Por Víctor Rodríguez Velázquez y Omaya Sosa Pascual | Centro de Periodismo Investigativo
Por décadas, un crimen ambiental ha estado ocurriendo en la Reserva Bahía Jobos en Salinas ante los ojos de muchos e implica a múltiples ramas del Gobierno de Puerto Rico y del Gobierno federal que han sido consistentemente negligentes en el descargo de sus funciones, reveló una investigación del Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Se trata de la ocupación y construcción ilegal, la deforestación de mangles, el relleno de humedales y las descargas sanitarias al mar en un área de alto valor ecológico de la zona marítimo terrestre.
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Existe un conflicto por la titularidad de las tierras donde se ubica la reserva y al día de hoy no existe un estudio de título de los terrenos, donde hay ocupantes con escrituras que remiten al Tratado de París de 1898, confirmó el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Rafael Machargo, en entrevista con el CPI.
La Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía Jobos, cuyos 2,800 acres pertenecen en su mayoría a DRNA, fue adquirida con fondos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) y es manejada con dinero federal desde 1981, por lo que hay jurisdicción conjunta sobre ella. Es única en su tipo en el Caribe y una de tan solo 29 en todo Estados Unidos y sus territorios.
El daño ambiental en el área de la Reserva comenzó por lo menos a partir de los años 1970, aumentó en la década del 2000, y aceleró sin control entre 2017 y 2020, según fotos aéreas y testimonios obtenidos por el CPI.
Cuando se le preguntó a Machargo por qué él y sus antecesores en el DRNA no activaron a la Policía de Puerto Rico para detener la tala, los rellenos de terrenos y las construcciones ilegales, se justificó diciendo que las actividades ocurrían en altas horas de la tarde, noche y madrugada. La alcaldesa de Salinas, Karilyn Bonilla, quien aceptó tener conocimiento desde que entró funciones en 2013, dijo que no tiene jurisdicción y que hacía los referidos al DRNA.
“Obviamente”, respondió Machargo cuando el CPI le preguntó si consideraba que todas las dependencias municipales, locales y federales concernidas habían sido negligentes en el cumplimiento de su deber en este caso. Machargo, quien lleva desde la semana pasada afirmando a diversos medios de comunicación que le cortaría los servicios básicos a los “invasores” y los llevaría al tribunal para desahuciarlos del lugar, el martes cambió el tono durante la entrevista con el CPI y aceptó que en estos momentos no está en posición de hacer ninguna de las dos cosas. Aseguró que desde que asumió el puesto en septiembre de 2020 ha actuado para resolver el caso.
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“Es bien compleja la titularidad de esa propiedad para poder determinar quiénes son los invasores y quiénes tienen titularidad”, sostuvo una fuente que participó del proceso de investigación del caso y que habló bajo condición de anonimato.
En el área, tanto dentro de los límites de la reserva como en las colindancias, hay comunidades históricas, como los pescadores de Las Mareas y personas que llegaron posteriormente, en los años 90, que sostienen que son dueños o tienen derecho de uso de predios, por lo que no toda el área en controversia pertenece al DRNA.
Pero la fiscalización de las reglas de uso y construcción en la zona que es ecológicamente sensitiva, tanto dentro de la reserva como afuera, es responsabilidad del DRNA y de varias agencias locales y federales, sostuvo el exvicepresidente de la Junta de Planificación (JP), Pedro Cardona Roig.
Precisamente, uno de los reclamos de la comunidad es que se les ha restado participación en la conservación y los planes de manejo de la reserva, expresó Roberto Thomas, coordinador de la Iniciativa de Ecodesarrollo de Bahia de Jobos (IDEBAJO). Son precisamente los pescadores y las personas de la comunidad los principales afectados por la situación y quienes han denunciado el problema en distintos foros.
En enero el CPI reveló la magnitud de la deforestación, del relleno de humedales y de las construcciones ilegales en el litoral costero en la Bahía Jobos, basado en fotos y videos aéreos, así como denuncias de personas de la comunidad y pescadores.
Agencias federales, como el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE, en inglés) y el Departamento de Justicia federal, tienen conocimiento de las construcciones ilegales en el área desde 1972, cuando llevaron un primer caso de cese y desista contra una docena de personas, y obtuvieron un fallo a su favor. Sin embargo, ni USACE ni Justicia federal continuaron con los trámites para hacer valer la orden, según confirmaron tres fuentes del CPI vinculadas al proceso legal. El caso cuenta con una orden judicial desde el 22 de junio de 1981 del entonces juez federal Hernand Pesquera. El fiscal federal era Raymond L. Acosta.
USACE no accedió a entrevista con el CPI y se limitó a expresar que el ente federal “está al tanto del presunto relleno y estructuras no autorizadas dentro de la Reserva Santuario de Bahía Jobos. Sin embargo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos no comenta sobre asuntos de cumplimiento en curso”.
La deforestación, los rellenos y las construcciones ilegales — algunas con descargas sanitarias directo al mar — continuaron por 34 años más, hasta que en 2015 la ex secretaria Recursos Naturales y Ambientales y hoy directora regional de la Agencia Federal para la Protección Ambiental (EPA en inglés), Carmen Guerrero, presentó una orden de cese y desista, que imponía cientos de miles de dólares en multas y acciones de mitigación a tres individuos por incumplimiento de varias leyes ambientales, entre ellos Guillermo Godreau Veguilla, hijo del abogado Guillermo Godreau Marrero, uno los implicados del caso original de USACE. Fuentes del CPI indicaron que Godreau Marrero fue asesinado en 2006. Se intentó obtener la versión de la historia de Godreau Veguilla, pero no se obtuvo una respuesta.
Guerrero también encomendó un estudio completo de agrimensura del área que fue completado y sirve de base a los planes de manejo de la reserva que se han presentado posteriormente.
Desde esta época, el USACE, la NOAA y el Departamento de Justicia de Puerto Rico tenían conocimiento de que el DRNA requería la intervención de la Policía de Puerto Rico, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) e incluso la Administración de Control de Drogas (DEA, en inglés) — porque hay alegaciones de actividades vinculadas al narcotráfico en el área — para intervenir con los infractores, pero nada pasó, dijeron las fuentes. Guerrero salió del puesto en mayo de 2016 y en su lugar quedó Julio Méndez como secretario interino hasta enero de 2017, cuando el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares nombró a Tania Vázquez.
Pero el CPI pudo ver que Vázquez recibió una oferta del abogado de Godreau Veguilla por una multa de $3,000 y la pasó al comité evaluador del caso, que aceptó la misma en diciembre de 2019, a un mes de la salida de Vázquez del puesto, según surge de un documento interno. De acuerdo con una fuente del CPI, esta multa no fue pagada.
Las estructuras ilegales no sólo quedaron en su lugar, sino que incrementaron significativamente las construcciones durante su administración, según observó el CPI en fotos áreas.
En declaraciones escritas enviadas al CPI, Vázquez alegó que durante su incumbencia hizo “todas las diligencias posibles para trabajar con la situación que estaba ocurriendo” y dijo no recordar haber transado el caso. Machargo, quien sabía que sería entrevistado sobre este asunto, sostuvo que no tenía la información del caso a la mano y que tenía que buscar los pormenores.
Según Vázquez, el 10 de abril de 2017 envió una carta a la NOAA, dirigida a Jeffrey L. Payne, explicando la situación en la reserva. “La misiva contenía una cronología de los eventos desde el 2015. En dicha carta le solicitamos ayuda a ellos (NOAA) y a través de ellos, al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, para poder trabajar la situación ya que existe jurisdicción compartida en la situación”, precisó.
La NOAA hizo su evaluación y en 2018 emitió un informe en el que documenta los daños y ordena al DRNA a presentar un plan en seis meses, para en 18 meses eliminar las estructuras ilegales y mitigar para restablecer el terreno a su condición natural.
Vázquez aseguró que cumplió con la NOAA al entregar en 2019 ese plan de acción. La abogada no aclaró por qué no procedió con la demolición de las estructuras ilegales y el comienzo de mitigación en un periodo no mayor a 18 meses como exigía el informe. En el plan, el DRNA reconoce que tiene solo un vigilante asignado a velar por el cumplimento de las normas en la reserva y sus aguas. El director del Negociado de Reservas y Refugios para la época era Idelfonso Ruiz, el mismo funcionario que luego pasó a OGPE e intervino en el caso del permiso ilegal otorgado en la zona marítimo terrestre del condominio Sol y Playa en Rincón.
Por su parte, Alison Gillespie, portavoz de la NOAA, dijo al CPI que “siguen preocupados por las actividades ilegales y los impactos resultantes en el ecosistema y la reserva, y continuará monitoreando el progreso a través de estas reuniones periódicas hasta que se resuelva este problema y se establezca un plan para la restauración”.
No aclaró qué acciones, si alguna, tomó la agencia federal para asegurar que el DRNA cumpliera con su órden. Se limitó a mencionar que la NOAA “se ha estado reuniendo periódicamente con el secretario del DRNA y otros representantes del Gobierno de Puerto Rico, mientras el DRNA emprende acciones legales para eliminar el desarrollo ilegal”.
Vázquez tampoco aclaró por qué no acudió a la Policía para detener las construcciones de inmediato. Se limitó a indicar que durante su administración “se enviaron múltiples comunicaciones y se convocaron reuniones interagenciales para trabajar el problema en un frente unido”.
Vázquez también se refirió a una carta que envió en 2019 al Departamento de Justicia, entonces dirigido por Wanda Vázquez — que meses después ocupó la gobernación — para que se investigara el asunto. Justicia pidió tiempo extra para responder las preguntas de CPI, pero de entrada aclararon que se trata de asuntos “diligenciados en años anteriores a que el licenciado Domingo Emanuelli Hernández asumiera el cargo de secretario de Justicia”.
“Se contactaron a múltiples agencias estatales como AEE (Autoridad de Energía Eléctrica), AAA (Autoridad de Acueductos y Alcantarillados), Municipio, Departamento de Justicia, entre otros. Toda vez que teníamos información que muchas de las casas construidas tenían contadores de agua y de energía eléctrica, era necesario la participación de otras agencias. Es importante destacar que el DRNA por ser una agencia del ejecutivo sin personalidad jurídica debe ser representada en los procesos de desahucio por el Departamento de Justicia”, dijo la exsecretaria de Recursos Naturales y Ambientales.
Los directivos de la AEE y la AAA dijeron por escrito al DRNA que conectaron los servicios porque estas personas presentaron los debidos permisos. Machargo dijo al CPI que entiende que estos permisos son ilegales y que espera que Justicia investigue el caso. Mencionó además que “si no se ha cortado el agua y la luz de esos permisos hay personas que no han hecho su trabajo”.
El 22 septiembre de 2020, Machargo envió cartas a la AEE y la AAA solicitando la suspensión del servicio de energía eléctrica y agua potable, respectivamente, a contadores ubicados en los predios de la reserva. Ambas corporaciones públicas denegaron la petición de Machargo, puesto que al verificar la información de los contadores, tanto la AEE y la AAA encontraron que los clientes a nombre de los que aparece el servicio presentaron los documentos requeridos por la Oficina de Gerencia de Permisos, como permisos de uso y certificación eléctrica.
Ni LUMA Energy — consorcio que en 2021 asumió la distribución eléctrica de la AEE — ni la corporación pública accedieron a una petición del CPI para revisar dichos expedientes, aduciendo a que los casos están bajo investigación.
El CPI cuestionó a Machargo si el DRNA también fue negligente al no tomar acción para detener la deforestación de mangles y las construcciones, que se aceleraron a partir de 2017, según confirmaron varias personas de las comunidades aledañas a la reserva que prefirieron mantenerse en anonimato.
“Yo puedo responsabilizarme del trabajo que estamos haciendo desde que yo llegué al Departamento”, dijo en referencia a que fue nombrado al puesto en septiembre de 2020 por la entonces gobernadora Wanda Vázquez.
Machargo, legisladores y la alcaldesa Bonilla, llevan desde la semana pasada activos en los medios de comunicación pidiendo que se corte la luz y el agua a los presuntos invasores de la reserva que sostienen son los perpetradores de los crímenes ambientales.
Al ser enfrentado con los hallazgos de la investigación del CPI, el funcionario cambió su discurso, reconoció que el caso es más complejo y que tiene que esperar a que el bufete de abogados González López & López Adames — que contrató en el 20 enero de 2022 — termine un estudio de título y a que el Departamento de Justicia investigue los permisos de uso.
Según Machargo, aunque existen permisos de uso para lotes que son parte de la reserva, investigará la veracidad de los mismos.
En enero, la alcaldesa de Salinas dijo al CPI que la Oficina Regional de Permisos, que es parte del Consorcio CCVS — compuesto por los municipios de Coamo, Cayey, Villalba y Salinas, según el convenio de transferencia de la Junta de Planificación — no ha endosado o expedido permisos en dicha zona.
Pero al consultar los 19 trámites de permisos disponibles en el Single Business Portal (SBP) — plataforma digital donde se archivan los permisos digitalizados en OGPE — el CPI encontró al menos ocho solicitudes y trámites de permisos para terrenos dentro de la Reserva Estatutaria de Bahía Jobos que aparecen como evaluados por el Consorcio CCVS.
El ingeniero César Rodríguez Quiñones, director de la oficina Regional de Permisos del Consorcio CCVS, aclaró que de esos permisos tramitados solo uno fue aprobado por esta oficina y se trató de una autorización de rectificación de cabida de la reserva que solicitó el DRNA en 2017.
Para la zona, se aprobó un permiso de uso en 2019 que aparece bajo el Consorcio CCVS. Rodríguez Quiñones aclaró que OGPE incluye el nombre del consorcio en ese expediente por tratarse de un permiso tramitado para un municipio que forma parte de la entidad regional. Sin embargo, aseguró que ese permiso de uso, que fue solicitado por Miguel Flores Torres, no fue evaluado ni aprobado por el Consorcio CCVS, sino por un profesional autorizado por OGPE, de nombre Ángel Rodríguez.
Según Rodríguez Quiñones, el resto de los permisos que aparecen el SBP fueron archivados porque los solicitantes no pagaron el costo del trámite ($100) y, en uno de los casos, el proponente no presentó endoso del municipio de Salinas.
La alcaldesa Bonilla dio la misma versión y proveyó la evidencia de que, aunque en el sistema de OGPE aparece un permiso como si hubiese sido concedido por el CCVS, en realidad fue generado a través del sistema por un profesional privado autorizado por OGPE, emite el permiso como si fuese una oficina gubernamental dando fe de que el proyecto y la propiedad están en cumplimiento cabal con la ley. Bonilla refirió este caso, tramitado por un ingeniero identificado en el documento como Ángel Rodríguez, a la Junta de Planificación para auditoría a raíz de la denuncia pública hecha por la representante Mariana Nogales en marzo, dijo. Insistió en que no puede tomar ninguna acción adicional porque la ley no la faculta. Ivelise Prado, ayudante especial y oficial de prensa de la JP, confirmó al CPI que la agencia tiene un referido de auditoría que solicitó la directora de la Oficina de Ordenamiento Territorial de Salinas del Consorcio CCVS el 16 de marzo de 2022 para que se investigue un permiso de uso en la reserva.
Nogales presentó una resolución de investigación en febrero. Ya en el 2018 la Legislatura había iniciado una investigación por el representante Manuel Claudio, quien celebró una vista ocular e hizo recomendaciones al DRNA, pero no hay expediente en el Sistema de Trámite Legislativo porque lo hizo bajo una resolución “zafacón” o genérica que se usa para atender múltiples asuntos de un distrito, explicó el representante Luis “Narmito” Ortiz Lugo, quien además dijo al CPI que la agencia, bajo la dirección de Tania Vázquez, se comprometió a investigar, pero a la fecha él no ha recibido un informe.
Por su parte, el alcalde de Cayey, Rolando Ortiz, quien preside la Junta de Alcaldes que le dio forma al Consorcio CCVS, que evalúa los permisos para los municipios de Cayey, Coamo, Villalba y Salinas, explicó que los alcaldes determinaron que no intervendrán directamente en la evaluación de los permisos que se tramitan para cada municipio. Aclaró que cada municipio puso a disposición tres empleados — un(a) inspector(a), un(a) técnico(a) y un(a) secretario(a) — para el consorcio evaluar, endosar, aprobar o denegar los permisos para los pueblos. Cada municipio evalúa los permisos y la aprobación final recae en Rodríguez Quiñones.
Sin embargo, el municipio asegura que todo este proceso es prácticamente académico en muchos casos a raíz de la Ley 160 de 2009, firmada por el ex gobernador Luis Fortuño, que facultó a profesionales autorizados por OGPE a emitir permisos desde sus oficinas privadas, sin pasar por el proceso de evaluación. La palabra de esos profesionales autorizados es lo único que se necesita para establecer que el proyecto cumple con los requisitos de ley y reglamento, explicó el licenciado Luis Vázquez, asesor de la alcaldesa de Salinas. Nadie los fiscaliza al menos que se someta una querella ante la Junta de Planificación que es la entidad a cargo de auditar este tipo de permisos.
“Los profesionales autorizados son como si fueran una oficina de permisos ellos mismos. Ellos pueden emitir permisos como si fueran una oficina de permisos y no pasa por las manos del municipio. Eso fue lo que sucedió en este caso”, explicó Luis Vázquez al señalar que esta es una limitación para los municipios ya que el sistema ni siquiera les notifica de los permisos emitidos en su jurisdicción.
Machargo aseguró que el daño ambiental en la reserva será detenido y revertido y que él lo logrará. Estimó que costará $4 millones y de cuatro a cinco años devolver el área a su estado natural. Aceptó que no sabe cuándo comenzará este proceso, ni quién lo financiará.
