El representante popular José “Cheíto” Rivera Madera exigió al alcalde de Mayagüez, su correligionario José Guillermo “Guillito” Rodríguez Rodríguez, que renunciara luego de que el Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) lo suspendiera sumariamente tras una investigación de la Unidad de Procesamiento Administrativo Disciplinario (UPAD).
“Que renuncie. No tengo nada que comentar en esas cosas, si ya está allí sometido, si los supendieron sumariamente, tendrá derecho a defenderse en los foros que tenga que defenderse, pero el pueblo de Mayagüez no tiene que sufrir de estas sin alcalde por estos cargos. Lo mejor que (Rodríguez Rodríguez) haría al pueblo de Mayagüez es que renuncie”, dijo Rivera Madera tras ofrecer una rueda de prensa sobre otro asunto.
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La comunicación del PFEI precisó que, por el carácter confidencial de la investigación criminal que está en curso contra Rodríguez Rodríguez, no se ofrecerían detalles adicionales sobre los hallazgos de la pesquisa administrativa de la UPAD.
Como consecuencia de la suspensión sumaria, al alcalde se le despojó “de vehículos oficiales, celular, tarjetas de crédito, computadora y cualesquiera bienes pertenecientes al municipio de Mayagüez”.
Igualmente, “se ordenó que se le impida a Rodríguez Rodríguez el acceso a la casa alcaldía o a instalaciones municipales. Tampoco intervenir por sí o por medio de terceros con documentos o toma de decisiones en el municipio. Incumplir con las directrices emitidas por el Panel, podría conllevar sanciones ulteriores contra los funcionarios que las desatiendan”, añadió el PFEI.
Ante la suspensión de Rodríguez Rodríguez, se espera que el vicealcalde Jorge Ramos permanezca al frente de la administración municipal.
El presidente del Partido Popular Democrático (PPD) y del Senado, José Luis Dalmau, había convocado a la prensa a una conferencia sobre otro tema para las 11:30 a.m., pero fue cancelada tras conocerse sobre la suspensión del veterano alcalde mayagüezano. Un portavoz de prensa indicó que el líder político comparecería ante la prensa más adelante en el día.
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La ley orgánica del PFEI dispone que, luego que un alcalde es suspendido por el PFEI, tiene la posibilidad de impugnar la determinación en Tribunal de Apelaciones dentro de un término de 10 días laborales a partir de la notificación.
“El recurso de revisión deberá ser notificado al Panel en la misma fecha en que se presente ante el Tribunal de Apelaciones. El Panel, a su vez, dispondrá de un plazo de diez (10) días laborables, contado a partir de la notificación del recurso, para presentar su escrito de réplica ante dicho tribunal. El Tribunal de Apelaciones tendrá un término de veinte (20) días, contado a partir de la fecha de presentación del escrito de réplica del Panel, para notificar por escrito su determinación”, lee la Ley 2-1988.
Rodríguez Rodríguez fue referido al PFEI luego de una investigación preliminar del Departamento de Justicia que concluyó que había causa para creer que el alcalde había cometido delitos relacionados con su función pública. La pesquisa de Justicia comenzó después que el representante novoprogresista José “Quiquito” Meléndez presentara, en marzo pasado, una querella relacionada con el uso de los fondos que el municipio habría brindado a asignaciones destinadas para el Centro de Trauma, así como el uso de otras instalaciones públicas, como el Palacio de Recreación y Deportes y el Hospital San Antonio, de colateral para garantizar préstamos.
Aunque el gobierno federal presentó cargos a un grupo de funcionarios y empresarios por alegada corrupción relacionada con los préstamos garantizados con propiedad del ayuntamiento y una corporación municipal, Rodríguez Rodríguez no forma parte de las acusaciones.
El representante Rivera Madera, por otra parte, sostuvo que, contrario a la postura que hasta el momento ha asumido Dalmau, el liderato del PPD debería entablar comunicación con el alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz Cruz, quien, de acuerdo con reportes periodísticos, fue citado en pasados días a comparecer ante un Gran Jurado federal.
“Yo como secretario o presidente del partido probablemente habría dado también un espacio tal vez el día de ayer, pero ya el día de hoy estaría haciendo las llamadas pertinentes. Hay que ver que es una situación de un Gran Jurado federal y no queremos que sea ve se está entrando en una intromisión indebida en la investigación. Si me preguntas a mí, ayer yo hubiese dado el espacio, pero hoy o mañana estuviera llamando y pidiendo explicaciones sobre qué está ocurriendo y lo que pueda decir”, dijo el legislador de primer término.
Aunque Cruz Cruz no ha sido acusado, su pasado ayudante ejecutivo, Radamés Benítez, fue acusado en diciembre pasado por las autoridades federales de participar en un esquema de ‘kickbacks’ junto a contratistas municipales.
¿Cómo se afecta la imagen del PPD?, se le preguntó a Rivera Madera.
“De la misma manera que podría quedar la imagen del Movimiento Victoria Ciudadana con la acusación de la compañera (representante) Mariana Nogales, como podría quedar el PNP (Partido Nuevo Progresista) con la acusación de… Todos los partidos sufren cuando esto sucede. Pero yo quiero ser bien claro en esto, la corrupción en Puerto Rico, más que un asunto de partidos, es un asunto bien personal. Porque cuando llegas a una posición de poder tienes la opción de hacer las cosas correctamente o de beneficiarte de tu cargo. Eso puede ser un partido, rojo, verde o azul, lo que pasa es que hay gente que no ha llegado a esas posiciones de poder y no podemos juzgarlos todavía. ¿Pero alguno de ustedes me pude asegurar a mí que si alguien del MVC llega a ser gobernador o alcalde no va a robar? Nadie me lo puede asegurar”, dijo Rivera Madera.
En el caso de Nogales, en pasadas semanas fue referida por el Departamento de Justicia al PFEI, con una recomendación de que se amplíe la investigación sobre si cometió delitos contributivos a través de empresas en las que figura como ejecutiva.
