El gobierno no entregó a la Cámara de Representantes, ni al Departamento de Justicia, todos los documentos de la investigación sobre crímenes ambientales en la Bahía de Jobos en Salinas. Parte de los documentos que se filtraron a la prensa muestran la falta de gestión de la exgobernadora, Wanda Vázquez, como secretaria de Justicia cuando se le solicitó una investigación formal sobre las denuncias.
Los documentos fueron revelados durante el fin de semana en el portal En Blanco y Negro de la periodista Sandra Rodríguez, y esta mañana la periodista Dianerys Calderón detalló en sus redes sociales que Justicia le adelantó que la agencia se ve impedida de mostrar documentos u ofrecer detalles cuando se trata de investigaciones en curso. Según fuentes del blog En Blanco y Negro, los documentos habrían sido removidos del expediente por personal de La Fortaleza.
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Parte de los documentos filtrados también incluyen una comunicación del exdirector de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Efrán Paredes, en la que se niega a cortar el servicio de electricidad a personas en la zona porque supuestamente habían evidenciado su permiso de uso. Tras el escándalo de los crímenes ambientales en la zona, ha salido a relucir que contaban con permisos de uso falsificados.
Algunos de los documentos filtrados incluyen: la carte de la AEE al entonces secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machardo negándose a cortar la luz con fecha de septiembre del 2020.
La solicitud a Wanda Vázquez como secretaria de justicia en mayo 2019 procuraba que se investigaran construcciones ilegales. Ese mismo mes Justicia le pide a la entonces secretaria del DRNA, Tania Vázquez, que les entreguen expediente y declaraciones para ellos poder proceder a investigar.
En febrero del 2021, el DRNA vuelve a solicitar a Justicia una investigación y le entregan un documento de la investigación previa que hizo la agencia con los hallazgos preliminares. En noviembre del 2021, hay una denuncia y petición de intervención de los vigilantes por parte del DRNA.
En los documentos también se evidencia que las autoridades federales tenían conocimiento hace tiempo sobre los crímenes ambientales en la zona.
