El representante José “Cheíto” Rivera Madera cuestionó que ayer La Fortaleza le requiriera a la Comisión de Turismo y Cooperativismo copia de su reglamento prácticamente de forma simultánea a que un bufete de abogados para el que trabajó en el pasado el gobernador Pedro Pierluisi hiciera lo propio con relación a una investigación que conduce el organismo legislativo.
Para Rivera Madera, quien preside dicha comisión, resulta “sospechoso” la aparente coincidencia y consideró que La Fortaleza está “interfiriendo” indebidamente con las funciones legislativas.
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“Creo que estamos ante un escándalo. Estamos ante una intervención indebida de Fortaleza. Hay fuerzas allegadas a Fortaleza que están interfiriendo e interviniendo en la investigación y tratando de torpedear esta investigación para que no se llegue a la realidad”, dijo Rivera Madera.
Específicamente, la Comisión de Turismo y Cooperativismo ha indagado sobre unos viajes que ha realizado el director ejecutivo de la Comisión de Juegos, Orlando Rivera Carrión, y que alegadamente han sido costeados por empresas privadas interesadas en hacer negocios en Puerto Rico relacionados con las máquinas de juegos de azar.
WinSystems, una de las empresas que habría pagado dos viajes de Rivera Carrión a Barcelona –uno en julio y otro en noviembre de 2021–, tiene como representante legal en Puerto Rico a O’Neill & Borges, el bufete para el que trabajó Pierluisi hasta 2019, luego de salir de la comisaría residente en Washington y previo a que asumiera fugazmente el cargo de gobernador tras la renuncia de Ricardo Rosselló.
“Yo no creo en las coincidencias. Yo creo que aquí hay alguien protegiendo al señor Orlando Rivera Carrión. Aquí las pregunta que yo tengo para el señor gobernador son fáciles, y él debe contestarlas fácilmente o la persona que hizo los requerimientos: ¿quién en Puerto Rico pagó los pasajes?, ¿por qué no quieren comparecer?, ¿por qué Fortaleza pide ahora los reglamentos si estamos citando a una empresa privada que representa el bufete donde trabajaba el gobernador de Puerto Rico?, ¿quién en Fortaleza dio la orden de pedir ese reglamento y a petición de quién?”, enumeró Rivera Madera.
Según las copias de los correos electrónicos suministradas por Rivera Madera, La Fortaleza, por medio de Alberto León Ayala, asesor de la Secretaría Auxiliar de Asuntos Legislativos, solicitó el reglamento de la comisión a las 10:24 a.m. del 30 de marzo. El licenciado Josué González Aldarondo, de O’Neill & Borges, solicitó el documento en representación de WinSystems a las 10:37 a.m., 13 minutos después.
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“La Secretaría Auxiliar de Asuntos Legislativos y Reglamentarios de La Fortaleza solicita documentos públicos a la Asamblea Legislativa como parte de su rol de analizar la gestión legislativa. Ese reglamento en particular había sido solicitado una semana antes del correo electrónico mediante la Secretaría de la Cámara, y luego a la Comisión, quienes indicaron que debía ser solicitado por correo electrónico y así se hizo, pues se trata de un documento público que debía estar en la página de la Cámara como están los reglamentos de todas los demás Comisiones, pero este en particular no estaba”, indicó por escrito Carlos Rivera Justiniano, asesor en asuntos legislativos del gobernador.
“Nuestra oficina solicita reglamentos, ponencias, proyectos y cualquier otro documento público que tenga que ver con el Gobierno como un procedimiento estándar y eso no implica en ningún momento intervención indebida, pues es parte de las funciones de esta Oficina”, agregó Rivera Justiniano.
La Fortaleza, en su reacción, no aludió a la sospecha de coordinación entre el ejecutivo y O’Neill & Borges para proteger al director de la Comisión de Juegos que expresó Rivera Madera.
De acuerdo con Rivera Madera, en sus citaciones a la Comisión de Turismo y Cooperativismo, Rivera Carrión ha justificado los viajes pagados por empresas privadas al amparo de una disposición de la Comisión de Juegos.
“Cuando dicen que el reglamento les da ese poder de que un regulado le pague un viaje a un regulador, va contra cualquier ley de sana administración tanto de ética como en justicia, no hay manera que eso se sostenga y no hay reglamento que pueda ir por encima de una ley. Segundo, el reglamento no estaba activo en ese momento, porque el Tribunal Supremo lo había declarado nulo”, afirmó el representante por el Distrito 23, que incluye partes de Yauco, Guayanilla, Peñuelas y Ponce.
El legislador agregó que una revisión que la Comisión de Turismo y Cooperativismo realizó sobre el reglamento de la Comisión de Juegos no encontró ninguna disposición referente a la posibilidad de que entes privados sufraguen los costos de viajes.
“Decir que La Fortaleza le pidió el Reglamento de la Comisión de Turismo para entorpecer una investigación es falso. Primero que nada, ese tipo de pedido se hace siempre como parte de los trabajos de la rama ejecutiva en su interacción con el legislativo, particularmente cuando existe requerimiento de información. Por otra parte, el pedido se hizo por teléfono y de la misma oficina de la Comisión indicaron que se hiciera por correo electrónico, cosa que se hizo. La propia respuesta de la Comisión al pedido fue cordial y sin levantar ningún asunto, por el contrario, la persona que contestó se colocó a la ‘disposición’ de La Fortaleza sin reparos. Es obvio que la denuncia no es apropiada”, afirmó, por escrito, el representante novoprogresista José Aponte.
“La Cámara de Representantes tiene la facultad de investigar, eso no cabe duda alguna. Pero no se puede usar datos para acomodar una alegación que es falsa. No sé si el representante Rivera fue conducido a error por no tener la información a la mano, o lo hizo para levantar algún ‘issue’ que no existe. Pero la realidad es que La Fortaleza no intervino en ninguna investigación que realiza la Comisión de Turismo y Cooperativo”, añadió el representante José “Memo” González en el mismo comunicado de prensa.
