La solicitud del Departamento de Justicia (DJ) para que la delegada por la estadidad Elizabeth Torres sea destituida tuvo su primer día en corte en la sala del juez Anthony Cuevas, quien concedió cinco días a las partes para que argumenten sobre por qué debe entrar en la controversia.
Al inicio de la vista del lunes, el juez Cuevas expresó preocupación sobre el pedido del estado y advirtió que el proceso judicial se convierta en uno político. Dijo que la ley no establece criterios concretos para determinar si Torres incumple con sus responsabilidades.
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El DJ anunció recientemente que buscaría la destitución de Torres por presuntamente no cumplir con los deberes del cargo para el cual fue electa y por el que recibe un salario pagado con fondos públicos.
En la vista de hoy, la representación del DJ aseguró que de los informes presentados por Torres se puede concluir que la delegada no está trabajando para exigir al Congreso la estadidad para Puerto Rico, lo que se traduce en que no se está cumpliendo con las funciones del cargo.
El tema de los informes provocó un debate en el que Michael Corona, abogado de la delegada, planteó que los informes fueron entregados según dispone la ley, mientras el juez Cuevas le cuestionó a las fiscales del gobierno si pretendían que él aceptara por fe la alegación de que de los informes se desprende el incumplimiento por parte de Torres.
Corona aseguró que no compete al tribunal adjudicar si el contenido específico de los informes se puede interpretar como gestiones válidas a favor de la estadidad para la isla. El abogado sostuvo que el proceso contra Torres tiene motivaciones políticas y solicitó la desestimación del mismo.
