Dejaron pasar cinco meses para suspender el servicio de agua y luz, escuelas vandalizadas, con caballos y hasta una vecina que guardaba su carro en un plantel fue lo que encontró una auditoría de la Contraloría de Puerto Rico que se emitió el miércoles.
Esto fue lo que encontró una opinión cualificada de las operaciones fiscales de la Oficina Regional Educativa de Caguas del Departamento de Educación.
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La auditoría de un hallazgo señala que tres escuelas habían sido vandalizadas y se observaron caballos y jaula de animales. En un plantel, los candados habían sido cambiados por una vecina quien guardaba su vehículo en la escuela.
En tres escuelas se identificaron equipos abandonados y deteriorados como pizarras electrónicas, computadoras y equipos de vídeo, además de materiales educativos y documentos con información sensitiva como nombres, fechas y lugares de nacimiento de los estudiantes.
Al 9 de octubre de 2020, no se había actualizado el inventario de una de las escuelas cerradas que contaba con 371 unidades de propiedad por 204,051 dólares, en el Sistema de Información Financiera del Departamento de Educación (SIFDE). Esta situación ocasiona que el inventario de propiedad del Departamento de Hacienda y el de Educación esté sobrevalorado y que no cuente con información confiable.
Por otro lado, el área de almacén de equipos de la Oficina Regional Educativa de Caguas, no cuenta con servicios de agua ni luz, le faltan ventanas, mantenimiento de los alrededores, y los equipos para disponer y en desuso no estaban separados.
El Informe comenta que uno de los planteles es desuso está ocupado por una corporación privada sin fines de lucro cuyo contrato terminó el 12 de diciembre de 2018. El plantel se estaba usando para almacenaje de equipos y materiales.
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En la Oficina Regional Educativa de Caguas se cerraron 64 escuelas del 2017 al 2021.
Este primer informe, cubre el periodo del 1 de enero de 2016 al 28 de febrero de 2021, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
No suspendieron el agua y la luz hasta cinco meses después
El Informe revela desviaciones de ley y de reglamentación relacionadas con el proceso de cierre o consolidación de escuelas. Del examen realizado, se halló que cuatro de las 10 escuelas visitadas, tenían servicios de agua y energía eléctrica a pesar de haber transcurrido hasta más de tres años desde el cierre.
En otras cuatro escuelas, la suspensión de agua se tramitó hasta cinco meses después del cierre y los servicios de energía hasta 10 meses después del cierre. Al 31 de marzo de 2021 el Departamento tenía una deuda de 26,637 dólares con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Además de la deuda, esta situación propicia que personas ajenas puedan beneficiarse del uso del agua y la luz de las escuelas cerradas.
