La Unión de Operadores de Máquinas en Ruta (UNOMAR) denunció hoy en conferencia de prensa que la Comisión de Juegos de Puerto Rico y su director ejecutivo, Orlando Rivera, han pretendido reglamentar esta industria cometiendo todo tipo de irregularidades y poniendo en riesgo a cientos de pequeños comerciantes locales.
UNOMAR, que representa a una treintena de operadores de máquinas en ruta, aseguró que la Comisión continuó emitiendo certificaciones de manera ilegal a operadores de máquinas de juegos no cualificados mientras pesaba una orden de paralización a los reglamentos que buscan regular esta industria en Puerto Rico. Además, el grupo dijo que los reglamentos aprobados en mayo de 2020 buscan beneficiar a grandes corporaciones y presentan trabas para que pequeños comerciantes locales que operan legítimamente máquinas de juegos al azar puedan certificarse. Las declaraciones se dieron en reacción a la determinación emitida recientemente por el Tribunal Supremo con relación a los reglamentos de la Comisión, que fueron impugnados por un grupo de operadores de máquinas en ruta.
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“El Tribunal Supremo acaba de decir que los operadores demandantes que impugnaron los reglamentos, que no son los operadores de UNOMAR, no podían demandar debido a que no se les había multado por la Comisión de Juegos ni habían sufrido daños. Es decir que, si son multados, pueden impugnar los reglamentos”, explicó el licenciado Michael Corona, representante de los demandantes en ese caso y actual representante legal de UNOMAR. Añadió que “desde que comenzaron los esfuerzos gubernamentales de regular la industria de máquinas en ruta, los procesos que se han seguido han sido altamente cuestionables y han estado plagados de irregularidades. Comenzando con la creación de los reglamentos, que fueron aprobados de forma ilegal, siguiendo con la emisión de certificaciones ilegales a empresas de nueva creación, en lugar de a operadores bona fide, como establece la ley, y continuando con actuaciones totalmente antiéticas del director de la Comisión”.
Específicamente, se mencionaron los reglamentos 9174 y 9175, conocidos respectivamente como Reglamento para la Fiscalización Operacional e Interconexión de Máquinas de Juegos de Azar en Ruta y Reglamento de Expedición, Manejo y Fiscalización de Licencias para máquinas de juegos. Ambos reglamentos fueron impugnados en tribunales por entender que fueron aprobados ilegalmente por la Comisión, mientras que la Junta de Supervisión Fiscal aún no los ha revisado ni aprobado.
En estos reglamentos se establecen los parámetros para legalizar 25,000 máquinas por el momento, hasta un máximo de 45,000, de un total de cerca de 80,000 que se estima que hay en toda la isla.
“Aquí hay dos caras de la moneda. El país debe conocer toda la verdad. La Comisión de Juegos y su director, Orlando Rivera, se han alineado con los grandes intereses, para beneficiar únicamente a unos pocos y dejar fuera a los operadores legítimos de máquinas de juego”, expresó Gilberto Narváez, uno de los portavoces de UNOMAR.
Narváez añadió que “la aprobación ilegal de los reglamentos que ahora regulan la industria y las actuaciones del director de la Comisión han sido un ataque frontal a nuestra industria. Insistimos en que es hora ya de que se destituya al señor Rivera, quien abiertamente ha favorecido a sectores a los que debe fiscalizar, por su constante interés de ponernos trabas en el camino a quienes por años hemos cumplido con todos los requerimientos de ley aplicables”.
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Aseguró también que los integrantes del grupo “son partidarios de que nuestra industria sea regulada, pero las reglas deben ser justas para todas las partes, no solo para el Estado”.
Se explicó que, hasta la fecha, la Comisión ha otorgado poco más de 100 certificaciones a operadores que son declarados mayoristas, pues, por ley, deben poseer un mínimo de 100 máquinas y un máximo de 250. Cada marbete o licencia tiene un costo de $1,500 por máquina, por lo que el costo mínimo por una certificación es $150,000. De igual forma, el gobierno requiere que los operadores de máquinas de juegos en ruta se conecten a un sistema central de computadoras, que todavía no se ha implementado, y se sustituyan las máquinas fabricadas en la isla por maquinas importadas cuyos costos suelen ser bastante elevados.
“El gobierno está obligando a los llamados mayoristas, que son quienes han podido obtener las certificaciones porque tienen el poder adquisitivo para hacerlo, a pagarle unos costos altísimos por licencia por máquina. Pero, muchos de estos mayoristas son empresas recién creadas hace apenas unos meses. Son personas con dinero que han montado empresas para beneficiarse de estos reglamentos arbitrarios con costos absurdos e imposibles de cubrir para la inmensa mayoría de los operadores legítimos de máquinas de juegos en Puerto Rico”, denunció Oscar Morales, otro de los portavoces del grupo.
El comerciante aclaró que los negocios que no han podido certificarse bajo el reglamento de la Comisión cuentan con licencias emitidas previamente por el gobierno, por lo que no operan las máquinas ilegalmente. “Es importante que entendamos que miles de operadores en Puerto Rico están debidamente registrados en el Departamento de Hacienda y han operado bajo las disposiciones de ley. No somos ilegales”, aseguró.
Los reglamentos 9174 y 9175 que han provocado esta situación surgen a raíz de la Ley 81 de 2019, conocida como la Ley de la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, que otorgó a la Comisión la responsabilidad de reglamentar las máquinas de juegos. Antes de esto, la responsabilidad caía bajo la Compañía de Turismo en virtud de la Ley de Reforma Contributiva aprobada en 2018.
Finalmente, se informó que UNOMAR se mantiene atenta a varios proyectos y resoluciones que se discuten en la Legislatura para enmendar las leyes vigentes y fiscalizar a la Comisión.
