La vista de presupuesto en la que depusieron el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Alexis Torres, así como funcionarios de la agencia y los comisionados de los respectivos negociados, se convirtió en otro debate sobre la conveniencia de agrupar varias dependencias con diversidad de funciones bajo una misma “sombrilla”.
“Dígame, en cinco minutos, las virtudes de la sombrilla”, le pidió al funcionario Juan Zaragoza, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado.
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En su respuesta, Torres mencionó que la estructura, creada a través de la Ley 20-2017, permite a los comisionados enfocarse en manejar “operacionalmente” cada uno de los seis negociados, dejando las funciones de ‘back office’ al organismo central.
“Pienso que la clave del Departamento es cómo nosotros lo vamos a unificar y (brindar) esa respuesta inmediata, consolidada, con diferentes comisionados, como se ha visto en varias operaciones, como la situación de los turistas en Condado”, mencionó Torres.
“Nosotros buscamos esos enlaces con las diferentes agencias, buscando los fondos federales a la vez. Yo pienso que la sombrilla busca trabajar el aspecto administrativo, que es lo que se ha hecho, quitarle esa carga a los diferentes comisionados y que se puedan enfocar operacionalmente y dar los servicios al pueblo. Buscamos unificar los recursos. Yo entiendo que lo hemos demostrado en diferentes situaciones”, afirmó el secretario de Seguridad Pública.
Desde un inicio, los detractores de la sombrilla del DSP argumentaron que la centralización de funciones administrativas generaría nuevas capas burocráticas que afectarían el desempeño de las siete agencias que, en un inicio, conformaron la sombrilla: los negociados de la Policía, Bomberos, Emergencias Médicas, Sistema 9-1-1, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), Investigaciones Especiales (NIE) y Ciencias Forenses.
En el 2020, tras los reclamos de su directora ejecutiva, María Conte, la Legislatura avaló devolver su autonomía al Instituto de Ciencias Forenses, al tiempo que expertos y algunos legisladores han impulsado el desmantelamiento del DSP o, al menos, retirar de la sombrilla a algunas de sus dependencias, particularmente el Nmead y el NIE.
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“Quizás el mayor defecto es ese mismo proceso en que nosotros podamos entender esta misma dinámica. Como toda agencia, ha tenido una cultura y pienso que, en el proceso, es dificultoso darle la oportunidad al cambio. Vengo de ese cambio que surgió en la esfera federal con lo que es el Departamento de Seguridad Nacional y fue un proceso dificultoso. Aun así, a través de los daños y diferentes misiones y visiones, hoy en día es un departamento poderoso. Ese es el caminar que queremos llevar aquí, pero es un proceso que tenemos que buscar cómo abrir la puerta y pienso que los mismos compañeros mientras van caminando se han dado cuenta del potencial de lograr ese cambio”, sostuvo Torres.
Piden definir métricas
Para el año fiscal 2023, que comienza el 1 de julio, el gobierno recomendó que al DSP y sus seis negociados se le asigne una partida global de $1,237 millones, de los cuales $1,166 millones provendrían del Fondo General.
Como parte del memorial entregado durante la vista legislativa, que se realizó de manera conjunta con la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, se precisa que, de las cifras solicitadas, la Policía recibiría $840 millones; Bomberos, $98.6 millones; Nmead, $17.1 millones; Emergencias Médicas, $35.3 millones; NIE, $9.7 millones y el Sistema 9-1-1, $19.6 millones.
Para costear la nómina y operaciones centralizadas del DSP, así como el pago de pensiones mediante modelo ‘pay-go’, la agencia solicita unos $234 millones, si bien la Junta de Control Fiscal (JCF) propuso $230 millones.
El representante Jesús Santa, presidente de la comisión cameral de Hacienda, cuestionó si el DSP y sus dependencias mantienen un cuadro claro de sus objetivos operacionales y métricas para determinar los niveles de cumplimiento.
“La expectativa no es que nos digan que al año resolvieron todos los problemas de la agencia o del país, pero sí esperamos que nos digan, mira, vamos caminando en esto, en esto vamos bien y aquí hay que apretar. De esa manera, me da más justificación a mí y en el caso de a usted, secretario, que tiene un presupuesto pedido por el gobernador mayor que el de la Junta, de cómo puedo convencer a la Junta de que ustedes necesitan el dinero”, planteó Santa.
En el caso del Negociado de la Policía, la dependencia más grande dentro del DSP, el comisionado Antonio López Figueroa reconoció el abismo entre la cantidad de agentes activos y la cifra que se requeriría para poder optimizar sus funciones.
Según mencionó Figueroa López, la Policía tiene 11,504 agentes en funciones, pese a que el coronel estima en 16,000 la cantidad de efectivos necesarios.
Para el año fiscal entrante, la Policía espera poder reclutar a 400 cadetes para su academia, pero la JCF solo ha autorizado presupuesto para unos 200, lo que deja una brecha de $10 millones entre el dinero solicitado y el que recomienda el organismo fiscal.
