Gobierno dará cinco días a residentes de Bahía Jobos para que justifiquen su conexión al servicio de agua

Unas ocho tomas de agua pudieron haberse activado de forma fraudulenta para servir a residencias u otro tipo de estructuras en la reserva natural de Bahía Jobos, en Salinas.

Ese es, hasta ahora –junto a unos 47 contadores posiblemente irregulares de la Autoridad de Energía Eléctrica–, el saldo de la investigación que realizan varias agencias públicas sobre la legalidad de los permisos a personas que residen o llevan a cabo otro tipo de actividades en el área, designada como reserva natural por el gobierno federal y es administrada por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Inmediatamente va a haber acción. En el momento que identifiquemos que un permiso para activación de una utilidad se hizo de forma fraudulenta, en el momento que me certifiquen que esos permisos no son legítimos se puede proceder a la desactivación de esas utilidades y eso va a ocurrir”, dijo Noelia García Bardales, secretaria de la Gobernación, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañada de varios jefes de agencias involucradas en la pesquisa.

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La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, precisó que el pasado 29 de marzo visitó, junto a personal de la corporación pública, la zona de Bahía Jobos, donde tras una delimitación del área protegida procedieron a identificar las tomas de agua que, potencialmente, se instalaron ilegalmente.

“Son 13 acometidas (dentro de la reserva). Hay ocho activas y cinco inactivas. Quiere decir que de esas ocho que pudimos identificar ya nosotros internamente procedimos a hacer la evaluación de la documentación, que contenían los permisos nosotros requerimos a cualquier cliente en la Autoridad. Como parte de la investigación, procedimos a compartir (con la Oficina de Gerencia de Permisos, OGPe) la información que teníamos en nuestros archivos para verificar su validez”, dijo Pagán.

“En las pasadas semanas y meses hemos estado colaborando tanto con Recursos Naturales como con Luma y Acueductos porque allí hay unas conexiones que parecen ser ilegales y estamos verificando la validez de esos documentos”, mencionó, por su parte, Gabriel Hernández, secretario auxiliar de OGPe.

Según Hernández, al momento la dependencia se encuentra en la “búsqueda de documentos que pueden ser falsificados” junto al consorcio de permisos que componen los municipios de Salinas, Cayey, Coamo y Villalba.

Aunque no precisó cuándo comenzaría el proceso, García Bardales indicó que a los clientes conectados a la AAA se le concederían cinco días para que remitan la documentación relacionada a los permisos.

“Si en cinco días el cliente no puede presentar un permiso fidedigno, sencillamente se procede al corte. Eso es un muy buen primer paso”, dijo la jefa de gabinete.

Además de las tomas de agua, en la reserva se identificaron dos hidrantes, cuya instalación se encuentra bajo investigación de la AAA.

Justifica estrategias del DRNA

García Bardales afirmó que ante la aparente ocupación ilegal de una zona protegida, el DRNA pudo haber optado por emitir multas diarias a los invasores. Sin embargo, defendió el proceder del exsecretario Rafael Machargo, al argumentar que el mecanismo de penalidades no habría resuelto “de raíz” el problema ambiental que supone la actividad en el mangle, que ha sido rellenado para dar paso a una zona con decenas de residencias y espacios ocupados por casas rodantes.

“Para evidenciar que la multa estaba ejecutada de la forma correcta tiene que haber titularidad, permisología, para poder identificar si todos esos documentos son veraces legítimos, tiene que haber un análisis. En vez de proceder con la estrategia de las multas, sencillamente se encaminó un análisis para que la finalidad sea el desahucio de las personas que pudiéramos identificar que sencillamente sean invasores”, expresó García Bardales, al recordar que el desahucio únicamente puede ejecutarse mediante orden judicial.

“Hay casos de 1976 que le corresponde a un tribunal adjudicar la legalidad de esa documentación para incidir en un desahucio. La realidad de todas las personas no es la misma, por eso es que no podemos necesariamente tomar una decisión igual para todo el mundo”, añadió la funcionaria, al indicar que pudieran darse casos en que, por ejemplo, una persona sea el titular legal de una parcela en la reserva, pero que haya construido estructuras de manera fraudulenta.

Para el trámite legal de la remoción de las personas invasoras, el DRNA contrató, en enero pasado, al bufete González López & López Adames. Entre las responsabilidades que se le asignan en el contrato –por $49,000 y con vigencia hasta el 31 de marzo de 2023–, el bufete debe recopilar documentación y tomar declaraciones juradas con miras a “sacar a los invasores” del área.

Aunque el gobierno central tiene constancia de la crisis ambiental desde, al menos, el 2016, García Bardales defendió la gestión de Machargo, quien lideró el DRNA desde 2020, tras ser nombrado por la exgobernadora Wanda Vázquez. Machargo renunció al cargo el jueves en la noche.

La funcionaria reiteró que la administración gubernamental de Pedro Pierluisi considera que, más allá de las potenciales irregularidades en el ámbito civil, en Bahía Jobos se han cometido “crímenes ambientales” que deben ser procesados por el Departamento de Justicia y atendidos para mitigar su impacto sobre el ecosistema costero.

En la pesquisa criminal, García Bardales no descartó que pudieran surgir denuncias contra funcionarios que se hayan prestado para emitir permisos o documentación, pero advirtió que el acto de “recibir” un documento falsificado no necesariamente constituye “negligencia”.

Pese a reportes de que, en parte, la resistencia del gobierno a intervenir con los invasores en Bahía Jobos responde a que el área es controlada por grupos vinculados al narcotráfico, la secretaria interina del DRNA, Anaís Rodríguez rechazó haber recibido ese tipo de denuncia de parte de miembros del Cuerpo de Vigilantes.

Antes de su salida, Machargo llegó a mencionar que los vigilantes de la agencia habían recibido amenazas que los colocaban en riesgo si tomaban acción en la zona.

“He escuchado lo que ha salido en la prensa. Responsablemente me he sentado como la comisionada (del Cuerpo de Vigilantes, Haydelín Ronda) porque ese es un asunto de importancia. Voy a investigar la situación”, dijo Rodríguez.

“Tengo la información que (Ronda) me proveyó en el día de ayer, pero no puedo descansar solamente en eso. Necesito ir adonde el personal, ver lo que está pasando y, esencialmente, ver todas las versiones. De necesitar la asistencia de la Policía se lo voy a dejar saber a las agencias”, sostuvo la jefa interina del DRNA.

A preguntas de la prensa, Rodríguez no brindó garantías sobre la permanencia de Ronda al mando del Cuerpo de Vigilantes.

Esta mañana, Rodríguez, Hernández y Pagán, junto un oficial de Luma Energy y la alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, comparecieron a una vista pública en la Cámara de Representantes, que investiga el asunto de Bahía Jobos. Sin embargo, la audiencia se extendió por menos de 30 minutos, toda vez que la Comisión de Recursos Naturales determinó cerrar los trabajos y permitir que la Cámara baja convoque al pleno para una vista ocular en la zona este miércoles.

El presidente de la Comisión de Recursos Naturales, Edgardo Feliciano, indicó que se convocaría otra vista pública para el lunes 18 de abril, de forma que los legisladores puedan analizar la documentación requerida a las entidades citadas, mucha de la cual fue sometida hoy mismo.

Entre la información entregada minutos antes de la vista figura el expediente recopilado por el DRNA sobre el caso de Bahía Jobos, que Machargo se había negado a proveer.