar que estamos haciendo nuestra función. Habrá otras personas que entiendan que nuestra función es distinta a lo que establece la ley y el contrato, que se lean el contrato. Te diría que tenemos entre 10 y 15 (empleados). Diría que el 70% de su trabajo (es supervisar el contrato de Luma) y hay como seis personas que están 100% dedicadas a eso”, subrayó el también abogado.
Como parte de esa función, y en el contexto del apagón general, Fontanés sostuvo que la AAPP ha estado en comunicación con Luma Energy “desde el día uno”.
Para el jefe de la AAPP, las interrogantes sobre la cantidad y capacidad del personal que Luma Energy despliega en sus operaciones de campo es un asunto secundario, al argumentar que el desempeño de la empresa debe medirse por sus resultados en el manejo de la red, con métricas como la frecuencia y duración de apagones y la rapidez del servicio al cliente.
Luma Energy, indicó Fontanés, cuenta con poco más de 3,100 empleados entre todas las áreas que administra, incluyendo la transmisión y distribución, además de directorados como Finanzas, Servicio al Cliente y Compra de Combustible.
Asimismo, para Fontanés es lógico que la empresa todavía se encuentre en proceso de reclutamiento de empleados, considerando que en los próximos años el volumen de trabajo “va a seguir aumentando” como consecuencia de los proyectos de reconstrucción.
Comunicación constante
“Además de comunicarnos directamente con directivos de Luma, evaluamos los reportes que nos envían y en ocasiones presentamos preguntas e información adicional y, a la misma vez, levantamos asuntos que allá afuera no necesariamente entendemos que se están atendiendo o que están en su plato para que contesten y nos expliquen”, comentó Fontanés.
Como ejemplo de esas gestiones, Fontanés mencionó que en pasados días la AAPP levantó bandera cuando el mapa de apagones que Luma Energy mantiene tanto en su portal como en la aplicación móvil se encontraba inaccesible por alegadas labores de “mantenimiento”.
“Ellos explicaron que tenían fallas que estaban ocurriendo como parte del apagón y eventualmente eso se arregló”, dijo el director ejecutivo de la AAPP.
La responsabilidad de imponer multas o alguna otra penalidad, sin embargo, recae sobre el Negociado de Energía, tal como ocurría cuando la AEE controlaba la red de transmisión y distribución, indicó Fontanés.
El funcionario destacó que, cuando se le imponen multas, Luma Energy debe pagarlas directamente de los fondos que genera como parte del contrato de privatización, mientras que anteriormente la AEE lo hacía de su presupuesto operacional, lo que, según Fontanés, afectaba en última instancia el bolsillo de los clientes.
¿La privatización de la red ha cumplido con sus objetivos?, le preguntó Metro a Fontanés.
“Todavía falta, es un proceso a largo plazo. Nunca dijimos que iba a pasar de la noche a la mañana, pero definitivamente vamos en el camino correcto. Estos incidentes no le agradan a nadie y eventualmente tenemos que evitar que eso vuelva a ocurrir. Estamos bregando con un sistema viejo que no se le dio el mantenimiento adecuado por décadas, que no se invirtió en el mismo y nos va a tomar tiempo. Va a tomar tiempo pero no me cabe duda que esto es lo que teníamos que hacer”, replicó el funcionario.
