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PFEI refiere a Ética Gubernamental caso del exalcalde de Corozal por compra de finca en el municipio

El Panel concluyó que aunque no existe prueba que pudiera demostrar la comisión de delito, “no escapa a la atención que se utilizó más de un millón de dólares del pueblo de Corozal para comprar una finca con unos supuestos fines agrícolas que nunca se materializaron”

Aunque existen acciones pendientes bajo investigación sobre actuaciones del exalcalde de Corozal, Sergio Tones Torres, que pudieran ser contrarias a la ley, el caso relacionado con la compra de una finca en dicho municipio fue archivado por el Panel sobre el FEI.

El Panel acogió la recomendación del Departamento de Justicia (DJPR) que se inició con una querella presentada ante la Oficina de Ayuda al Ciudadano, por el entonces ayudante especial de la Oficina del Alcalde, Juan Díaz Rivera.

“Aunque tras examinar el expediente sobre la investigacion preliminar de Justicia, el Panel concluyó que no existe prueba que pudiera demostrar la comisión de delito, subrayó que no escapa a la atención que se utilizó más de un millón de dólares del pueblo de Corozal para comprar una finca con unos supuestos fines agrícolas que nunca se materializaron”, lee la resolución.

“Ante ello, el Panel consideró que copia del expediente de este asunto debe ser remitido a la Oficina de Ética Gubernamental. Esto, a fin de que sea examinado bajo el derecho aplicable, a la luz de su ley habilitadora”, puntualizan en el documento.

En su alegato, ante Justicia, Díaz Rivera sostuvo que el exalcalde Tones Torres había adquirido, en representación del Municipio de Corozal, una finca por 790,000 dólares a sobreprecio y, además, sin que mediara fin público alguno.

La mencionada querella, fue asignada para la correspondiente investigación preliminar a la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor (DIPAC), cuyos resultados y recomendaciones dieron base al referido de ese departamento al PFEI.

El informe de la DIPAC hace constar que, como parte de su pesquisa se tomaron declaraciones juradas, subpoenas y entrevista, así como una inspección ocular del terreno en controversia.

Entre los entrevistados figuraron funcionarios y legisladores municipales, tasadores privados y del CRIM, y oficiales de la corporación que vendió el terreno al municipio de Corozal.

Como resultado de esas entrevistas, junto a otras instancias investigativas, se precisó la información y documentación relacionada con aspectos legales y de tasación en el mercado sobre propiedades. Asimismo, las normas sobre la utilización de fondos federales y los trámites realizados en el municipio de Corozal, en cuanto a la compraventa del solar de referencia.

Al final de esa etapa investigativa —que identificó, por ejemplo, diversidad de opiniones sobre el uso del terreno—, no surgió evidencia sobre la comisión de delitos en la transacción de la aludida compraventa.

En su Resolución, el Panel expresa que el Secretario de Justicia acogió la recomendación de la DIPAC de que no existe causa suficiente para creer que el exalcalde Torres Torres cometiera delito bajo las disposiciones del Código Penal de Puerto Rico. Por ello, recomendó al Panel que no se designara un FEI en este caso.

“La querella presentada contra el exalcalde Torres Torres está fundamentada en dos premisas. Primero, que la finca se compró a sobreprecio y, segundo, que la compra de la finca no persiguió un fin público. Estudiado el expediente, concluimos que no hay prueba en el mismo que pueda demostrar, más allá de duda razonable, la comisión de delito”, concluye el Panel en su Resolución.

Agrega el documento que el Panel, al acoger la recomendación del Secretario de Justicia de no nombrar FEI en este caso y por los fundamentos antes expuestos, ordena su archivo.

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