El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández, reaccionó a la suspensión sumaria del alcalde mayagüezano, José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, afirmando que esperará a que se complete la investigación criminal de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei) para expresarse con “firmeza”.
“En este momento, desconocemos las alegaciones en su contra, dado a que la información incluida en el sumario fiscal es confidencial, según lo establece el estado de derecho vigente”, indicó Hernández en declaraciones escritas.
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“Cabe destacar que este procedimiento corresponde a una decisión administrativa separada e independiente de una posible radicación de cargos criminales, según dispuesto en el Artículo 14 de la Ley de la Opfei. Por lo tanto, cuando concluya la investigación penal liderada por la Opfei, nos expresaremos con la firmeza que siempre nos ha caracterizado”, agregó el líder estadolibrista.
En horas de la mañana, el representante popular José “Cheíto” Rivera Madera manifestó que lo correcto en este momento era que Rodríguez Rodríguez presentara su renuncia.
La comunicación que la Opfei divulgó esta mañana precisó que, por el carácter confidencial de la investigación criminal que está en curso contra Rodríguez Rodríguez, no se ofrecerían detalles adicionales sobre los hallazgos de la pesquisa administrativa de la Unidad de Procesamiento Disciplinario Administrativo.
Como consecuencia de la suspensión sumaria, al alcalde se le despojó “de vehículos oficiales, celular, tarjetas de crédito, computadora y cualesquiera bienes pertenecientes al municipio de Mayagüez”.
Igualmente, “se ordenó que se le impida a Rodríguez Rodríguez el acceso a la casa alcaldía o a instalaciones municipales. Tampoco intervenir por sí o por medio de terceros con documentos o toma de decisiones en el municipio. Incumplir con las directrices emitidas por el Panel, podría conllevar sanciones ulteriores contra los funcionarios que las desatiendan”, añadió la Opfei.
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El orden sucesoral dispone que el vicealcalde, Jorge Ramos, debe quedar al frente de la administración municipal.
“Mientras se dilucidan estas imputaciones en los foros correspondientes, la Cámara de Representantes que me honro en presidir se mantendrá vigilante para garantizar que las operaciones del Municipio de Mayagüez no se vean afectadas y que se continúen brindando los servicios esenciales a los residentes de esta ciudad”, sostuvo Hernández en sus declaraciones.
El presidente del Partido Popular Democrático, José Luis Dalmau, aún no se ha expresado sobre la suspensión de Rodríguez Rodríguez, quien ha ocupado la poltrona mayagüezana desde 1993. Dalmau, también presidente del Senado, canceló una conferencia de prensa sobre otro asunto que había citado para las 11:30 a.m. y un portavoz indicó que convocaría a los medios más adelante en el día.
La ley orgánica del PFEI dispone que, luego que un alcalde es suspendido por el PFEI, tiene la posibilidad de impugnar la determinación en Tribunal de Apelaciones dentro de un término de 10 días laborales a partir de la notificación.
“El recurso de revisión deberá ser notificado al Panel en la misma fecha en que se presente ante el Tribunal de Apelaciones. El Panel, a su vez, dispondrá de un plazo de diez (10) días laborables, contado a partir de la notificación del recurso, para presentar su escrito de réplica ante dicho tribunal. El Tribunal de Apelaciones tendrá un término de veinte (20) días, contado a partir de la fecha de presentación del escrito de réplica del Panel, para notificar por escrito su determinación”, lee la Ley 2-1988.
Rodríguez Rodríguez fue referido a la Opfei luego de una investigación preliminar del Departamento de Justicia que concluyó que había causa para creer que el alcalde había cometido delitos relacionados con su función pública. La pesquisa de Justicia comenzó después que el representante novoprogresista José “Quiquito” Meléndez presentara, en marzo pasado, una querella relacionada con el uso de los fondos que el municipio habría brindado a asignaciones destinadas para el Centro de Trauma, así como el uso de otras instalaciones públicas, como el Palacio de Recreación y Deportes y el Hospital San Antonio, de colateral para garantizar préstamos.
