El exoficial de la Policía de Puerto Rico, Carlos Boyrie Laboy fue sentenciado este martes, a 48 meses de prisión federal y tres años de libertad supervisada por el Juez de Distrito Francisco Augusto Besosa por su papel en una conspiración de robo y extorsión.
Boyrie Laboy conspiró con el sargento Miguel Conde-Vellón y el oficial Luis Rodríguez García en múltiples ocasiones para ingresar ilegalmente a las instalaciones, detener a personas y robar bienes mientras se encontraban en su capacidad oficial como agentes de policía. Boyrie Laboy fue declarado culpable el 6 de diciembre de 2021 luego de un juicio con jurado de una semana. Conde Vellón y Rodríguez García se declararon culpables y fueron condenados a 24 meses de prisión.
PUBLICIDAD
Estados Unidos estableció en el juicio que el 29 de diciembre de 2016, los acusados, Conde Vellón, Rodríguez-García y Boyrie Laboy, mientras actuaban en su capacidad oficial como agentes de la PPR y portaban armas de fuego, ingresaron a la fuerza sin autorización a una residencia ubicado en el Barrio Duque en Naguabo, que creían que era la ubicación de la casa de escondite utilizada por el supuesto vendedor ilegal de pirotecnia. Los acusados registraron la residencia, localizaron y tomaron posesión de los siguientes artículos pirotécnicos: dos (2) cajas de fuegos artificiales que contenían cada una 40 piezas de fuegos artificiales genéricos, dos (2) cajas que contenían cada una 53 piezas de fuegos artificiales Thunder Max, una (1) caja que contenía 18 piezas de fuegos artificiales Premiere FWK y 2,995 dólares en moneda estadounidense, que creían que eran ganancias de actividades ilegales de la persona y la presencia de una fuente confidencial sin autoridad legal. De hecho, la pirotecnia y el dinero robado por los demandados era propiedad de los Estados Unidos, con un valor combinado de más de 1,000 dólares.
El 15 de junio de 2017 o alrededor de esa fecha, los acusados, Conde Vellón, Rodríguez García, Boyrie Laboy y Quermie Márquez Rivera, mientras actuaban en su capacidad oficial como agentes de la PPR y portaban armas de fuego, ingresaron a la fuerza sin autorización a una residencia ubicado en el Barrio Calabazas en Yabucoa, que creían que era la ubicación de la casa de escondite utilizada por el supuesto vendedor ilegal de equipos electrónicos robados. Los acusados registraron la residencia para localizar y robar dinero en efectivo y bienes pertenecientes al supuesto vendedor ilegal de equipos electrónicos. Encontraron y robaron dos tabletas Samsung y 6,350 dólares en moneda estadounidense, que creían que eran ganancias de actividades ilegales de un informante confidencial sin autoridad legal. De hecho, el equipo electrónico y el dinero robado por los demandados era propiedad de los Estados Unidos, con un valor combinado de más de 1,000 dólares.
Esta investigación fue realizada por la Agencia Residente de Humacao del FBI. La fiscal federal adjunta Marie Christine Amy manejó el enjuiciamiento del caso.
